Actualmente los casinos de juegos están principalmente en manos de tres operadores: Dreams, Marina del Sol (MDS) y Corporación Meier, además de Casinos de Chile, que es la sociedad creada tras la reorganización judicial de Enjoy para que maneje sus casinos hasta que sean traspasados a un nuevo operador.

Tres de los casinos licitados en el proceso iniciado este martes -Viña del Mar, Coquimbo y Pucón- son gestionados por Casinos de Chile, pero Viña del Mar quedó desierto, al igual que Iquique, que es manejado por Dreams. Tanto Enjoy como Dreams devolvieron sus concesiones de estos casinos el año pasado.

Tras conocer los resultados de la licitación del martes, los actuales operadores explicaron las razones de su desinterés.

“Estamos convencidos que las bases técnicas (...) imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación y por tanto no promovían la competencia”, dijo Dreams, que opera los casinos Monticello, Iquique, Valdivia, Temuco, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas, y operará Talca desde noviembre.

Dreams, cuyo propietario es Claudio Fischer, aseguró que su participación era “inviable”.

Explicó que en Iquique, concesión que opera Dreams pero que devolvió, las bases exigían que al final de su periodo las obras, que incluían también un salón de eventos para 1.500 personas y 380 estacionamientos, quedaran en manos del municipio, sin indemnización, por lo que su inversión, calculada en US$55 millones, era “un costo hundido no recuperable”.

MDS, a su vez, dijo que tenía “interés y capacidad para competir”, pero que “se vio impedida de hacerlo por las condiciones que expuso ante el TDLC”.

“Este resultado no constituye un hecho aislado, sino una nueva demostración de que el modelo de licitación implementado a partir de 2015 presenta fallas estructurales de diseño”, sostuvo la empresa ligada a Nicolás Imschenetzky, que gestiona los casinos de Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno.

“El caso del emblemático Casino de Viña del Mar es especialmente ilustrativo: primero, el proceso adjudicado en 2016 terminó siendo inviable, obligando al operador adjudicado a renunciar a su licencia; y ahora, el nuevo llamado concluye sin oferentes, confirmando que las condiciones definidas no lograron generar interés real en el mercado”, agregó.

La licitación por Viña imponía al adjudicatario un plazo de puesta en marcha de tres meses desde su recepción del operador anterior, lo que los incumbentes consideraron “imposible” dado que se requiere de al menos siete meses para ello. Asimismo, se exigía un pago mínimo de 394 mil UF ($16.100 millones) al año al municipio, más un mejoramiento de la Avenida Perú por hasta 120 mil UF ($4.900 millones).

“El contraste con el modelo aplicado en 2005 es evidente. Bajo ese esquema participaron más de 60 proyectos, incluidos ocho oferentes extranjeros, y se materializó una inversión aproximada de US$1.500 millones en la industria. En cambio, tanto en la licitación desarrollada bajo el modelo de 2015 como en el proceso repetido hoy, no se presentó ninguna cadena extranjera ni se generó nueva inversión relevante”, reclamó MDS. “Chile requiere un modelo licitatorio moderno, competitivo y capaz de atraer inversión nacional e internacional”, puntualizó.

Corporación Meier, que dejará de operar Talca y gestiona Puerto Natales, aseguró que las exigencias económicas, técnicas y de inversión de la licitación “podían resultar desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado”.

“En particular, los mínimos de oferta económica, sumados a las obligaciones tributarias, regulatorias y de inversión aplicables, podían comprometer la viabilidad financiera de los proyectos, desalentando la participación de nuevos competidores”, añadió.

Pero no se quedó en reclamos, sino que también presentó un recurso de reposición ante la misma superintendencia, solicitando dejar sin efecto la licitación del martes, suspender la audiencia de recepción de ofertas y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que revise su legalidad dado que esta empresa fue notificada recién un día antes de la subasta, el lunes 10 de agosto, del rechazo de la SCJ a sus solicitudes de suspensión del proceso y de la decisión de emplear una equivalencia en unidades de fomento distinta a la de las bases del concurso.