Dentro de los reos de alta peligrosidad que fueron enviados a la cárcel La Laguna, en Talca, como parte del Plan Cancerbero impulsado por el gobierno, estaban los integrantes del clan Chen, ligado a la mafia china. Su estadía ahí, sin embargo, no duró mucho.

El Juzgado de Garantía de Iquique decidió reubicarlos en la cárcel de Alto Hospicio, donde estaban recluidos antes del mediático traslado.

En el Partido Republicano, particularmente, identificaron una oportunidad en este traspié para el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Lo aprovecharon para reforzar la necesidad de avanzar en una reforma constitucional de seguridad, pese a los reparos de la oposición y buena parte del oficialismo.

La propuesta del Ministerio de Seguridad busca estipular constitucionalmente que existe un régimen penitenciario diferenciado para el crimen organizado.

El diputado Cristián Araya, de ese partido, sostuvo que “la operación Cancerbero fue un éxito. Sin embargo, un revés judicial, producto tanto de un sistema judicial como de normativas garantistas, llevan a la necesidad de que modifiquemos las leyes y la Constitución. Esperamos que esto sirva de antecedente para quienes decían que no era necesario”.

“Necesitamos tener unidad al combatir el crimen organizado, y para eso, la modificación a la Constitución y las leyes es una herramienta fundamental”, agregó el diputado, quien preside la Comisión de Seguridad.

“La reforma Constitucional es fundamental”, complementó el diputado Leandro Kunstamann, también republicano, a través de X.

Con sus palabras, los diputados refutaron a otros integrantes del oficialismo que han hecho llamados a remover la reforma constitucional. Uno de ellos fue la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien, en conversación con 24 Horas, propuso retirar el estado de excepción de la reforma. “No contará ni siquiera con los votos del oficialismo”, advirtió.

Otro llamado de ese tipo provino del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI). En entrevista con T13 Radio, él dijo que “a estas alturas, es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau (quien también es militante republicano), entregó un mensaje en la misma línea que los diputados de su colectividad.

“Dentro de los puntos que buscamos en la reforma de seguridad es tener un listado de organizaciones criminales y terroristas y blindar el sistema penitenciario en cuanto a que las normas penitenciarias para estas personas condenadas por crimen organizado de terrorismo sean duras y sean irreversibles”, dijo este miércoles.

Lo que Arrau y los diputados omitieron es que la administración del expresidente Gabriel Boric ingresó un proyecto de ley, que no ha avanzado en el Senado, para evitar aquello y sin la necesidad de cambiar la Constitución.

Más allá de la discusión constitucional, los parlamentarios republicanos cuestionaron el retorno del clan Chen a Alto Hospicio. La diputada Chiara Barchiesi lamentó que sean “devueltos a un recinto penal que no cumple los mismos estándares de seguridad que el de Talca, uno de los más modernos de Sudamérica”.

En tanto, el diputado Enrique Bassaletti, de la misma bancada, indicó que espera que la Fiscalía “apele a esta medida a la brevedad posible y que esta organización criminal continúe cumpliendo su pena en el recinto penitenciario de Talca”.

“Los chilenos están cansados de esta suerte de puerta giratoria que beneficia a reos de muy alta peligrosidad”, agregó.