Desde mediados de julio, el diputado Marco Antonio Sulantay, de la UDI, ha protagonizado conversaciones con parlamentarios de bancadas de todo el arco político. Lo ha hecho con el objetivo de que puedan adherir a la denuncia que se presentará hoy en la Fiscalía Nacional para esclarecer si hubo delitos en la organización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El evento deportivo ha sido blanco de cuestionamientos por posibles irregularidades en su organización. De hecho, la Contraloría General de la República empujó una auditoría al proceso de cierre y finanzas de los Juegos Panamericanos, desarrollados durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

“Según la normativa, el Instituto Nacional de Deportes es el responsable administrativo y financiero en la organización de grandes eventos deportivos en Chile. Y desde ese punto de vista los hallazgos y acciones que determine el Ministerio Público deben recaer con todo el peso de la ley sobre aquellos funcionarios que han desempeñado cargos que demandan obligaciones y alcances jurídicos”, argumentó Sulantay.

A la denuncia adhirieron los diputados Jorge Guzmán (Evópoli), Patricio Briones (PDG), Héctor Barría (DC), Carlos Chandía (RN), Erich Grohs (Partido Nacional Libertario), Cristián Tapia (independiente, integrante de la bancada PPD), Cristian Contreras (independiente) y Andrés Celis (RN).

Este grupo interpone la denuncia a partir de lo constatado en el informe de Contraloría relativo a la ejecución y rendición de recursos públicos transferidos por el Instituto Nacional de Deportes (IND) al Comité Olímpico de Chile (COCh), en el marco del convenio “Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023”.

Ese informe, publicado en diciembre de 2025, advierte la existencia de montos observados cuya utilización no fue suficientemente acreditada cuando correspondía. De un total rendido de $6.499 millones, se informa que, hasta junio del año pasado, $6.315 millones se encontraban con reparos.

“Se constató que habiendo recibido el IND los informes de rendición de cuentas del COCh (…), las observaciones formuladas por el Instituto no habían sido atendidas por el comité en los plazos establecidos en la normativa del Instituto, siendo estos sobrepasados, manteniéndose al 30 de junio de 2025 pendientes de ser subsanadas observaciones efectuadas a recursos transferidos por la suma de $6.315.543.773”, se lee en el informe.

En la denuncia, los diputados destacan que “resulta importante determinar si las observaciones obedecen exclusivamente a deficiencias documentales o si se configuran eventuales desviaciones o gastos sin respaldo que pudieran haberse destinado a fines ajenos a lo acordado”.

Por otra parte, en el informe de Contraloría se constató un incumplimiento de las obligaciones de uso y conservación del recinto “Centro de Entrenamiento Béisbol y Softbol” y una inacción por parte del IND para exigir al COCh que presentara un programa de administración, como mandataba el convenio.

“Lo anterior derivó en un abandono de obras y en sucesivos actos de vandalismo, incluyendo el robo del pasto sintético y de la reja perimetral”, se menciona en la denuncia.

Además, los diputados argumentan que “se verificaron deficiencias de control interno, especialmente en lo relativo a los procedimientos dispuestos por el IND para enfrentar rendiciones reiteradamente observadas y requerir la restitución o reintegro de fondos cuyas observaciones no han sido subsanadas”.

La semana pasada, El Deportivo publicó que el Serviu revocó el comodato del sitio donde se construye el Centro Olímpico de Vóleibol el mismo día de su presentación. Se trata de un espacio que forma parte del convenio de recintos deportivos Ciudad Parque Cerrillos, el que no alcanzó a llegar a los Panamericanos y debió ser construido después, por demoras en la aprobación de fondos por parte del IND.

Los denunciantes, además, alertan que las indagatorias evidenciaron que la unidad de rendición de cuentas del IND “no contempla acciones específicas para verificar la autenticidad de los antecedentes asociados a cada rendición, tales como facturas, certificados de cumplimiento de obligaciones laborales, entre otros”.

Consultados por este medio, desde el COCh aclararon que “esa información, tal como señala el oficio, es del 30 de junio de 2025”. “Lo cierto es que estamos en permanente trabajo con el IND para terminar de subsanar cualquier observación administrativa, lo cual se ha ido logrando contrato a contrato vinculado con ese proyecto, el cual está construido y ejecutado. Esperamos que en el menor plazo posible toda la documentación pueda ser revisada y aprobada. El compromiso de nuestro Comité con el correcto uso de fondos públicos es total”, explican.

Por otra parte, el grupo de diputados sustenta la denuncia con el informe emitido por la comisión especial investigadora desarrollada en la Cámara con respecto al evento deportivo. Los adherentes destacan que esa instancia parlamentaria sugirió “irregularidades en la licitación de butacas” y dudas en torno a el “destino del equipamiento deportivo y de mobiliarios que se utilizaron o instalaron para el desarrollo de los juegos”.

Los diputados concluyen que “los hechos descritos en esta denuncia no son aislados, sino que podrían estar dando cuenta de un patrón sistemático de descontrol y descoordinación al interior del IND, con un posible perjuicio al patrimonio fiscal, sin que, hasta ahora, se hayan asumido las responsabilidades administrativas y/o penales”. “Solicitamos al Ministerio Público (...) determinar la eventual existencia de delitos y las responsabilidades penales que correspondan”, agregan.

El diputado Briones, del PDG, expresó sus dudas: “Hablamos de miles de millones en recursos públicos que han carecido de los debidos procesos de rendición, dejando mantos de incertidumbre en su respecto, y resoluciones de Contraloría sin efectos”.

El diputado Barría, de la DC, planteó una idea similar. “Necesitamos claridad. Aún hay un manto de dudas sobre el manejo de recursos, rendiciones no hechas. Necesitamos dar seguridad de los traspasos de dinero. En eso no hay matices: los recursos de los chilenos y chilenas debemos ser capaces de cuidarlos”, complementó.

Por su parte, el diputado libertario Grohs sostuvo: “El informe de Contraloría y las conclusiones de la comisión investigadora son categóricos. Los recursos públicos destinados al deporte pertenecen a todos los chilenos y no pueden quedar bajo mantos de duda. Como parlamentarios, nuestro deber es fiscalizar y exigir que la Fiscalía investigue a fondo hasta determinar las responsabilidades penales que correspondan”.