El Escudo de las Américas comenzó a mostrar sus alcances políticos bastante antes de la adhesión formal de Chile a la iniciativa impulsada por Donald Trump.

Cuando La Moneda todavía se definía como miembro observador de la instancia, el gobierno chileno ya había suscrito declaraciones conjuntas del grupo que abordaban directamente la situación interna de Bolivia y expresaban un respaldo explícito a la administración de Rodrigo Paz.

Los documentos, difundidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 21 de mayo y el 5 de junio, fueron firmados por Washington y otros gobiernos de la región, entre ellos Chile. Ambos se conocieron en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que enfrentaba el gobierno boliviano.

En Cancillería explican que Chile suscribió esos pronunciamientos porque estaban plenamente alineados con la posición del país respecto del apoyo a Bolivia en la situación que atravesaba.

El contenido de las declaraciones, sin embargo, abre una arista distinta a la cooperación en seguridad que se ha instalado en la discusión sobre el Escudo de las Américas.

El pronunciamiento del 21 de mayo manifestó preocupación por las protestas y bloqueos que, según el texto, buscaban subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido. También respaldó la actuación de las autoridades bolivianas frente a hechos de violencia y sostuvo que no se podía permitir el derrocamiento de líderes elegidos democráticamente en el hemisferio, incluso cuando existiera apoyo de criminales y narcotraficantes.

Dos semanas después, el tono subió. Los países firmantes denunciaron supuestos esfuerzos por derrocar al gobierno de Paz, acusaron a grupos de intentar impedir la distribución de alimentos y medicamentos mediante bloqueos y sostuvieron que quienes financiaran las protestas con dinero proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional debían rendir cuentas.

Por lo mismo, los criticos del Shield of the Americas apuntan a que no solo se limitaba a compartir inteligencia, coordinar policías o combatir organizaciones criminales.

Los documentos contenían una posición política común frente a un conflicto interno de uno de los países participantes y una defensa explícita de su gobierno.

Ese antecedente adquiere relevancia en medio de la discusion que generó la adhesión formal de Chile durante la gira del Presidente José Antonio Kast a Nueva York.

Mientras el Ejecutivo ha insistido en que el objetivo del Escudo es combatir el crimen organizado y que la participación chilena no supone compromisos de carácter militar, sus declaraciones conjuntas muestran una dimensión adicional: la articulación de posiciones políticas entre los gobiernos que integran la iniciativa.

“En el tema de las intervenciones en lo que refiere a Chile, siempre lo dijimos: nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países, y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación”, reiteró Kast este jueves.

La declaración difundida por Estados Unidos tras la reunión de Kast con Trump explicitó tres pilares para la plataforma: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral. Entre sus objetivos incorporó, además, la coordinación de posiciones comunes en foros regionales e internacionales.

Sin embargo, el cuestionamiento es hasta dónde llegará esa articulación política y qué implicancias tendrá para la autonomía de la política exterior chilena.