La semana pasada el gobierno informó el envío del denominado proyecto de ley de teletrabajo. La iniciativa permitirá ofrecer mayores facilidades laborales según las características del empleo. Su objetivo principal es reconocer, regular y proteger el trabajo a distancia. Esto se realizará mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador.
Respecto a los deberes para el empleador, destaca el hecho de otorgar al empleado las herramientas y seguridad necesarias para el desarrollo de las funciones. Ello resulta positivo para personas que requieren facilidades por sus responsabilidades familiares, adultos mayores, personas que tengan problemas para trasladarse, entre otros.
Es por ello que un proyecto como este se mueve en la dirección correcta, hacia una jornada que tienda a la flexibilidad, sin dejar de lado la protección social.
De acuerdo con las cifras estimadas por el gobierno, el 1% de las personas trabajan en un lugar distinto a la empresa, lo que equivale a 50 mil personas, cifra que podría llegar a los 150 mil y en ocho años a 1 millón. Sólo a modo de referencia, en Chile hay unas 300 mil personas que manejan medios digitales y que están inactivas, segmento de la población que podría beneficiarse con esta ley.
Es un buen paso el dado por el gobierno, aunque resta por conocer los detalles de la iniciativa. Lo divulgado no significa una precarización del empleo, como ya se han levantado algunas voces críticas. Una crítica que, en todo caso, se repite en relación al estatuto laboral para los jóvenes.
Avanzar en proyectos que apunten a ir flexibilizando el mercado del trabajo, disminuyendo las rigideces, son bienvenidos y positivos para la generación de puestos de trabajo, particularmente luego de la reforma ideada e implementada en el gobierno anterior.