A casi 24 horas de la derrota del gobierno con el proyecto que proponía ampliar a un período de hasta 30 días el plazo para mantener detenida a una persona inmigrante sorprendida cruzando irregularmente la frontera, el Ejecutivo tomó la decisión de insistir con la iniciativa en el Senado.

Si bien el efecto inmediato con el rechazo de un proyecto es el archivo del mismo por el periodo de un año -impidiendo incluso la discusión de otras iniciativas con similares ideas matrices-, la Constitución le permite al Ejecutivo insistir en la otra rama del Congreso con el respaldo de los 2/3 de los parlamentarios.

Esa alternativa fue la que tomó el gobierno con la iniciativa que ayer se rechazó en la Cámara.

La primera señal la entregó el propio Presidente José Antonio Kast. Desde Estados Unidos, el Mandatario aseguró: “Les pido que reflexionen por el bien de Chile y que se permita avanzar en este proyecto con una insistencia eventualmente en el Senado o con este proyecto de ley”.

Esta mañana, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó: “Nos queda una herramienta, que es reponer el proyecto, se requieren dos tercios, que es un quórum muy alto”.

En ese sentido, el ministro complementó en que “somos todos parte de un equipo (ministerios de Seguridad, Justicia y Segpres) y trabajaremos para hacer entender a un amplio sector que este es un proyecto tremendamente razonable, tremendamente útil y necesario para poner orden”.

Finalmente, fue el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien junto con apuntar contra quienes votaron en contra, afirmó: “Vamos a insistir por el Senado con los dos tercios para que se pueda seguir tramitando esta iniciativa”.

Con estos tres anuncios, desde el Ejecutivo ya se activaron para resolver cuál será el diseño de negociación. Para ello, según fuentes de La Moneda, el ministro de Justifica, Fernando Rabat, sostendrá este jueves una reunión con el comité político para ver cómo proceder.

En ese sentido, uno de los planes que más fuerza toma al interior de Palacio es insistir, aun a riesgo de perder la votación y, así, emplazar a la oposición.

“El gobierno no ha siquiera conversado”

Con la misión de conseguir los 2/3 de los senadores presentes, con la consecuente necesidad de activar diálogos con la oposición, los senadores de este sector ya dieron las primeras señales de cara a la conversación que deberían sostener con el Ejecutivo.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reclamó que “el gobierno no ha siquiera conversado el tema”.

“Yo desconozco el contenido preciso del proyecto, no lo hemos estudiado todavía y son decisiones colectivas, aquí hay una postura que adoptó la oposición y por lo tanto sí me referí a lo que ha sido la estrategia del gobierno hasta ahora y que creo que tiene que cambiar”, complementó la senadora.

Y continuó: “Fui autora de la ley antiterrorista, soy autora de varios otros proyectos, incluso de reforma constitucional carcelaria a raíz de este caso del clan Chen”.

En ese sentido, le pidió al Ejecutivo que le ponga urgencia a esa iniciativa.

El senador Pedro Araya (PPD), por su parte, señaló: “Estamos disponibles a abrir una conversación con el gobierno en la medida en que también se le coloque urgencia a otros proyectos importantes en la agenda de seguridad que hoy día no están siendo considerados como, por ejemplo, el levantamiento del sentimiento bancario”.

Junto con ello, y criticando los dichos del ministro Arrau, quien aseguró que espera “no tener que ir más de un día al Congreso”, el senador del PPD afirmó: “Las declaraciones que él realiza obviamente no ayudan en el clima que necesita el Ejecutivo para intentar poner un proyecto de ley que se rechazó ayer en la Cámara de Diputados”.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), aseguró que “esperamos contar con el apoyo en el Senado para poder insistir. Y esperamos también que finalmente el proyecto, en ambas ramas del Congreso, encuentre el apoyo para que sea una realidad”.

Consultado por las conversaciones que necesariamente deberá activar con la oposición, García afirmó que siempre estarán “buscando acuerdo, diálogos”.

Las derrotas de la Segpres

Por el pérdida de la votación en la sala de la Cámara en el proyecto que buscaba ampliar a un período de hasta 30 días el plazo para mantener detenida a una persona inmigrante sorprendida cruzando irregularmente la frontera, el principal Ministerio apuntado fue la Secretaría General de la Presidencia, encabezado por José García Ruminot (RN).

Esta derrota viene a ser la cuarta de este ministerio en poco más de seis meses de legislatura.

El primer revés fue en mayo, cuando la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley del expresidente de la corporación José Miguel Castro (RN) que buscaba elevar el quórum necesario para que la sala pueda revertir la inadmisibilidad que declara la mesa de esta rama del Congreso a un proyecto de ley que, a su criterio, es inconstitucional.

Debido a algunas ausencias de diputados oficialistas o aliados al gobierno, el ministro García sufrió su primera derrota en menos de dos meses de gestión a cargo de su cartera.

En los siguientes traspiés, si bien la Segpres también ha tenido responsabilidades, las ha compartido con otros ministerios sectoriales.

En uno de los últimos trámites de la megarreforma económica, cuando el Senado debía votar el informe de la comisión mixta, el gobierno tuvo que frenar la votación producto de que no tenía los 26 respaldos en sala en ese momento. La ausencia del senador Enrique van Rysselberghe (UDI), que no fue advertida por la Segpres, tuvo que ser alertada por el biministro Claudio Alvarado (UDI).

Este fue, precisamente, uno de los principales dilemas del comité político en torno a la tramitación de la iniciativa. Por un lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaba empecinado a despacharla en un plazo considerablemente acotado, bajo el argumento de que la aprobación de la iniciativa permitiría una reactivación económica y la generación de empleos.

Sin embargo, con el correr de las semanas, tuvo que ir cediendo en sus pretensiones.

En los retrocesos de Quiroz fueron claves los ministros García y Alvarado, quienes abogaban por tomarse más tiempo para la tramitación del proyecto, argumentando que ese timing les permitirían construir mayorías más amplias para la aprobación del megaproyecto.

El tercer revés vino en la votación en particular del proyecto de Sala Cuna.

La norma que estaba sometida a consideración en ese momento era la del financiamiento del proyecto, que terminó rechazándose producto de que, nuevamente y en la misma rama del Congreso, La Moneda no tenía los votos suficientes.

Esta vez, producto de la ausencia del senador Sebastián Keitel (Ind.-Evópoli), quien había presentado un permiso constitucional.

Sin embargo, antes de que comenzaran las votaciones de los artículos con quórum, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo (RN), hizo una consulta a la mesa de la Cámara Alta, donde se le comunicó que el documento no había llegado.

Ahí comenzó un proceso de revisión de cuentas institucionales, incluso de WhatsApp, pero el permiso no fue encontrado en los canales oficiales.

Solo una vez que se votó la norma sobre el financiamiento, se halló el correo perdido en una casilla, pero no tenía la formalidad requerida, por lo que se le pidió al equipo de Keitel que lo reingresara, a pesar de que ya era tarde para salvar la fórmula de financiamiento.

En esta iniciativa, cuya titularidad estaba en manos del ministro del Trabajo, Tomás Rau, el gobierno sufrió otro revés.

Esto, pues la senadora Yasna Provoste (DC) logró introducir una indicación -que a juicio del Ejecutivo es inconstitucional- que le concedía la titularidad del derecho de sala cuna a los menores de edad, en vez de sus padres trabajadores.

Fue en ese episodio, al hacer una reserva de constitucionalidad, cuando al ministro Rau se le escuchó la frase: “¡Qué desastre!“. Él mismo lo definió como un exabrupto desafortunado, ya que no se percató de que el micrófono estaba abierto.

Producto de este episodio es que al ministro Rau se le achacó una falta de redes políticas para lograr aprobar una iniciativa que, si bien ha costado tres gobiernos distintos despachar, a la administración Kast se le puso cuesta arriba producto de este fracaso en el Senado.