Una de las principales “batallas” que ha iniciado el gobierno de José Antonio Kast es acelerar los proyectos de inversión en el país. Y para ello ha prometido reducir trabas que entorpezcan el avance, sin reducir los estándares requeridos.

Para avanzar en ese objetivo a través del Comité Económico, instancia que es presidida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se inició un trabajo coordinado entre Hacienda y Economía que abarca las tres etapas centrales del ciclo de inversión: la evaluación ambiental, la resolución de reclamaciones administrativas y la obtención de permisos sectoriales.

En ese marco, desde el Ejecutivo explican que el Ministerio de Hacienda ha liderado el desarrollo de sistemas de información y seguimiento para la gestión de proyectos en evaluación ambiental y reclamaciones, mientras que el Ministerio de Economía ha desempeñado un rol central en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y en el trabajo con los distintos servicios que participan.

Según lo señalado a Pulso por Hacienda, en la primera etapa, que es la evaluación ambiental, el Comité Económico ha realizado un seguimiento permanente de los pronunciamientos de los servicios públicos para que cumplan los plazos legales. Para ello, se “desarrolló un sistema de información que permite monitorear en tiempo real el estado de los proyectos y la gestión de los distintos organismos involucrados”.

Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica y jefe de coordinadores del Ministerio de Hacienda, afirma que “con más de 90 usuarios activos en el Estado y un esquema de rendición de cuentas periódica ante el Comité Económico, esta gestión ha permitido reducir la tasa de atrasos desde cerca de 35% al inicio del gobierno, a aproximadamente 10% en la actualidad, con el objetivo de seguir convergiendo hacia cero”.

La segunda etapa corresponde a las reclamaciones ambientales. A través de sistemas de información compartidos y revisiones periódicas en el Comité Económico, el Ministerio del Medio Ambiente logró resolver, durante los primeros 90 días de gobierno, el 98% de las reclamaciones que se encontraban pendientes al 11 de marzo. “El trabajo del Ministerio del Medio Ambiente ha sido notable en esta materia: los plazos de resolución de reclamos se han reducido en más de 50% desde el 11 de marzo, y se redujo la tasa de atraso de 55% a prácticamente cero desde que asumieron las nuevas autoridades”, puntualiza Bunster.

Y la tercera etapa, apunta a la obtención de permisos sectoriales, es la que se catastró a los 600 proyectos que ya tienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable obtenida durante los últimos dos años, con el propósito de identificar su estado de avance y los permisos críticos pendientes para su materialización.

“A partir de información proporcionada por los propios titulares, se identificaron las principales autorizaciones que están retrasando el inicio de las inversiones”, señalaron desde Hacienda.

Y por lo mismo, ahora se está trabajando directamente en los servicios competentes para agilizar la resolución de estos expedientes, junto con evaluar medidas que permitan hacer más eficientes los procesos de autorización hacia adelante.

Iniciativas atascadas

Al realizar el análisis de estos 600 proyectos que involucran inversiones por US$60 mil millones, hay 247 proyectos que mantienen alguna autorización sectorial pendiente, que involucran montos por US$30.150 millones. “Son precisamente estos últimos proyectos los que se encuentran más próximos a materializarse y sobre los cuales se están concentrando los principales esfuerzos de gestión”, explica Bunster.

Desde el Ministerio de Economía complementan que “los funcionarios de ambas carteras han contactado en los últimos meses a los titulares de cada iniciativa, con el objetivo de conocer el estado real de avance de los proyectos, identificar eventuales trabas para su ejecución y priorizar su revisión y seguimiento”.

En ese sentido, precisan desde la cartera que dirige el ministro Daniel Mas, la información levantada en esos contactos ha permitido distinguir entre proyectos en ejecución, proyectos próximos a iniciar obras y proyectos que, pese a contar con su aprobación ambiental, presentan rezagos o dificultades para materializarse.

“Este trabajo no se limita a un análisis administrativo o documental. Implica una gestión caso a caso, orientada a levantar información actualizada sobre la situación de cada proyecto, sus dificultades y sus próximos pasos”, destacan desde Economía.

Problemas detectados

Bunster menciona que las principales dificultades se relacionan con demoras en la tramitación y con la falta de uniformidad en los criterios de evaluación. “En algunos casos, determinadas autorizaciones pueden tardar períodos muy extensos en resolverse, mientras que distintos órganos o direcciones regionales aplican criterios diferentes frente a situaciones similares. Esto genera incertidumbre respecto de los plazos y requisitos que deben enfrentar los proyectos”.

En cuanto a los plazos para que puedan empezar a operar estos proyectos, Bunster sostiene que “no existe un plazo único, porque los proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo y pertenecen a sectores muy diversos”.

Sin embargo, para el coordinador de Regulación Económica de Hacienda, “una parte importante de los proyectos catastrados podría iniciar su ejecución una vez obtenidas las autorizaciones sectoriales críticas que hoy se encuentran pendientes”.

Por lo mismo, resalta que “las medidas de gestión impulsadas por el gobierno tienen el potencial de acelerar decisiones de inversión relevantes en el corto y mediano plazo, generando un impulso significativo a la actividad económica, el empleo y la productividad”.

Los 600 proyectos catastrados con RCA favorable otorgada en los últimos dos años se concentran principalmente en tres sectores: energía (43%), minería (21%) e inmobiliario (13%), que en conjunto explican casi el 80% de la inversión total.

De acuerdo al Ministerio de Economía, con el levantamiento realizado, el total de estas iniciativas considera alrededor de 80 mil empleos durante su etapa de construcción, lo que refuerza la importancia de acelerar su ejecución y remover obstáculos cuando corresponda.

“Después de conversar con muchos inversionistas, aparte de la certeza jurídica, lo que nos piden es ayuda para transitar en la maraña de permisos en que se ha convertido nuestro sistema”, asegura Daniel Mas.

El caso a caso

Desde Hacienda detallan la forma en que han ido contactando a cada uno de los titulares de los proyectos. “Los llamamos a ellos y les dijimos: usted obtuvo un permiso ambiental en los últimos dos años. ¿En qué está usted hoy día? Y las tres respuestas generales fueron estas: ‘Yo obtuve mi permiso, ya estoy en operación’; la segunda: ‘Mire, obtuve mi permiso, pero estoy en construcción todavía, por lo que no inicio mi desarrollo productivo’; y la tercera respuesta era: ‘Yo todavía estoy obteniendo permisos sectoriales’”.

Sobre este último universo, de 247 proyectos, fue que se empezó a hacer el seguimiento.

Al respecto, el gobierno les preguntó cuáles de todos los pendientes eran los más complejos. Y ahí la respuesta fue diferente de acuerdo a cada uno de los proyectos. Por ejemplo, algunos señalaron que necesitaban la autorización sanitaria del Ministerio de Salud, mientras que otros aludieron a permisos de excavaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, o acceso al permiso de vialidad.

Si bien desde el Ejecutivo mencionan que parte de este monitoreo ya existía en gobiernos anteriores, indican que el foco de esos seguimientos estaba concentrado en proyectos de gran envergadura. En cambio, ahora, en esta iniciativa, lo diferente es que se ha abarcado a todos los proyectos más allá de su tamaño, incluso por montos bajo los US$10 millones. “Esa es la gran diferencia, la universalidad del seguimiento”, realzan desde el gobierno.