El lunes en la mañana, en el comité político ampliado realizado en La Moneda, los ministros del Presidente José Antonio Kast intentaron tranquilizar los ánimos de la alianza de gobierno. En la antesala de la presentación de la reforma de seguridad, los partidos estaban inquietos. El esfuerzo, sin embargo, fue en vano.

Durante las últimas horas, distintos representantes del oficialismo han hecho ver que tienen reparos frente a la iniciativa gubernamental. Por ejemplo, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, dijo, en conversación con T13 Radio, que “tenemos un texto presentado que todavía tiene hartas dudas, hay espacio para mejorarlo (...). Hay hartas cosas todavía con dudas, dentro de ellas las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación y es importante saber cuál es el objetivo final”.

Además, la timonel acusó que el gobierno trabajó “muy poco” con los partidos oficialistas.

RN ha sido el partido que más activamente ha advertido reparos frente al proyecto. En sintonía con Balladares, el senador Andrés Longton, de la misma colectividad, dijo a radio Agricultura que “cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente socializado, conversado con las distintas bancadas, y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre y en este caso no se hizo”.

“Si no tienes los votos en tu sector, difícilmente los va a tener el frente y acá necesitas cuatro séptimos”, agregó Longton.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), afirmó: “Por mucho que se compartan los objetivos y que estamos para apoyar todo lo que esté orientado a combatir la delincuencia, lo serio es revisar cada una de las iniciativas y tomar posiciones . El colaborar no es sinónimo de ser un buzón”.

La jefa del comité de senadores RN, María José Gatica, sostuvo: “Yo apoyo al gobierno en sacar adelante las iniciativas que permitan fortalecer la seguridad y devolverles tranquilidad a los chilenos”. Sin embargo, puntualizó que “por supuesto, todo proyecto puede mejorarse durante su tramitación, y para eso está el Congreso: para discutir, escuchar a los expertos y perfeccionar lo que sea necesario”.

En cualquier caso, Gatica advirtió que “esas mejoras no pueden terminar debilitando el objetivo principal, que es entregar más herramientas al Estado para enfrentar con mayor firmeza la delincuencia”.

En particular, uno de los puntos de la reforma que más preocupó en el sector es el nuevo estado de excepción. A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una órden judicial.

El presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, no dudó en plantear sus dudas por esa norma. A través de sus redes sociales, si bien recalcó que la agenda de seguridad es prioridad y contará con el respaldo del partido, planteó que el “Estado Excepción Seguridad concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición”, por lo que apuntó a que “debe ser corregido”. “No se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control Congreso en 240 días”, cuestionó.

Su postura fue compartida por el exministro del Interior y vicepresidente de Evópoli, Gonzalo Blumel. “Siempre hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”, afirmó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

En esa línea, mostró su preocupación por la extensión del nuevo estado de excepción y en particular por la interceptación de comunicaciones sin control jurisdiccional. “Hoy día existe una norma que funciona razonablemente bien, que es básicamente solicitar autorizaciones de los jueces”, recalcó.

El senador Matías Walker (independiente que integra la bancada de Evópoli), uno de los más críticos en el sector respecto a la reforma del gobierno, también mantuvo sus aprensiones. “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”, apuntó en sus redes sociales.

Aunque se mostró conforme con el texto final, en entrevista con el mismo programa, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que en parte del oficialismo se mantienen las dudas y, por lo mismo, aseguró que “vamos a tener que entrar en un diálogo”.

“Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, aseguró Ramírez.

En el oficialismo remarcan que no tienen los votos para aprobar la reforma -89 en la Cámara y 29 en el Senado- y, por lo mismo, esperan que el gobierno ceda en algunas modificaciones al texto. Ahí, se apuesta a que temas como el estado de excepción y las garantías constitucionales sufran algunos cambios.