Hace dos semanas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció un plan de inversión de US$1.300 millones para construir 20 mil viviendas en sectores consolidados de Santiago y otras regiones, beneficiando a familias de clase media y sectores vulnerables. Quinta Normal, Estación Central, San Miguel y San Joaquín, están entre las comunas que los expertos consideran más urgente la instalación de estas soluciones habitacionales.
De cara a un proyecto de estas características, el principal desafío es su emplazamiento. "Las viviendas tienen que estar localizadas cerca de sus destinos. Es decir, a poca distancia del lugar de trabajo y estudios de las personas. Ese movimiento determina lo que se llama la movilidad obligada, la que tiene que ser lo menos posible. Eso es lo que colapsa los sistemas de transporte y las calles", explica Nicolás Tugas, consultor en urbanismo.
Bajo esa premisa, los expertos señalan que estas soluciones habitacionales se deberían emplazar a no más de 400m de las estaciones de Metro. "A la hora de ubicar estas viviendas, yo pensaría en el borde del pericentro de la ciudad, que es lo que rodea el núcleo fundacional. Es decir, áreas obsoletas y que tienen zonas poco densas. Hablo de Quinta Normal, Estación Central, San Miguel y San Joaquín", manifiesta Margarita Greene, investigadora del Cedeus.
Para los expertos, es fundamental que no sólo exista un ajuste en cuanto al tipo de subsidio y la oferta de las constructoras, sino que también es necesario una visión de largo plazo y planificación. "Ojalá estas viviendas se repartieran entre todas las comunas del Gran Santiago, pero también es necesario considerar los costos del suelo. Además, hay que tomar en cuenta los atributos de localización respecto a la accesibilidad, conectividad y equipamiento", asegura Roberto Moris, académico en investigador del Instituto de Estudios Urbanos UC.
De este modo, una adecuada planificación de este proyecto podría evitar el desarrollo de zonas urbanas deficitarias como Bajos de Mena en Puente Alto. "Los incentivos tienen que ser los suficientes, para que las constructoras se entusiasmen. Es un proyecto que suena muy prometedor y que podría evitar los errores del pasado. Todo el mundo quedó muy asustado con lo ocurrido en Bajos de Mena, Marta Brunet y El Volcán", dice Greene.
Sobre el proyecto
Este proyecto se enmarca en el Programa de Integración Social y Territorial DS19, cuyos fondos incluyen alrededor de $455 mil millones en créditos hipotecarios de aquellos que adquirirán sus viviendas con ayuda gubernamental, además de unos $311 mil millones en subsidios del Estado y $30 mil millones en ahorros de las familias que buscan una solución habitacional.
Una de las principales características de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es el deseo de integrar los esfuerzos del sector público con las capacidades de la industria inmobiliaria, en una alianza estratégica sin precedentes.
El objetivo de la cartera es que las inmobiliarias entreguen una carpeta con sus propuestas, proceso que tiene como plazo hasta el 31 de julio, con valores que fluctúan entre las 1.000 UF y 2.400 UF para la construcción de casas o departamentos.