Una año antes del estallido social, en 2018, la policía registró 3.492 lesionados. Desde entonces, la cifra se multiplicó y nunca se volvió a los indicadores de ese año, superando los 6.200 casos en 2020, por ejemplo, en plena pandemia. Expertos coinciden que este fenómeno se da por señales políticas equívocas y deslegitimación tras el 18-O.

Toda la Corte de Apelaciones de Santiago está querellada por presunta prevaricación luego que el titular del Séptimo Juzgado de Garantía fuera sumariado por dejar en libertad de oficio a 44 imputados que estaban en prisión preventiva por desórdenes públicos tras el estallido social. Esto generó una querella y abrió una causa penal. En medio de esa indagatoria, el abogado Octavio Sufán, de la Defensoría Penal Pública, instaló la sospecha respecto con quién se comunicó el día de la polémica resolución. Desde el entorno del magistrado aseguran que tras declarar fue él mismo quien autorizó a que el Ministerio Público revise su teléfono, lo que no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los ministros del tribunal de alzada capitalino.

En Bogotá, Medellín y Popayán, encapuchados lanzaron piedras, bombas molotov y fuegos artificiales a miembros del escuadrón antidisturbios de la policía, implicado en varios casos de atropello de los DD.HH. durante las manifestaciones que sacudieron al país entre abril y junio de 2021. Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques del año pasado, entre ellos 44 civiles y dos policías.

Durante la tarde de ayer jueves los jefes policiales de Carabineros se reunieron para analizar los escenarios posibles para esta jornada de viernes. Lo que se ha advertido entre uniformados es la alta participación de menores de edad en las últimas jornadas de protestas, a quienes sindican como secundarios que se adhirieron a grupos más radicales que protagonizan desórdenes y que han encendido las alarmas de las autoridades en los últimos días.

El tribunal de alzada de Santiago acogió la recusación presentada por el defensor Samuel Donoso, quien acusó al magistrado de no abstenerse de emitir un pronunciamiento de una causa que involucra al ex Mandatario. El magistrado descarta que haya efectuado un dictamen previo, pero no lo logró acreditar ante sus superiores quienes lo marginaron de conocer o adoptar decisiones de una causa caratulada como "torturas".

A más de un mes de esa instalación, gran parte del equipo de abogados cambió: la salida que más llamó la atención entre los funcionarios del Ministerio del Interior fue la de Carlos Flores, abogado que se desempeñaba en la cartera desde 2004, lo que significó buscar otros nombres para llenar los cupos vacantes, en su mayoría profesionales jóvenes. En La Araucanía también hubo movimientos de funcionarios.

Bustos quien es considerado uno de los “presos del estallido”, se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2020. Tras la sentencia, el fiscal José Morales señaló que "se trataba de un delito grave que afectó el transporte público de la Región Metropolitana durante prácticamente ocho meses, en que las más de 100 mil personas que ocupaban el Metro se vieron privados de ese servicio”.

El Juzgado de Garantía de Talagante decretó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, quien fue violentamente agredido y sometido a humillaciones por parte de los imputados en una dependencia policial, en el marco del estallido social.

Cuatro meses de investigación bastaron para que el fiscal José Morales diera con el paradero de Daniel Bustos Trabol. El día de su detención, y casi sin querer, confesó haber lanzado el objeto que inició un incontrolable siniestro que interrumpió durante varias semanas el servicio, afectando a 70 mil personas que día a día ocupaban el tren subterráneo para trasladarse a sus trabajos y que eran -sin ir más lejos- sus propios vecinos.

Mientras, en el Senado no hay certeza de que se cuenten con los votos necesarios para que el proyecto avance, el ministro asegura "que todas las senadoras y senadores de lo que denominamos oficialismo, están de acuerdo. No hay nadie que me haya dicho que vaya votar en contra".

En estas primeras semanas frente a la cartera, la nueva ministra de Bienes Nacionales ha establecido los principales lineamientos de su gestión: abordar las demandas de los pueblos originarios, facilitar la cesión de sitios militares y destinarlos a la construcción de viviendas sociales y promover memoriales en sitios emblemáticos del estallido social.

Los senadores socialistas cuestionaron que no se les informara de la determinación y que el ministro de la Segpres no buscara alternativas para que el proyecto fuese aprobado en la Cámara Alta, donde no hay consenso sobre la iniciativa y podría no llegar a puerto. El secretario de Estado aseguró que el tema fue planteado en un almuerzo el lunes donde estaba el PS y dijo que prepara también encuentros con otras colectividades.

La solicitud fue realizada por uno de los querellantes ya que los tres formalizados ya no son funcionarios policiales, por lo que pueden ser trasladados a Santiago 1, según determinó el Juzgado de Garantía de San Bernardo.