La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) tiene 45 medidas con que busca enfrentar la “economía ilícita”, que es la que impulsa el crimen organizado en toda la cadena de un negocio ilegal: producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos.

El objetivo del gran empresariado es enfrentar el negocio del crimen organizado desde diversas áreas. “Es indispensable seguir muy de cerca la ruta del dinero, de manera de menoscabar el interés económico del grupo criminal que está detrás de cada actividad ilícita y desarticularlo desde su razón de existir”, dice el documento de la CPC.

Ante este contexto, el gremio del gran empresariado comienza con la propuesta de “desarrollar una Política Nacional Contra las Economías Ilícitas”. El objetivo es “definir objetivos estratégicos, prioridades operativas, criterios de focalización basados en riesgo y mecanismos de gobernanza que permitan alinear la acción pública bajo una lógica común”.

Otra propuesta es crear una Unidad de Economías Ilícitas: “debe operar como un nodo central de generación de conocimiento, permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, la identificación de patrones y tendencias, y la emisión de alertas tempranas para la toma de decisiones”.

También se propone “fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros”. La propuesta presenta medidas para el “seguimiento de la ruta del dinero y la desarticulación de los circuitos económicos informales”. En este ítem, se resaltan la “persecución patrimonial” y “medidas que reduzcan la circulación de dinero en efectivo”.

La cuarta medida es un trabajo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para educar sobre la economía ilícita. Otra propuesta es canales de denuncias con garantías para quienes informen sobre una actividad ilícita.

Los productos que llegan a Chile

Por otro lado, el documento propone centros de control interinstitucional en zonas “estratégicas” donde pueden circular o llegar mercancías ilícitas, como pasos fronterizos o terminales de cargas, entre otros. La séptima medida plantea “escáneres fijos” para acelerar la fiscalización.

Ante este contexto, otra propuesta involucra un mayor personal capacitado para la seguridad de “recintos portuarios, extraportuarios y almacenes, con el fin de fortalecer el análisis, la detección y la disuasión”.

En el proceso de fiscalización de mercancía que llegue a Chile, la CPC propone elevar las exigencias y regulaciones del proceso en que se fijan medidas como los sellos de seguridad de los containers. En esa línea, también se proponen sellos digitales que permitan dar trazabilidad a los productos que llegan y perfilar el riesgo de cada contenedor.

Siguiendo con la línea de la trazabilidad, la CPC propone medidas para abordar el tema en relación con los medicamentos, “y evitar posibles desvíos”. Otra es para los vehículos robados, con un “sistema interoperable que permita la trazabilidad de vehículos robados en circulación por calles, autopistas y estacionamientos de acceso público”.

La medida número trece habla de “crear una plataforma única de registro de vehículos abandonados, recuperados o incautados, aprovechando el ya existente Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV)”.

La CPC también propone “avanzar hacia una interconexión entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Registro Civil”.

Ir más allá de la incautación

Otro grupo de medidas busca que se genere una persecución no solo penal, sino también patrimonial, con “investigaciones de mayor complejidad”. En esa línea, las propuestas buscan mayores sanciones ante los delitos.

El documento propone “tipificar como delitos graves los actos de criminalidad organizada que se desarrollen en los recintos portuarios, endureciendo la persecución penal del contrabando”.

“Fortalecer la ley que regula el delito de extorsión, elevando las sanciones para quienes incurren en ese delito en contra de funcionarios públicos”, dice la CPC como otra medida.

Finalmente, en este ítem, la CPC propone “perseguir activamente el delito de receptación en centros de acopio, redes logísticas, ferias y vía pública”.

Coordinación entre todos los actores

La CPC también estima la necesidad de mayor colaboración entre actores como municipios, policías, autoridades sanitarias y organismos tributarios. Esto “con el fin de fortalecer la presencia del Estado en el territorio”.

De esta forma, siete medidas plantean coordinaciones. Una de ellas es para fiscalizar en ferias, vía pública, retail informal y e-commerce.

Otra es para implementar un “registro nacional de infractores”.

La mayor coordinación también busca acelerar la destrucción de bienes incautados y mejorar la relación de los países vecinos frente al tema del comercio ilícito.

En un caso más particular, la CPC propone, en su medida número 22, ampliar el acceso a medicamentos en farmacias populares, hospitales y consultorios. La acción busca disuadir la compra de fármacos en ferias libres y otros recintos no aptos para esta actividad.

Otras coordinaciones tienen que ver con el robo de vehículos y para sancionar a quienes compran “productos ilegales sin exigir una boleta, reduciendo así la demanda”.

Trabajo legislativo

Otras dos medidas proponen acelerar tramitaciones contra el comercio irregular.

En detalle, se presenta la que tipifica como delito “la prescripción fraudulenta, la fabricación y comercialización de medicamentos falsificados y la venta ilegal de fármacos y regulación de la distribución de medicamentos”.

La CPC también destaca la propuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que considera los delitos de la ley de propiedad industrial como base del lavado de activos. Así, se recibe una mayor sanción a quienes participan en la venta de productos falsificados.

El gremio del gran empresariado también propone “avanzar en la tramitación del proyecto de ley que establece la emisión de un permiso de circulación estandarizado para todas las comunas del país”.

Otro proyecto a aprobar es el que “regula el mercado de desarmadurías y casas de remate en Chile”.

Sin finanzas ilícitas

La CPC también propone nueve medidas para que en el sector público-privado exista una mayor coordinación de información y alertas para posibles delitos en el sector financiero.

De esta forma, la medida aborda una mayor coordinación entre el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y representantes de la industria financiera (bancos, cooperativas, etc).

En ese ítem se incluye el “diseñar protocolos de acción coordinada entre el Municipio, la Policía y la Fiscalía para controlar y perseguir los casinos ilegales”.

El gremio también propone eliminar la Tasa Máxima Convencional (TMC), para facilitar el crédito a los segmentos de menores ingresos y que estos no utilicen canales de financiamiento ilicito.

Otra propuesta es llevar a cabo cambios a la Ley de Fraudes: “restituir el estándar de responsabilidad a culpa leve, sustituir los Juzgados de Policía Local por una sede administrativa y reponer la posibilidad de ofrecer seguros”.

Por su parte, la medida número 32 plantea dotar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “de atribuciones legales para poder intercambiar información nominada de operaciones sospechosas con los sujetos obligados y administrar o regular repositorios de información nominada de operaciones sospechosas y personas bloqueadas”.

El gremio además propone acciones contra quienes creen sitios web y avisos fraudulentos. Otra medida es sancionar la suplantación de identidad con fines financieros, “reconociéndola como un fenómeno distinto a la estafa tradicional, especialmente cuando es ejecutada de forma masiva mediante tecnología”.

Las medidas de la CPC igualmente apuntan a las plataformas de apuesta en línea. El gremio pide terminar con las que operan ilegalmente hoy, formalizar la actividad y aumentar la recaudación de esta actividad ya regularizada.

“Es importante la aprobación de la Ley del Subsistema de Inteligencia Económica, en especial lo relativo a las máquinas de juego y lo que regula las plataformas de apuestas online”, agrega la CPC.

La protección de materias primas

El último ítem tiene relación con el sector de materias primas. Las últimas 10 medidas tienen relación con acciones para frenar la comercialización de productos ilícitos o robados del sector de la industria minera, acuícola y maderera, entre otros.

En esa línea, las propuestas tienen que ver con la articulación entre los involucrados, mayor fiscalización y cambios normativos para persecuciones penales más severas, entre otras.