La ley de reforma previsional que aprobó el Congreso a inicios de este año definió que el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en agosto de 2026 pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años.

Pero desde 2026, “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, puntualiza la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Según establece una disposición transitoria, el gobierno debía enviar un nuevo proyecto, en un plazo máximo de tres meses (90 días) desde publicada la ley de reforma de pensiones, “para regular los ajustes operativos y regulatorios necesarios para el pleno traspaso del SIS del artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la forma en que las administradoras transferirán los recursos actualmente destinados al financiamiento de su operación, las mejoras a su funcionamiento, las normas que aseguren su sostenibilidad dentro del seguro y la licitación pública por medio de la cual se adjudicará, que realizará el administrador del FAPP”.

Esto generó muchas dudas entre los expertos y la industria aseguradora respecto de cómo funcionaría el SIS, dado que no se entregaron mayores detalles. Entre las interrogantes de la industria, una de las principales era si seguiría licitándose a las compañías, precisamente porque este es el seguro colectivo más grande que hay actualmente en el país, que cubre a más de 7 millones de personas.

También había dudas respecto de los cambios que habría en su funcionamiento, tanto de la industria como de los expertos. Desde ambos mundos han dicho con anterioridad que el SIS requiere de ajustes.

Finalmente este martes el gobierno salió a anunciar el contenido del proyecto de ley que iniciará su tramitación por el Senado, con suma urgencia.

En un punto de prensa realizado en el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Mario Marcel, explicó que en realidad “es un proyecto relativamente simple y relativamente corto”:

En concreto, el administrador del FAPP -la entidad a cargo de financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional- adjudicará el SIS a las compañías de seguros de vida que presenten la mejor oferta económica y celebrará los contratos con estas últimas.

En eso no hay cambios, más allá de que esas funciones hasta ahora las cumplían las AFP, pero ahora serán de cargo del FAPP. La primera licitación del SIS a cargo del FAPP será para el periodo que comienza el 1 de agosto de 2027.

Adicionalmente, se incorporó una normativa para que el administrador del FAPP realice estudios específicos sobre los costos de contratación del SIS entre licitaciones, para efectos de ir identificando cambios en la siniestralidad del seguro y su sustentabilidad dentro del Seguro Social.

Marcel puntualizó que, para ello, el FAPP “podrá analizar, entre otros elementos, la información sobre la población expuesta y la siniestralidad. Para el cumplimiento de esta función el administrador del FAPP estará facultado para solicitar la información necesaria a las instituciones públicas y privadas, y éstas estarán obligadas a entregar la información que les sea solicitada”.

También dijo que “en lo que se refiere a la gestión operativa del SIS, se mantiene en las AFP”. Detalló que esto “lo que incluye es el administrar las comisiones médicas establecidas en el artículo 11 del DL 3.500. Se mantiene el que las AFP deban costear las prestaciones médicas requeridas para la calificación de invalidez de los afiliados no cubiertos por el SIS, y que la Superintendencia de Pensiones continuará contratando el personal médico de estas comisiones médicas a honorarios con cargo a su presupuesto”.

Ello “tiene que ver con que las prestaciones del SIS contribuyen al financiamiento de las prestaciones del sistema de pensión de capitalización individual, cuya administración corresponde a las AFP”.

Consultado sobre por qué el gobierno optó por no hacer cambios de fondo para dar sostenibilidad al SIS, Marcel respondió que “no hay en estos momentos ningún antecedente que sugiera que hay un problema de sostenibilidad del SIS. Entonces, difícilmente uno tendría que hacer alguna reforma que modifique un sistema que no tiene problemas de sostenibilidad”.

En ese sentido, recordó “que en el último proceso de determinación de comisiones para el SIS, éstas se redujeron significativamente. Y el proyecto, por lo tanto, que se ha elaborado, es un proyecto que está 100% en línea con lo que estaba establecido en la reforma de pensiones”.

El superintendente (s) de Pensiones, Mario Valderrama, comentó que el proceso de calificación de invalidez “tiene un carácter evidentemente técnico. Dado eso, yo y el equipo de la Superintendencia, viendo la data existente, no se puede aseverar, como se ha dicho, de que exista algún patrón de fraude o de abuso. No hay ninguna evidencia empírica sólida para afirmar aquello”.