Hasta el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en Arica, llegó este domingo el Presidente José Antonio Kast para dar cuenta de los avances del gobierno en las obras del Plan Escudo Fronterizo para combatir la migración irregular.

Esto, a solo dos días de que se cumpla el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para aumentar 30 kilómetros de zanja entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta durante la primera etapa del Plan Escudo Fronterizo, es decir, el martes 09 de junio.

Según lo proyectado por el Ejecutivo durante su primera visita -el pasado 16 de marzo-, el sistema completo de zanjas y obstáculos debería alcanzar 500 kilómetros entre distintos sectores de la frontera norte.

En Arica, la zona específica que visitó Kast en marzo- para esa fecha existían cerca de tres kilómetros de zanja. Hoy, según dio a conocer el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, en Arica durante la primera etapa “se terminó el paso de Chacalluta con trabajo conjunto de parte del Ejército y también de parte del Ministerio de Obras Públicas, con más de 10 kilómetros la intervención”.

En tanto, en Colchane, Región de Tarapacá, “también hay un paso inhabilitado que superó los 10 kilómetros con participación del Ejército y del MOP”.

Y, por último, en Antofagasta, “ha habido intervenciones muy puntuales abordando pasos fronterizos inhabilitados (...) que presentan el mismo tipo de intervención” de las primeras dos regiones.

“En total estamos sumando todas las intervenciones, nos acercamos aproximadamente a los 30 kilómetros de intervención de pasos fronterizos inhabilitados”, aseguró el biministro.

A eso, también “hay que sumar 3,5 kilómetros que fueron construidos inicialmente en el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que nosotros como gobierno logramos recuperar y volver a poner en un estándar actualizado”.

Los proyectos de ley

La gira del Presidente también contempló la firma de dos proyectos de ley para avanzar en la materia. Durante su visita a la zanja confirmó, tal como lo adelantó La Tercera, que durante su séptima edición de “Presidente Presente” firmaría las iniciativas.

En concreto, el primer proyecto que el Ejecutivo ingresará al Congreso consiste en aumentar el plazo de retención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días”, recalcó el jefe de Estado.

Es por ello que el Presidente precisó que la iniciativa busca aumentar de 5 a 60 los días para poder concretar la expulsión y “eventualmente se pueda prorrogar ese plazo”.

En esa línea, apuntó que “son más herramientas que podría tener el Estado para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que cae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”.

La iniciativa, que contempla una reforma constitucional, modifica el artículo 19 N°7 de la Constitución para establecer que “la ley deberá fijar un plazo de detención de entre cinco y sesenta días corridos, renovable hasta por dos períodos adicionales de sesenta días cada uno, debiendo cada renovación ordenarse de manera fundada”.

Esto, según declaró Presidencia mediante una minuta, “cobra especial urgencia considerando que entre 2018 y 2024 se registraron más de 216.000 ingresos por pasos no habilitados en Chile, y que al año 2024 la población extranjera representaba el 8,8% del total nacional, un aumento del 115,5% respecto de 2017″.

En cuanto al segundo proyecto anunciado, el Mandatario precisó que la iniciativa legislativa busca sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y “perseguir” a quienes facilitan los traslados.

“Estamos planteando es una modificación a Código Penal para que también sea constitutivo de delito y un agravante el trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, detalló Kast.

El primer proyecto será presentado como una reforma constitucional y el segundo, en tanto, como una reforma legal.

“Hoy día estamos desplegados en tres regiones, tenemos un coordinador de la macrozona norte que ha coordinado a las autoridades civiles, a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales y eventualmente esto tendría que extenderse porque ustedes también saben que el crimen se mueve”, zanjó el Mandatario.

Un flanco cerrado

El anuncio intentó responder el flanco que se abrió al interior del gobierno tras la Cuenta Pública. En esa oportunidad, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), afirmó que el Ejecutivo preparaba una reforma constitucional para ampliar la retención de migrantes irregulares que hubiesen cometido delitos menores, pero señaló que el plazo en evaluación era de hasta 180 días.

Las declaraciones de Arrau se dieron después del anuncio del Presidente del plan “Plan de Retorno Voluntario”, iniciativa que busca incentivar que migrantes en situación irregular puedan dejar el país de una manera regular, tras ingresar por pasos no habilitados.

La confusión aumentó luego de que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, respaldara inicialmente la cifra de 180 días y señalara que el gobierno había revisado experiencias de legislación europea. Sin embargo, posteriormente Arrau buscó aclarar que se trataba de dos iniciativas distintas: por un lado, el Plan de Retorno Voluntario, y por otro, el proyecto para extender el plazo de retención con fines de expulsión.

La ofensiva legislativa se suma al Plan de Retorno Voluntario anunciado previamente. Con ambos proyectos, el gobierno busca reforzar su agenda migratoria y de seguridad fronteriza, uno de los principales compromisos de la administración de Kast.