Un complejo escenario mostró el primer estudio latinoamericano sobre prácticas empresariales contra el soborno, elaborado por un grupo de universidades latinoamericanas al alero del programa de Principios de Educación Responsable en Gestión (PRME) del Pacto Global de Naciones Unidas.

El capítulo chileno estuvo a cargo de académicos la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello (Unab), quienes analizaron a 519 empresas durante todo el primer semestre de 2018. Las firmas incorporadas se encuentran registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y están actualmente activas y realizan transacciones. Los países analizados fueron Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

El documento revela una elevada percepción sobre actividades relacionadas al soborno en las empresas a nivel latinoamericano, además de un escaso conocimiento de las herramientas legales que existen para evitar la corrupción.

Según los resultados el 95% de los directivos participantes de América Latina considera que en su país hay empresarios que ofrecen soborno. En el caso de Chile los resultados son los más bajos, aunque también se ubican en un nivel considerado alto.

"Los resultados por país no difieren en demasía respecto al promedio general. Todos los países participantes, con la salvedad de Chile (88%), respondieron en más de 94% sobre la existencia de sobornos en su nación", se explica en el documento.

No obstante, los números de percepción sobre el soborno cambian cuando se trata del sector en el que se desenvuelve la empresa encuestada. Así, si bien el 88% de las empresas locales consultadas considera que en el país hay empresarios que ofrecen soborno, al preguntarles si esto ocurre en su sector productivo el número cae a 59%.

El informe precisa que "los resultados por país denotan que en las empresas chilenas se perciben, en menor medida, sobornos en los sectores productivos participantes".

Respecto a las formas en que se concretan los sobornos, el 47% de las empresas encuestadas cree que el método más utilizado es el de contribuciones políticas.

"En cuanto a los esfuerzos que se realizan para prevenir el soborno en las contribuciones políticas, se determinó que el 50% de las compañías chilenas reporta no tomar ninguna de las acciones presentadas como alternativas", señala el informe.

Según la directora de la Escuela de Contador Auditor de Unab y una de las autoras del capítulo chileno, Maruzzella Rossi, esto sugiere que contribuciones políticas es una de las áreas más oscuras, ya que, en este caso, la acción de prevención más frecuente realizada, pero sólo con el 26% de reconocimiento, es llevar un registro contable formal de las contribuciones políticas que se realizan.

Modelos de prevención. Otro punto relevante es que si bien la mayoría de las empresas (61%) cuenta con código de ética o conducta que consideran estos temas, el 58,8% de las empresas chilenas no conoce las normas obligatorias que existen contra la corrupción. Esto hace suponer que las empresas realizan esfuerzos por su cuenta para evitar estas situaciones, pero desconociendo las normas legales al respecto.

"Esto resulta alarmante, pues indica que más de la mitad de las empresas contenidas en la muestra no conocen el marco legal bajo el cual están trabajando. También denota que, si es que se toman medidas en contra del soborno, esto ocurre por una decisión personal más que bajo una base coercitiva", complementa el documento.

Un último punto abordado fue la motivación para prevenir sobornos. Al respecto, el 52,4% de las empresas afirma estar movida por el sentido ético. Esto, según los autores, "reafirma el hecho de que las empresas que toman acción ante el soborno lo hacen por libre albedrío más que por el miedo a un castigo legal".