En el marco de una nueva discusión en la Cámara de Diputados para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció este lunes una batería de iniciativas para enfrentar la violencia rural en La Araucanía y Biobío, entre ellas un proyecto que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas durante este tipo de medidas constitucionales.

En la sesión, Alvarado defendió la continuidad del estado de excepción en Biobío y La Araucanía y aseguró que la medida ha tenido resultados concretos en la disminución de hechos de violencia. “Hoy día podemos decir que del peak de eventos del año 2023 a la fecha hay una disminución de un 80%”, sostuvo el ministro.

Asimismo, detalló que “del año 2025 al 10 de mayo de 2026 hay una disminución de un 4%; o sea, desde 550 eventos pasamos a 116 y de 116 a 111”.

En esa línea, el secretario de Estado informó ante la Cámara que el gobierno ingresó este lunes un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del estado de excepción constitucional, con el objetivo de permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad preventivos e investigativos, registros de vestimentas, equipaje y vehículos, además de efectuar detenciones en flagrancia.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo evalúa establecer un mando militar unificado para toda la Macrozona Sur e implementar políticas de desarrollo integrales para resguardar la conectividad de los caminos, mediante coordinación entre personal del Ministerio de Obras Públicas y efectivos militares.

El titular de Interior señaló que la idea surge tras conversaciones con personal desplegado en la zona. “Para efectos de una mejor coordinación y de mayor efectividad también estamos viendo la opción de que próximamente exista un mando unificado en la jefatura de la defensa en toda el área de excepción”, afirmó.

Alvarado también sostuvo que el gobierno trabaja en fortalecer el plan operativo e investigativo policial en la zona, en medio de los hechos de violencia rural que afectan a sectores de La Araucanía y Biobío.

Proyecto de reparación a víctimas de violencia rural

En paralelo, el ministro abordó las medidas de apoyo a víctimas del conflicto y confirmó que el gobierno buscará reactivar la tramitación del proyecto de ley de reparación ingresado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

La iniciativa, presentada en diciembre del año pasado en el Senado, establece un marco legal para el reconocimiento, calificación y reparación de víctimas de violencia en el contexto del conflicto intercultural y territorial en la zona sur del país, en base a las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

El proyecto propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, un programa de atención, acompañamiento y reparación integral, además de un catastro oficial para registrar a quienes sean reconocidos por la instancia técnica.

Respecto de los programas actualmente vigentes, Alvarado señaló que el Ejecutivo decidió mantener y ejecutar el presupuesto aprobado en 2025, “del orden de 6.000 millones de pesos”.

“Un 70% está destinado, a través de Sercotec, a la reactivación económica, para que las familias afectadas puedan recuperar su autonomía”, explicó, agregando que un 13% se utilizará para acompañamiento integral.

Fue en ese contexto que confirmó que el gobierno pondrá urgencia a la iniciativa heredada de la administración anterior. “En el Senado existe hoy día en tramitación una ley de reparación de víctimas, que ingresó el gobierno anterior. Nuestro ánimo es reiniciar esa discusión, darle urgencia a ese proyecto de ley y le vamos a colocar también algunas indicaciones”, sostuvo.

Entre las modificaciones que impulsa el Ejecutivo, Alvarado explicó que buscan establecer una “exclusión taxativa” para impedir el acceso a beneficios a personas condenadas por terrorismo o crimen organizado.

Además, planteó la creación de una comisión calificadora independiente de la Subsecretaría del Interior, con el objetivo de “evitar discrecionalidad política y no depender de un gobierno de turno”.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo pretende incorporar directamente en la ley el procedimiento de reparación, en vez de dejarlo regulado vía reglamento, además de fijar plazos y reforzar el resguardo de la información de las víctimas.

Compra de tierras

Junto con las medidas de seguridad y reparación, el ministro también abordó la política de compra de tierras en La Araucanía y aseguró que el gobierno continuará ejecutando los recursos establecidos por ley. Sin embargo, adelantó que revisarán los criterios de tasación utilizados actualmente, cuestionando factores “subjetivos” como el valor paisajístico o cultural de los predios.

Según afirmó, eliminar esos criterios podría reducir entre un 20% y 25% el valor de compra de los terrenos, permitiendo adquirir una mayor cantidad de hectáreas con el mismo presupuesto estatal.