Etiqueta: Consejo de Defensa del Estado

Ante la renuncia de la consejera María Inés Horvitz, es el Mandatario quien debe nombrar al reemplazante. Y a juicio de los funcionarios, ese nombre debiese salir desde el interior de la institución y no de profesionales externos.

En paralelo al proceso judicial que busca recuperar los $91 millones que Democracia Viva aún no devuelve de los convenios firmados con el Minvu de Antofagasta, el ex militante de RD ha debido enfrentar también el cobro en tribunales de $4.2 millones que le debe a la casa de estudios. La deuda tiene su origen en un pagaré que Andrade firmó en 2021 para financiar parte de sus estudios y del que no ha pagado ninguna cuota, pese a que en 2022 y 2023 tuvo trabajo en tres reparticiones públicas.

En el Minvu cuestionaron el destino que tuvieron dichos fondos, puesto que fue "en desmedro" de los objetivos de los convenios suscritos, lo cual tiene al Consejo de Defensa del Estado revisando cada uno de los fondos utilizados en el programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta. "El porcentaje destinado a esos ítems se determinó alto en comparación a los gastos de inversión en obras”, comentaron desde la cartera encabezada por Carlos Montes.

La ministra vocera de gobierno abordó la solicitud que hicieron desde la oposición –en la reunión del jueves con el Presidente Boric- para que el Ejecutivo se querelle en los presuntos casos de corrupción que complican al oficialismo, a raíz de los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones públicas.

Las acciones se realizaron a través de una organización criminal denominada “Columbia”, la cual funcionaba a través de tres subagrupaciones. El fraude está cercano a los 2 mil millones de pesos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 16 de abril, cuando un grupo de cinco sujetos sorprendidos por Carabineros cuando vandalizaban el inmueble, que es patrimonio cultural y cuyo frontis había sido refaccionado hace algunos días, siendo parte del proyecto de recuperación de fachadas en el eje Alameda-Providencia.

Desde la semana pasada el exministro de Defensa comenzó a integrar la instancia que es la encargada de estudiar los casos criminales en que interviene el Fisco y que principalmente tiene que ver con casos de corrupción en que están involucrados funcionarios públicos y autoridades políticas. Por tales motivos, como lo hizo en el pasado cuando decidió no participar de la discusión sobre la querella contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba -desde su entorno- explican que será especialmente cuidadoso al momento de ver algún conflicto con sus nuevas tareas en la institución.

El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.

El episodio ocurrido una noche de abril del año pasado en la casa de Raúl Letelier, quien fue nombrado ayer por Gabriel Boric como presidente del Consejo de Defensa del Estado, quedó registrado en el libro que hizo el exconstituyente Jorge Baradit. El abogado y consejero no fue ajeno al proceso constitucional, ya que desde hace años venía participando en iniciativas para cambiar la Carta Magna.

El organismo que representa al Fisco solicitó al Tribunal Constitucional declarar inadmisible el requerimiento presentado por el exsenador UDI Pablo Longueira, quien busca no asistir a tribunales todos los días que dure el juicio oral por dicho caso que se prevé sería de casi dos años. El CDE sostiene que si se declara inconstitucional el obligarlo a estar presente en todas las jornadas que incluso involucran a otros imputados como Marco Enríquez-Ominami, se afectaría el derecho de la fiscalía de llevar el proceso judicial como estimen conveniente y advierten que incluso la petición afecta el propio derecho a defensa del otrora ministro. Junto con esto explican que el hilo conductor de todo el caso es justamente el exgerente general de la minera no metálica que era el nexo con los políticos.

El Consejo de Defensa del Estado descartó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago las imputaciones que realizó la exministra de Justicia por presuntas presiones indebidas para forzar su renuncia. En el texto de la entidad fiscal señalan que su salida fue "libre y voluntaria" y que, además, "la demanda se construye sobre la dañada autoestima de la demandante". La abogada de la exconsejera replicó: "La contestación del CDE es formal y desconoce la forma en que los hechos realmente ocurrieron. El hostigamiento y la presión existieron y fue causa directa de su renuncia".

De forma unánime, el pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exjefe comunal, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por reparación por daño ambiental en contra de Nova Austral S.A., debido a la afectación al Parque Nacional Alberto de Agostini, el que se encuentra en los fiordos del sur en la Región de Magallanes. Lo anterior, como consecuencia de la sobreproducción desde sus centros y el vertimiento de agentes contaminantes en el fondo marino sin autorización.

En el encuentro, se repasaron las medidas a seguir, dentro de las cuales se contempla: hacer exigibles las boletas de garantía, realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora, y un seguimiento exhaustivo de la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores de la empresa.

Según la información aportada por el consejo, el funcionario emitió 3.120 licencias médicas a beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Sólo en 23 días de febrero entregó 1.095 permisos, con un promedio de 47 por día. "A todas luces resulta un tiempo insuficiente para la realización de una correcta revisión y diagnóstico (de los pacientes)”, se señala en la querella.