“Tenemos votos de independientes de izquierda (...). Tenemos votos más que necesarios”, dijo este lunes, en Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea, frente a la presentación de una acusación constitucional contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio).

El libelo de cuatro capítulos, cuya base fue redactada por los libertarios, finalmente contó con firmas de RN, del PDG, de los republicanos y de un independiente ex PSC. La UDI, por su parte, acordó no prestar firmas, pero sus legisladores se comprometieron a apoyar el escrito.

La puesta en escena trató de dar cuenta de ello, con señales de unidad y de confianza, en vista de que paulatinamente el oficialismo se ha ido alineando detrás de la acusación. Además, se han ido sumando apoyos de legisladores de oposición, por ejemplo, los PDG, Patricio Briones y Javier Olivares (que firmaron la presentación), y el independiente René Alinco.

Con ellos, hipotéticamente, ya habría una mayoría de 79 votos. El desenlace, sin embargo, aún está por verse, ya que puede haber desmarques en la derecha.

Confianza

Al menos la ofensiva generó expectación. De hecho, cuando se presentó el texto este lunes, la oficina de partes de la Cámara no daba abasto con la gran cantidad de funcionarios, asesores y periodistas, además varios legisladores -no todos patrocinantes del libelo- que se congregaron en el lugar para presenciar el ritual de firmas ante la secretaria Francisca García, quien ofició como ministra de fe.

Era tal la confianza detrás de esta arremetida, que el mismo diputado Urruticoechea aseguró que ya contaban con los votos en la Cámara, por lo que emplazó directamente al Senado, que se constituiría en jurado, si es que el libelo es aprobado por los diputados. “Esto en la Cámara Baja va a avanzar, y el llamado es a la Cámara Alta... Queremos que la Cámara Alta entienda que es necesario que alguien que maquilló cifras, mintió, vulneró números, no puede estar en el servicio público al menos por 5 años”, dijo.

El jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, en tanto -a pesar de la cautela expresada por el presidente de su colectividad, el senador Arturo Squella, el domingo pasado-, justificó con duras palabras esta ofensiva en contra del exministro de Hacienda. “Quien las hace, las paga. Y para el futuro del país es importante, que cuando hay errores, y más que errores, son asimilables a horrores financieros, estos no pueden quedar impunes”, dijo.

Inmediatamente el ambiente quedó exaltado en el Congreso y las bancadas de oposición reaccionaron con críticas al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien apuntaron como el verdadero responsable de la crisis económica que viven las familias.

Anticipándose a un escenario así, en las horas previas, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado (UDI), si bien reiteró que el gobierno respetaba las atribuciones y los tiempos de los parlamentarios para iniciar acciones fiscalizadoras, también expresó su deseo de que esta presentación no escale.

Consultado sobre si esto podría abrir una “temporada” de ofensivas constitucionales, dijo que “yo espero que no, que la política se defina con otras formas, con un buen debate. Y, si caemos en una espiral de acusaciones, yo creo que lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política; cuando hay fundamentos, hay que hacerlo”.

Este tema no era fácil para el Ejecutivo, ya que inevitablemente un texto de esta naturaleza podría contaminar las conversaciones que están desarrollando para sacar el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

No obstante, según fuentes parlamentarias, La Moneda finalmente habría dado luz verde para que el libelo se presentara, con la única exigencia de que oficialismo actuara unido, toda vez que la arremetida ya estaba anunciada y difícilmente podía ser revertida.

“El Parlamento tiene, dentro de las facultades de la Cámara de Diputados, la posibilidad de plantear interpelaciones, de plantear acusaciones, y es legítimo que el Parlamento lo haga. Yo fui parlamentario, me tocó participar en algunas... Un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho”, dijo por su parte el Presidente José Antonio Kast.

Ante las preguntas de si ello afecta el diálogo por la megarreforma, señaló que “yo iría por cuerdas separadas, porque lo que estamos planteando es una reforma estructural a un tema tributario, a un tema de inversiones, a un tema de regulaciones, que no creo que deba ser la moneda de cambio, porque si yo le dijera ‘le cambio la acusación por los votos a este proyecto’, creo que no correspondería”.

Tensiones en la derecha

El proceso para llegar a presentar el escrito contra Grau estuvo marcado por roces en la derecha.

Desde un inicio, esta ofensiva incomodó a la UDI, RN y Evópoli, principalmente porque no fue coordinada.

En Chile Vamos molestó que el Partido Republicano anunciara la acusación sin antes consultar con ellos si había disponibilidad para respaldarla. Pese a eso, la UDI terminó por cuadrarse. Eso sí, la bancada de diputados de este partido resolvió que ninguno de ellos firmaría el escrito.

En la antesala de la presentación, quedaron expuestas las diferencias al interior de la bancada de RN-Evópoli, que hoy está dividida. Si bien dos diputados de ese comité, Daniel Valenzuela y Francisco Orrego, firmaron el texto, también hay otros que públicamente han declarado su reticencia, como Jorge Guzmán (Evópoli), Tomás Kast (Evópoli), Ximena Ossandón (RN) y Joanna Pérez (Indep. ex Demócratas).

“Es un hecho público y notorio que en RN en esta materia hay opiniones distintas. Vamos a citar una sesión del comité (este martes), de acuerdo a la aplicación del reglamento de la bancada. Ahí vamos a someter a votación la posición de RN. Eso es lo correcto cuando uno tiene matices dentro de un equipo”, dijo el jefe de bancada, Diego Schalper (RN).

La redacción del libelo también generó rencillas. Si bien el texto base fue elaborado por los libertarios, los republicanos hicieron varias correcciones que retrasaron la presentación.

El texto

La acusación tiene como reproche central el error en la estimación de la deuda pública. “Las infracciones que se imputan en esta acusación no dicen relación con errores aislados ni con meras diferencias de criterio respecto de determinadas decisiones de política económica. Lo que se somete al conocimiento de esta Honorable Cámara es el incumplimiento de deberes constitucionales y legales directamente vinculados a la conducción superior de las finanzas públicas de la República”, dice el escrito.

El libelo establece cuatro imputaciones (cada una un capítulo) de infracciones legales y constitucionales, en las que habría incurrido Grau, relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

Además, enumera como faltas: la mencionada inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del gobierno central; la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026; la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes; el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025; y la omisión de las advertencias técnicas previas del Fondo Monetario Internacional sobre la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.

El primer capítulo detalla una infracción al artículo 8° de la Constitución en los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, en el marco del Decreto N° 542 de 2025 del Ministerio de Hacienda y de la Ley N° 21.683 de responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado.

El capítulo segundo señala una infracción al artículo 3° del Decreto Ley N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado.

El capítulo tercero apunta a una infracción al artículo 4° del Decreto Ley N° 1.263, por vulneración del principio de universalidad presupuestaria. En ese punto se mencionan omisiones a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.

El capítulo cuarto reprocha una infracción al artículo 5° del Decreto Ley N° 1.263, por vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

Votos en suspenso

Además, del alineamiento paulatino de las fuerzas de derecha y del respaldo de algunos descolgados del PDG (Patricio Briones y Javier Olivares) y del diputado René Alinco (independiente), hay otros votos en suspenso en el mismo bloque opositor. Se trata de legisladores independientes, como Felipe Camaño (Ind. DC), Carlos Bianchi (Ind. asociado al grupo PPD), Sebastián Videla (Ind. liberal) y Cristián Contreras (PDG suspendido) que prefieren conocer los antecedentes ante de pronunciarse a favor o en contra

“Aún estoy en reflexión”, comentó, por ejemplo, el diputado Camaño (Ind. DC), quien en marzo de este año fue uno de los dos legisladores opositores (junto al FREVS, Jaime Mulet), que pactó con la derecha para apoyar la elección del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI). En compensación, Camaño fue elegido primer vicepresidente de la corporación.

“(La acusación) la revisaré en detalle y tomaré una decisión responsable”, advirtió por su parte el diputado Videla (Ind. liberal).

Las dudas de ciertos parlamentarios solo nublan las chances de Grau, ya que si la derecha actúa unida (76 diputados), bastarían solo los votos de Alinco (Ind.), Briones (PDG) y Olivares (PDG) para alcanzar la mayoría de la Cámara.