Con la presencia del ministro de Justicia Fernando Rabat, la Comisión de Constitución del Senado rechazó en general el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.780 que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

Esta sería una de las primeras derrotas legislativas para el secretario de Estado tras la crisis por la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de menores de edad.

La propuesta del Ejecutivo busca realizar tres modificaciones a la implementación de esta ley, aprobada en noviembre de 2025.

En particular, el proyecto espera que se traspase el programa de atención de víctimas directamente al nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, sin un paso previo por la Subsecretaria de Justicia.

Una segunda modificación busca establecer que la constitución de cada dirección regional del nuevo servicio se constituya solo con un mes de anticipación a su entrada en operación y no seis como se establece actualmente.

Por último, también se espera realizar una modificación en su período de implementación. Según detalló el ministro Rabat durante la sesión, sería de la siguiente manera: “Comenzaría el servicio a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2028 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso, y el 1 de enero del año 2029 para las regiones Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Es decir, se estaría suprimiendo el numeral tercero de la respectiva norma transitoria”.

“Nos parece que de esta manera nos permite diseñar correctamente la entrada en vigencia del servicio, y si bien se pospone por 6 meses en la Macrozona Norte nos permite adelantar para todo el resto del país en aproximadamente un año la entrada en vigencia del servicio”, añadió al respecto.

Sin embargo, este último punto fue criticado por la oposición, lo que decantó que finalmente determinaran a votar en contra de la iniciativa.

“Yo lamentablemente voy a votar en contra de la postergación que se hace. Uno de los temas fundamentales, aparte de todos los que ya he expresado en la discusión, es que la ley está promulgada. Decía que 12 meses posterior, vale decir el 13 de noviembre de 2026, tenía que estar dictado el reglamento del artículo 17″, comenzó señalando la senadora Claudia Pascual (PC).

Que añadió: “Si este proyecto de ley hubiera llegado diciendo, mira, retiramos el reglamento, lo hicimos nuevamente, está ingresado en Contraloría, no alcanzamos a llegar con los tiempos y la postergación no es de 12 meses, sino que es de un par de meses, otra situación sería, pero acá no está ni siquiera reingresado el reglamento”.

Por su parte, Vlado Mirosevic (PL) argumentó su postura contraria señalando que tiene “la esperanza que el gobierno pueda modificar en indicaciones en la sala o aquí en la comisión (...) Creo que es posible hacer un trabajo adicional respecto de los plazos”.

Así las cosas, la iniciativa resultó rechazada por tres votos en contra (Mirosevic, Vodanovic y Pascual) y dos a favor (Longton y Squella).

Con ello, el proyecto volverá a la Sala del Senado con informe negativo por parte de la Comisión de Constitución.