A sus cortos 16 años, la vida de “Daisy” en su natal Maracaibo se había convertido en un calvario. La policía y los servicios sociales venezolanos debieron intervenir a fines del año pasado, luego de que vecinos denunciaran a la madre y al padrastro de la niña por obligarla a prostituirse.

Sin otras redes familiares en Venezuela, tras la detención y encarcelamiento de su madre y padrastro, Daisy -la joven venezolana-chilena cuyo verdadero nombre mantendremos en reserva- fue enviada a un centro de menores dependiente del Instituto Autónomo del Consejo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Idenna). Desde allí, ella pidió que contactaran a su padre biológico, un ciudadano chileno que había retornado a Santiago muchos años atrás.

Aunque el padre viajó de inmediato a Venezuela -vía Colombia- con la intención de traerla a Chile, su periplo se convertiría en una odisea. Más de tres meses estuvieron ambos varados en Venezuela sin poder salir del país.

Con los consulados y la embajada chilena cerrados desde el 29 de julio de 2024, tras la orden de expulsión decretada por el régimen de Maduro de todo el personal diplomático chileno, en represalia a la decisión del gobierno de Chile de no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas realizadas el día anterior -cuyas actas finales aún se desconocen-, padre e hija se vieron de pronto solos, enfrentados al drama de no poder viajar a Chile.

“El padre no tenía cómo obtener un certificado de nacimiento válido en Venezuela que acreditara que era el progenitor de la niña, ni apostillar los documentos indispensables para poder llevarse a una menor de edad al extranjero”, señalan fuentes de la Cancillería venezolana que intervinieron para dar una solución a un caso humanitario extremo.

Sólo gracias a la ayuda de personeros del gabinete del canciller venezolano, Yván Gil, que conocieron de la situación, se pudo tramitar un poder notarial en Caracas que estableciera la existencia de un vínculo filial y se emitió un salvoconducto para que ambos viajaran a Chile.

Un gesto excepcional y único de parte de las autoridades venezolanas en medio del endurecimiento del bloqueo que impusieron al trabajo de asistencia consular que la Cancillería chilena está obligada a prestar a los cerca de 23 mil chilenos radicados en Venezuela, según cifras del último catastro de comunidades chilenas en el exterior de la Cancillería chilena (Dicoex).

A diferencia de lo que han hecho con otros países latinoamericanos, cuyos diplomáticos también fueron expulsados del territorio venezolano el año pasado, Venezuela exigió a Chile “el cese total y absoluto” de toda actividad consular en territorio venezolano. Incluso, las labores mínimas que podían realizar funcionarios locales.

No sólo eso. En los últimos meses el gobierno de Maduro ha enviado señales a Chile de que tampoco autorizará que un tercer país asuma la representación consular de los intereses de los chilenos que se encuentran en territorio venezolano. Algo que sí han podido ejercer otros países de la región y que Chile había estado evaluado.

“Cualquier conversación quedará para más adelante, cuando haya otro gobierno en Chile”, señalan fuentes ligadas al régimen venezolano, las que admiten, además, la especial inquina que tiene Maduro con el mandatario frenteamplista chileno debido al rol que ha buscado desempeñar frente a la crisis política y social en Venezuela.

Cierre total

Desde el 1 de agosto pasado, cuando en un vuelo comercial procedente de Caracas llegaron a Santiago los primeros 20 funcionarios diplomáticos chilenos destinados en Venezuela, el ministerio que encabeza el canciller Alberto van Klaveren tomó dos cursos de acción para tratar de mantener la asistencia consular a los chilenos que se encuentran en Venezuela.

Uno fue reforzar la capacidad de realizar trámites consulares vía online. Pero, además, se designó a dos funcionarias locales -una de ella con nacionalidad venezolana- que trabajan desde hace varios años en los consulados de Chile en Caracas y en Puerto Ordaz, como “apoderadas” con el rango de cónsul.

Tal designación, si bien les permitía realizar algunos trámites simples, en ningún caso les otorgaba facultades para firmar visas ni mucho menos actuar como representantes plenipotenciarias del Estado de Chile.

Por casi cuatro meses, los funcionarios locales iban ciertos días de la semana a las oficinas de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz a limpiar y a realizar mantenimiento de las dependencias, mientras que, de manera sigilosa, recibían solicitudes de algunos chilenos que necesitaban ayuda con trámites consulares que sólo podían hacerse de manera presencial.

Así funcionaron las cosas hasta principios de enero pasado, cuando el gobierno de Maduro dio un nuevo golpe de represalia a Chile.

En Caracas, fuentes ligadas al régimen venezolano afirman a La Tercera que fue un descuido de la Cancillería chilena el que los alertó del trabajo consular que seguían haciendo los funcionarios locales contratados por la embajada chilena, pese al retiro forzoso del embajador y de todo el personal diplomático chileno.

Por entonces, en Chile, sectores de oposición al gobierno exigían al canciller Van Klaveren que explicara las razones por las cuales se mantenía en Santiago a Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela, con un sueldo cercano a los 20 millones de pesos, pese a que las relaciones bilaterales entre ambos estados estaban “suspendidas” desde fines de julio, fecha en la que el exsenador socialista había sido expulsado de Venezuela junto al resto del personal diplomático.

“El embajador Gazmuri continúa trabajando y coordinando a los funcionarios consulares que están representando a nuestro país en Venezuela, asegurando la atención a nuestros connacionales que se encuentran allá”, indicó un comunicado de la Cancillería destinado a justificar la continuidad del pago del millonario sueldo al dirigente socialista.

De inmediato las autoridades venezolanas iniciaron una investigación y comprobaron que, efectivamente, había funcionarios realizando tareas consulares en las misiones de Chile en Caracas y Puerto Ordaz. Incluso, detectaron que se estaba cobrando en Venezuela el costo habitual de algunos trámites, como autorizaciones de visa, pese a que dichos funcionarios no estaban facultados para ello.

La reacción del gobierno de Maduro fue tajante. Mediante una nota de protesta, exigieron “el cese inmediato de toda actividad consular en territorio venezolano”.

A partir de ese momento, al gobierno chileno no le quedó otra que reconocer una realidad innegable. Más que “suspender”, el gobierno venezolano había roto unilateralmente las relaciones con Chile.

Algo que no hizo Caracas con otros países de la región, que también pusieron en duda el triunfo de Maduro en la elección presidencial del 28 de julio pasado, exigían transparentar las actas de la jornada electoral, o que incluso habían reconocido al candidato opositor, Edmundo González, como virtual ganador.

Pese a que Maduro también ordenó la expulsión de los funcionarios diplomáticos de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El trato con todos ellos no fue homogéneo. Tampoco se acercaba al nivel de sanciones que ha aplicado a Chile.

Ecuador, por ejemplo, suscribió un acuerdo con el gobierno de Suiza para que los diplomáticos de ese país presentes en Caracas se hagan cargo de la protección física de su embajada y consulado y, además, puedan asumir la representación consular de los ecuatorianos en Venezuela. Algo que está establecido y regulado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares vigente desde 1967.

Así, una vez a la semana, funcionarios suizos se hacen presentes en el consulado ecuatoriano en Caracas y atienden público, realizando los trámites que solicitan ecuatorianos como si se tratara de sus propios connacionales.

Maduro tampoco obligó al cierre total del consulado peruano. Con cerca de 100 mil peruanos radicados en Venezuela y un millón y medio de venezolanos en territorio peruano, optó por una salida más pragmática, la misma que negó a Chile.

Venezuela aceptó que Brasil asumiera la protección física de la embajada y consulado peruano. Pero, además, ha dejado que el personal local del consulado peruano en Caracas siga trabajando. Los trámites de visa y otros que requieren la firma del cónsul debieron trasladarse a los consulados peruanos en Bogotá y Ciudad de Panamá, pero todos los demás se pueden seguir haciendo normalmente en Caracas. Cerca de 500 trámites consulares al mes siguen realizando las autoridades peruanas procedentes de Venezuela.

A Chile, en cambio, se le niega la sal y el agua, sostienen diplomáticos chilenos.

Tras la exigencia de Maduro de poner fin al trabajo de las dos funcionarias locales chilenas, desde febrero pasado todos los trámites presenciales debieron ser trasladados al consulado de Chile en Bogotá. Un viaje que no todos los chilenos radicados en Venezuela están en condiciones de realizar, ya sea por edad o por falta de recursos económicos.

“La situación no es crítica, porque el volumen de afectación ha sido acotado y, hasta ahora, manejable. Pero, sin duda, sigue siendo compleja”, señalan fuentes de la Cancillería chilena.

Por lejos, el mayor problema ha sido la afectación social que están sufriendo chilenos residentes en Venezuela que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.

Y entre los servicios más habituales y que más se han visto afectados, por lejos, están las llamadas “inscripciones consulares de actos civiles”, muchas de las cuales requieren la intervención del Registro Civil, como por ejemplo la captura y entrega de documentos de identidad de viaje, que requieren el registro de huellas dactilares, el uso de máquinas de captura de documentos que se encuentran solo en los consulados y, por ende, sólo pueden hacerse de manera presencial en Bogotá.

Asimismo, se ha privilegiado el uso de vías remotas para facilitar la obtención de los certificados de sobrevivencia que se requieren para el cobro de pensiones que paga el ISP. Aun cuando están conscientes de que hay adultos mayores y personas en dificultades económicas que necesitan algún tipo de asistencia para poder hacer esos trámites.

Pero los problemas para los chilenos residentes en Venezuela suman y siguen. El 29 de junio próximo, las 1.053 personas -489 mujeres y 564 hombres- inscritas en el registro electoral de las circunscripciones de Caracas y Puerto Ordaz y que estén habilitadas para votar en las elecciones primarias del oficialismo, no podrán ejercer su derecho a voto en Venezuela. Si quieren participar tendrán que viajar ese día a Bogotá.

Venezuela ocupa el lugar número 12 en el ranking de chilenos inscritos para votar en el extranjero, derecho que tampoco podrán ejercer para la elección presidencial y parlamentaria de noviembre próximo, a menos que se trasladen a Bogotá para hacerlo.

En la Cancillería chilena no han descartado abrir un nuevo consulado en Colombia, más cerca de la frontera con Venezuela, precisamente para facilitar el acceso de los chilenos radicados allá. Esta última medida, aún en evaluación, ha tomado más fuerza mientras que a 10 meses de la expulsión de los diplomáticos chilenos de Venezuela, la Cancillería chilena aún no logra cerrar un acuerdo con un tercer país para que represente al nuestro.

Al momento de irse de Caracas, el exembajador Gazmuri planteó la idea de que Chile le pidiera a Colombia asumir esa tarea. También se evaluó en Cancillería pedirle a Brasil -que tomó la protección de las embajadas de Argentina y Perú en Caracas- e, incluso, se miró a Bolivia.

Sin embargo, se optó por no involucrar a un país de la región, para no poner a un vecino en una situación delicada con el régimen de Maduro. La única opción estaba en un país de Europa central que ha mantenido sus relaciones diplomáticas normales con Venezuela.

“Lo que confiamos es poder establecer algún tipo de relación en el ámbito consular a través de un tercer país. No puedo señalar cuál, pero hay conversaciones en curso. Esperamos tener noticias pronto, pero depende también de las conversaciones entre ese tercer país y la autoridad venezolana en el ámbito consular”, señaló el canciller Van Klaveren al diario español El País el 24 de abril pasado, al término de la visita de Estado del Presidente Gabriel Boric a Brasil.

Pero desde entonces no se han registrado avances. Por el contrario, las señales desde Venezuela es que no aceptarán que otro país asuma la representación de Chile.

Hace un mes y medio, casi al término de una exposición del canciller ante el Consejo de Relaciones Exteriores, que se realizó en uno de los salones del Hotel Ritz, el exsubsecretario de RR.EE. en el gobierno de Lagos, Cristián Barros, preguntó directamente a Van Klaveren sobre las acciones que estaba desplegando la Cancillería para cumplir con su obligación de proteger los intereses de los chilenos en Venezuela.

“Estamos muy preocupados, muy preocupados”, fue la respuesta del canciller.