Republicanos esperará presentación de Contraloría en comisión para decidir si impulsarán AC contra el exministro Montes
Se espera que este próximo 6 de mayo, la contralora Dorothy Pérez exponga los resultados de su auditoría sobre una posible irregularidad en la compra de terrenos para los damnificados por los incendios de Valparaíso en 2024.
La bancada del Partido Republicano anunció que esperarán hasta el 6 de mayo para decidir si presentarán una acusación constitucional en contra del exministro de Vivienda, Carlos Montes.
Esto, tras conocerse un informe de la Contraloría a principios de año sobre una posible compra de terrenos con sobreprecio para damnificados por los incendios en Valparaíso en 2024.
La fecha tiene relación con que, la contralora Dorothy Pérez expondrá más antecedentes de esta auditoría en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja a las 17:30 horas de ese miércoles.
Asimismo, también participará en esta instancia el propio exministro de Vivienda para dar sus argumentos, quien hace unos meses pidió no adelantar juicios antes de conocer a fondo toda la información.
Tras estas intervenciones, como señaló el jefe de bancada, Benjamín Moreno, tomarán la decisión si impulsarán la acusación o no.
Desde el partido, la diputada Paz Charpentier, quien es integrante de esta comisión señaló que “el exministro Carlos Montes jugó con el sueño de la casa propia de miles de familias chilenas. Y eso no es una opinión: es lo que revela el informe de la Contraloría General de la República. Ahí se constatan compras con sobreprecio, incumplimiento de normas jurídicas y fallas significativas de control por parte del MINVU durante el período en que él fue ministro, lo que da cuenta de infracciones legales graves".
Por su parte, la parlamentaria Macarena Santelices dijo que “no vamos a dudar ni un día en impulsar una Acusación Constitucional, si se confirma que el exministro Carlos Montes autorizó la compra de más de 200 hectáreas con sobreprecio para los damnificados de Valparaíso”.
En tanto, el diputado Cristián Neira afirmó que “tengo la convicción de que nadie está por sobre la Ley y que el Estado de Derecho debe ser respetado y defendido por todos, sin excepciones. Nuestro deber constitucional es fiscalizar los actos del Gobierno, cualquiera sea su administración, y en este caso no será distinto”.
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