En la segunda y última jornada de votación en particular de la megarreforma en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno concretó el compromiso que hizo el martes en la noche en esta misma instancia: reformular el crédito tributario al empleo para poner un mayor énfasis en mujeres y jóvenes.

Con esa promesa logró que ese artículo tuviera el apoyo no sólo de los ocho parlamentarios del oficialismo con los que cuenta en esa instancia legislativa, sino que también del independiente Carlos Bianchi y de la DC Priscilla Castillo.

De esa manera, la propuesta tuvo 10 votos a favor, una abstención del representante del Partido de la Gente, Juan Valenzuela, y el rechazo del PC Boris Barrera, y de Jorge Brito del Frente Amplio.

Y si bien se esperaba que este cambio se materializara cuando el proyecto avanzara a su discusión en la sala de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se adelantó y la presentó en la comisión.

En concreto, la modificación baja la base del crédito de 15% a 14%, sobre remuneraciones mensuales pagadas por trabajador. Se incrementa 1 punto si es mujer, es decir a 15% y disminuye 1 punto si es hombre, bajando a 13%. Luego, se suman 1,5 puntos si el trabajador es menor de 25 años.

El secretario de Estado explicó que los ajustes son acumulables: así, una mujer menor de 25 años que esté dentro de las remuneraciones entre 7,8 UTM y 12 UTM accede a un crédito de 16,5%.

La norma permite a las empresas que tengan contratados trabajadores que reciban remuneraciones entre 7,8 UTM y 12 UTM, obtener un crédito tributario, descontado a través de los PPM o del IVA, lo que en la práctica les significaría reducir su tasa de impuesto de primera categoría en unos tres puntos porcentuales.

Pese a estos cambios, el gobierno logró la misma votación que tuvo el martes: los ocho parlamentarios del oficialismo y los del independiente Carlos Bianchi y la DC, Priscilla Castillo. El PDG mantuvo su abstención. El PC y el Frente Amplio la rechazaron.

El “corazón de la megarreforma”

Otro de los artículos que generó polémica y encendió el debate en la comisión fue la rebaja del impuesto a las empresas, desde 27% a 23%, en un plazo de cuatro años, entendido como el “corazón” de la megarreforma: “Me veo obligado a intervenir, porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas, me obliga a explicarlo, por último, en beneficio de las personas que lo estén mirando por televisión”, respondió el ministro de Hacienda ante las críticas de los parlamentarios de oposición, quienes manifestaron su preocupación por los efectos fiscales que podría generar la menor recaudación que implica el paquete de medidas, y que es del orden de US$1.800 millones.

Frente a ello, la respuesta llegó minutos más tarde por parte del diputado PS, Daniel Manouchehri, quien le dijo al titular de las finanzas públicas: “No corresponde que trate de ignorantes a los parlamentarios, porque nosotros a usted no le andamos diciendo que es un coludido, ni nada por el estilo”.

La reducción será gradual para las grandes empresas en tres años. Así, en 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029), y en 2029, a 23% (operación renta 2030).

Pero pese a todo el debate, esta normativa se aprobó con los votos del oficialismo y del PDG Juan Valenzuela, además de la abstención de la representante de la DC, Priscila Castillo. La oposición lo rechazó en bloque. Misma suerte tuvo la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales del 10%, que contó con el apoyo de la mayoría de los integrantes de la comisión de Hacienda.

Siguiendo con las modificaciones impositivas estructurales, se aprobó con los votos del oficialismo y el PDG, la reintegración de sistema tributario, la que también será gradual, volviendo a una reintegración total en el año tributario 2031.

En la reforma impositiva de 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema impositivo integrado a uno semiintegrado. En la práctica, implica que las empresas pagan un impuesto de Primera Categoría de 27%, pero al momento de retirar utilidades, los dueños solo pueden utilizar una parte (65%) de ese tributo como crédito contra sus impuestos personales, debiendo “restituir” o pagar el saldo. Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños.

Ya pasada la medianoche, antes de que se cerrara el debate y se comenzara a votar sin derecho a argumentar el voto, el último tema abordado fue la eliminación de la franquicia tributaria del Sence. Y al igual que la norma de propiedad intelectual, fueron los diputados de RN, Diego Schalper y Eduardo Durán, los que se desmarcaron de la propuesta del Ejecutivo y se alinearon con la oposición, por lo que se rechazó ese artículo.

Los otros artículos aprobados

Más temprano durante la sesión, se aprobaron varios artículos, principalmente con votos del oficialismo. Uno de ellos fue el artículo 5 de la megarreforma: el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales se reduce de 2 años a 6 meses para los actos administrativos que otorguen autorizaciones sectoriales, a las que se refiere el numeral 3 del artículo 5 de la ley N° 21.770, que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones a los cuerpos legales que indica. Esto, porque la ley vigente permite a la autoridad administrativa invalidar actos contrarios a derecho dentro de dos años desde su notificación o publicación.

También se aprobó el artículo 1, el cual crea hasta el 31 de diciembre de 2028 el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios destinado a financiar, de acuerdo a las disposiciones de esta ley con el objeto de solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso durante el mes de febrero del año 2024 y a las regiones de Ñuble y del Biobío durante el mes de enero del año 2026.

Otra norma que pasó la prueba fue el artículo 6, el cual modifica el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.434, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en Materia de Acuicultura, de la siguiente forma: “Suprímase la frase someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, en los casos en los que la relocalización de la concesión tenga sólo por objeto meros ajustes cartográficos, entendiendo por tales, el ajuste de las coordenadas geográficas contenidas en los títulos administrativos correspondientes a su actual posición, de acuerdo a lo que proponga la Subsecretaría según antecedentes fundados previo informe técnico, no se realizará la inspección en terreno ni se someterá al trámite de evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental’”.

Otra que contó con la aprobación de la comisión fue una relativa a normas medioambientales. “Tratándose de modificaciones de un proyecto o actividad que cuente con Resolución de Calificación Ambiental favorable y cuyas partes, obras o acciones que intervengan o complementen se ejecuten en la misma faena o área intervenida originalmente evaluada, solo requerirá una nueva evaluación ambiental si existiere una modificación sustantiva en términos de magnitud o duración de los impactos ambientales”, dice el texto.

De esta manera, se señala que “las modificaciones que sólo impliquen una mejora tecnológica no requerirán una nueva evaluación en la medida que dicha mejora no importe un aumento significativo de las cargas o impactos ambientales del proyecto o actividad. Corresponderá al reglamento al que se refiere el artículo 13 regular las circunstancias a las que se refiere este inciso”.

Hasta el cierre de esta edición seguía la votación hasta total despacho.