Este martes, desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reforzó que el gobierno inició un proceso para revisar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social de 2019.

El anuncio se dio después de que se diera a conocer que una de las personas que recibía el beneficio, Benjamín Huerta Escobar, fue detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle, lo que desató las críticas en la derecha y reforzó la ofensiva del sector para que se revisen todos los casos.

“Ya no es beneficiario de pensiones de gracia”, aclaró Pavez, consultado por el caso, y agregó que “sin perjuicio de eso, quiero comentar que el gobierno del Presidente José Antonio Kast está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019. Por lo tanto, circunstancias como esta, nosotros queremos que sean investigadas y a través de nuestro organismo, nuestro departamento de acción social, estamos trabajando en una revisión completa”.

En esa línea, añadió que la medida “es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República y es algo que nosotros desde el día uno estamos haciendo, estamos en revisión y cuando haya novedades las vamos a comunicar concretamente”.

El proceso, en todo caso, en La Moneda recalcan que no es nuevo. Si bien es la primera vez que se anuncia la revisión, explican que esta ha sido parte de la auditoría que se encuentra en desarrollo para detectar el mal uso de recursos, uno de los temas que marcó el arribo de Kast a La Moneda.

Al respecto, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que “hay procedimientos administrativos (para revocar el beneficio) (...). Indudablemente que hay personas que en algún minuto alguna autoridad consideró que eran merecedores de esa pensión y posteriormente otra autoridad puede considerar que esos méritos se acabaron, se terminaron y se procede en consecuencia al acto administrativo”.

“Los recursos de todos los chilenos para una gracia presidencial no pueden estar disponibles para personas que están cometiendo delitos”, recalcó.

En el oficialismo no tardaron en celebrar la medida. El tema -reconocen- llevaba varios meses preocupando y se trataba de una de las materias más sentidas por partidos como republicanos y libertarios.

En Chile Vamos, y particularmente la UDI, en tanto, también subieron la presión por avances concretos en el tema. De hecho, este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), en conjunto con la bancada de su partido, asistieron a La Moneda para reunirse con Alvarado para solicitar la revisión de esos beneficios. Lo propio habían hecho hace unos días con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La semana pasada, en tanto, desde esa bancada también levantaron un proyecto de resolución en el que se solicitaba directamente a Kast revocar esas pensiones de gracias, ya sea en caso de antecedentes penales o incumplimiento de las condiciones para recibirla. La iniciativa fue aprobada por 86 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones.

En ese contexto, durante la tarde de este martes desde la bancada emitieron un comunicado aplaudiendo la decisión de La Moneda.

“La auditoría que iniciará el gobierno responde a un criterio básico de justicia y de responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Estamos hablando de más de $ 7 mil millones gastados hasta enero de este año, de los cuales una parte importante terminó en manos de supuestos beneficiarios que ni siquiera presentaron todos los antecedentes al momento de postular o, peor aún, de personas que tenían antecedentes penales, algunas de las cuales incluso reincidieron después de cumplir su condena”, se lee en el comunicado.

En republicanos también estaban presionando por el tema. De hecho, durante esta jornada los diputados Javiera Rodríguez y Sebastián Zamora sostuvieron un encuentro con Pavez para avanzar con las revisiones, que -según advierten en la colectividad- podrían alcanzar más de 20 casos.