Hasta el pasado lunes, los acreedores del factoring Factop contaban con plazo para apelar la resolución dictada por la magistrada Mindy Villar Simón, del Séptimo Juzgado Civil de Santiago. El 13 de enero, la jueza acogió las impugnaciones presentadas por el liquidador Eduardo Godoy y por las empresas Tanner Servicios Financieros e Ingeniería y Construcciones M&T Limitada.

¿El resultado? el tribunal excluyó de la liquidación los créditos correspondientes a Global SME Growth Fund LP y a los familiares de Rodrigo Topelberg, entre ellos su exesposa Yael Speisky Rozebaun, su madre Aída Kleinkopf, y la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Alberto Angulo.

En respuesta a esta decisión desfavorable, Aída Kleinkopf, madre de Rodrigo Topelberg y socia de Daniel y Ariel Sauer en Factop, presentó una apelación con el objetivo de que la Corte de Apelaciones de Santiago revierta la resolución del tribunal de primera instancia. La matriarca de la familia Topelberg Kleinkopf reclama la restitución de $339.652.076.

La Sucesión Salvador Speisky, padre de Yael Speisky y suegro de Rodrigo Topelberg, también interpuso una apelación, solicitando la devolución de $957.054.708. En el mismo sentido, su hija Nicole Topelberg Kleinkopf demanda la restitución de $331.348.500, mientras que su excuñada Yudith Speisky reclama $100.000.000.

Yael Speisky, exesposa de Rodrigo Topelberg, exige la restitución de $126.000.000.

La sociedad de Inversiones Toklein Limitada, de propiedad de Topelberg, verificó un crédito por $563.861.967.

La familia está representada por el abogado Alejandro Awad, socio de BACS (Bascuñan Barra Awad Contreras Silva). Todos los miembros presentaron, de manera conjunta, un escrito de apelación de 11 páginas, en el que argumentan que las deudas son legítimas, ya que los acreedores suscribieron un contrato de cuenta corriente mercantil.

Por otro lado, Global SME Growht Fund LP, que exige la restitución de USD$6.538.986, también apeló a la resolución del tribunal de primera instancia.

El fondo inglés -asesorado por el abogado Esteban García Nadal- cuestionó la resolución que impugnó su crédito. “El fallo confunde la finalidad y naturaleza del procedimiento de verificación de créditos con la del juicio ejecutivo, incorporando requisitos no previstos en el artículo 129 N°7 de la Ley N°20.720 y desnaturalizando el mecanismo legal de determinación del pasivo del deudor", acotó.

“La sentencia impugnada le causa un agravio directo, actual y jurídicamente relevante, al excluir del pasivo concursal un crédito que fue oportunamente verificado, documentado y tenido por reconocido dentro del procedimiento de liquidación”, consignó.

Villalobos

Leonarda Villalobos y su esposo Luis Alberto Angulo, también apelaron a la resolución del tribunal de primera instancia. Ambos por escritos separados.

Villalobos reclama $410 millones, alegando que había prestado esa cantidad al factoring.

La abogada, que entregó el audio de la grabación que sostuvo con Daniel Sauer y Luis Hermosilla en el que planeaban el pago de coimas a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero, firmó ella misma su apelación. En el escrito. sostuvo que la resolución de la magistrada incurría en errores, como al señalar a ella misma como una “alta ejecutiva” o “persona relacionada” “La sola prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica, aun cuando sea permanente o relevante, no transforma al asesor en ejecutivo, ni le confiere poder de mando, dirección ni decisión sobre la operación social”, consignó.

Angulo, por su parte, insistió en el mismo punto de criticar la resolución del tribunal, defendió el rol de su esposa y exige la devolución de $600 millones.

“Si bien existe un vinculo conyugal de mi representado con la Señora Villalobos, pero esta no tenía ninguna calidad de alto ejecutivo de la empresa Factop, siendo una prestadora de servicios más, pero sin representación, no siendo directora, no siendo apoderada con mandato general”, dijo Angulo, representado por Danilo Arredondo.

Por su parte, los empresarios Moisés Fosk ($870 millones) y Jonathan Fosk ($108 millones) -representados por el abogado Matías Balmaceda- también apelaron a la resolución y buscan la restitución de sus fondos.