La bancada republicana, mediante una declaración pública, emplazó a la ex jefa de la cartera de Salud, Ximena Aguilera, en el marco de la confirmación en Contraloría General de la República de que un asesor de la entonces ministra intervino en la rápida atención de su madre.

Los hechos se remontan al pasado 23 de diciembre cuando Lucía Sanhueza, la madre de Aguilera, fue operada a diez horas desde su ingreso a la urgencia, por una fractura de cadera.

Cuestionada por la cirugía “exprés” de su progenitora, la ex ministra aún en ejercicio descartó que su mamá haya recibido algún tipo de privilegio. La celeridad en la atención a la madre de la entonces secretaria de Estado causó polémica incluso dentro del oficialismo.

Este miércoles, se dio a conocer que Contraloría instruyó un sumario administrativo luego de confirmar que el jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera De Ferrari contactó a altas autoridades del hospital, para informar de manera anticipada la llegada de Sanhueza.

Es en este contexto que el documento republicano, de dos carillas, inicia con alusiones a las miles de personas que esperan atenciones en el Sistema Público de Salud. “Cuando alguien se adelanta, otro queda atrás”, sostienen los parlamentarios.

Afirman que, de confirmarse los hechos que involucran a la otrora jefa de Salud, con la atención preferente a su madre en el Hospital del Salvador, “estaríamos frente a una conducta gravísima”.

La declaración también cuestiona si esta es una situación aislada o una práctica indetectada, argumentando que, si los contactos pesan más que la necesidad, el sistema de protección social pasa a ser un espacio de privilegios.

“Esto es inaceptable y no puede ser normalizado bajo ninguna circunstancia”, dicen. Es por esto que, además de llamar a investigar los hechos con total transparencia, sostienen que “no basta con aclarar este caso en particular”.

En la declaración hacen hincapié en evaluar si existen otras situaciones similares y si es que los mecanismos de control actuales son suficientes para evitar escenarios de abusos.

Exigen auditorías clínicas y administrativas en los servicios y recintos involucrados “con el objeto de revisar eventuales irregularidades en la gestión de las listas de espera y garantizar que no existan intervenciones indebidas en los procesos de atención”.

Además, requirieron antecedentes en poder de la Contraloría y “de las instituciones competentes” para evaluar acciones “para perseguir todas las responsabilidades” Asimismo, solicitan un pronunciamiento público de la ex ministra para aclarar los hechos.