“Todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, dice el artículo 110 de Ley N° 21.806, norma “miscelánea” que otorgó el último reajuste general de remuneraciones y aplicó un centenar de medidas diversas.

A diferencia de los exámenes a los que debieron someterse las autoridades del gobierno de Gabriel Boric en 2025, incluidos en la Ley de Presupuesto, estos controles ahora están regulados en una ley de carácter permanente (independiente de que se revise cada año).

“El examen que deberán repetirse al menos dos veces al año, luego de asumido su cargo. El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”, añade la disposición a la que se someterán los colaboradores del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, a juicio de la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana (ambos también socialistas), las actuales autoridades, que ya llevan más de un mes en el cargo, ya incurrieron en una falta a no someterse al test oportunamente, es decir, al momento de asumir.

El hecho se complica por los casos de seremis que fueron removidos a pocos días, ya no se habrían hecho el examen en cuestión.

Ese es el principal fundamento de la presentación que hicieron los legisladores socialistas, respaldada por la bancada de diputados, a la Contraloría.

“En este acto venimos en requerir se disponga iniciar una investigación que fiscalice el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, verificando si las autoridades allí mencionadas dieron cumplimiento oportuno a la obligación prevista en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, esto es, al momento de asumir sus cargos y con la debida publicidad de sus resultados, emitiendo además un pronunciamiento sobre el correcto alcance temporal de dicha exigencia legal y sobre eventuales infracciones a la normativa vigente”, dice la presentación dirigida a la contralora Dorothy Pérez.

La senadora Cicardini dijo que “si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar con coherencia. La ley establece que, al momento de asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y que sus resultados deben ser públicos. ¿Se lo hicieron o no?, ¿por qué aún nadie conoce esos resultados?”.

Según Manouchehri, “ha pasado un mes y hasta ahora no existe ninguna información oficial que permita acreditar su cumplimiento. Si los exámenes se hicieron, el gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal. Por eso recurrimos a la Contraloría, porque aquí la transparencia no es opcional”.

El diputado Santana, en tanto, añadió que “aquí no hay espacio para interpretaciones cómodas ni para silencios administrativos. La ley es clara, establece una obligación al asumir y además exige publicidad de los resultados. Lo mínimo que corresponde es que el gobierno acredite si cumplió o no cumplió, y si no lo hizo, explique por qué”.