El gobierno definió la estrategia fiscal para su período de gobierno donde estableció que al 2030 pretende llegar a un balance fiscal de -1,5% del PIB dejando atrás la promesa de llegar a balance fiscal comprometida.

Esta información es clave para las clasificadoras de riesgos. De la tres principales, Moody’s fue la primera en entregar análisis sobre la decisión del gobierno.

De acuerdo a la visión que entrega la clasificadora, “el objetivo para 2030 es significativamente más débil que la trayectoria recomendada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) del país, que propone alcanzar un superávit fiscal del 1% del PIB para 2029-2030, con el fin de permitir también la recomposición de los anteriormente elevados colchones fiscales de Chile”.

En ese sentido, sostiene que el cumplimiento de los objetivos fiscales y de deuda “será fundamental, tras varios años de desviaciones —en ocasiones considerables— que han comenzado a mermar la credibilidad del marco fiscal de Chile”.

Si bien resaltan que “los gobiernos chilenos establecen objetivos fiscales claros para todo el período legislativo y el CFA es muy activo y se pronuncia abiertamente cuando existe el riesgo de desviación, la presión para que un gobierno adopte medidas que garanticen el cumplimiento de los límites fiscales autoimpuestos es limitada”.

En este punto resaltó que “la desviación fiscal del año pasado fue particularmente pronunciada, ya que el déficit finalmente superó en más de dos puntos porcentuales (pp) del PIB el objetivo revisado al alza por el Gobierno”.

Según se argumenta, “la desviación se debió principalmente a una sobreestimación de los ingresos, en particular los derivados de una nueva ley contra la evasión fiscal, pero también a un gasto superior al previsto”.

Así, dice la institución, la nueva trayectoria de la meta “refleja una posición de partida en 2025 sustancialmente más débil de lo previsto”.

Dado este escenario, la agencia sostuvo que esperan que el Gobierno adopte medidas en caso de que exista el riesgo de superar el límite. “En nuestro escenario base prevemos una estabilización del ratio de deuda cerca de los niveles actuales. No obstante, la trayectoria de la deuda de Chile es sensible a shocks económicos y fiscales, de modo que un crecimiento inferior al previsto o nuevas desviaciones respecto de los objetivos fiscales podrían elevar el ratio de deuda pública por encima del límite prudencial”.

Por lo mismo, recomiendan, “aunque la ratio de deuda es relativamente baja en comparación con el de muchos soberanos con calificaciones similares, dos características estructurales implican que la carga de la deuda del país debería ser inferior a la de sus pares para preservar su perfil crediticio”.

Ahí afirman que “en primer lugar, los menores niveles de riqueza de Chile —medidos por el PIB per cápita— se traducen en una base tributaria más reducida y una menor capacidad de absorción de shocks".

Y en segundo lugar, mencionan que “la economía sigue estando fuertemente concentrada en un número limitado de commodities, especialmente el cobre, cuyos precios se determinan a nivel global y fuera del control de las autoridades. Esta concentración hace que tanto el PIB como los ingresos fiscales sean más volátiles que en economías más diversificadas de sus pares”.

Por ello, enfatizan que “mantener una baja carga de deuda pública y reconstruir los colchones fiscales que históricamente distinguieron el perfil crediticio de Chile, es más importante para preservar la calidad crediticia soberana de lo que podría sugerir una comparación general de la deuda con la de otros países con calificaciones similares”.

En su análisis la clasificadora también resalta las señales que el gobierno ha dado en materia de contención del gasto público. En especial menciona el plan de ajuste de 3% en los gastos de los ministerios y la decisión de traspasar el aumento de los precios internacionales del petróleo a precios locales de los combustibles mediante una disposición excepcional del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. “Evitó un aumento sustancial del gasto fiscal” dice. En esa línea señalan que “ambas iniciativas son indicios tempranos del compromiso del Gobierno con una política fiscal prudente”. No obstante, tienen una proyección de 1,8% para el PIB de este año, que es más baja que el 2,1% previsto por el gobieno.

Para la clasificadora, “la reafirmación del límite prudencial de deuda en el 45% del PIB es una señal positiva del compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal. Este nivel ha sido calibrado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Chile con un alto grado de confianza”.