El recientemente publicado informe del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) ratifica que la temperatura global en la superficie del planeta ha aumentado consistentemente en las últimas cuatro décadas y entre 2011 y 2020 ha sido 1,09 °C mayor que el promedio registrado entre 1850 y 1900.
El informe también profundiza en los cambios en el clima en diversas zonas del planeta y para Chile se confirma la alta probabilidad de aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones, el aumento de la aridez y la reducción de la acumulación de nieve en la cordillera, aún en los escenarios de menor aumento de la temperatura promedio global.
Chile adhirió al Acuerdo de París y a pesar de su muy baja contribución a las emisiones globales, con el 0,25% de estas, ha adoptado varios compromisos a nivel país: alcanzar la llamada carbono neutralidad al 2050 y reducir en 30% sus emisiones al 2030 respecto al 2016, con un total de 95 MtCO2eq para ese año, entre otras. La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) al 2020 marca una estrategia general con un alto énfasis en la reducción y adaptación, y la Ley de Cambio Climático debería facilitar su implementación.
Muchas de las grandes empresas chilenas están activas fijando sus propias metas en cuanto a emisiones, y en algunos casos comprometiendo la carbono neutralidad al 2050; en particular las empresas exportadoras comprenden que el mercado mismo les exige contribuir a la reducción global. También han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con metas ambientales y sociales definidas. Todas estas metas requieren adaptación e innovación en las formas de producción, lo que es más difícil para la mediana y pequeña empresa, y se requieren políticas públicas, regulatorias y de fomento que apoyen su transformación.
Entre las políticas más visibles en este ámbito está la llamada descarbonización de la matriz eléctrica; el aumento de la generación eléctrica en base a fuentes renovables y la reducción de la generación a carbón deberían permitir que hacia el 2040, y en la medida que se haga realidad la posibilidad de almacenamiento eficiente para las energías renovables, la matriz eléctrica requiera una muy baja contribución de los combustibles fósiles.
Pero no se observan en nuestro país políticas públicas de la misma envergadura y empujadas con el mismo sentido de urgencia para enfrentar los efectos del cambio climático. El cambio en el patrón hidrológico que se proyecta representa un alto riesgo para el país, con fuertes consecuencias económicas y sociales. Se espera que en la costa oeste de Sudamérica aumente la frecuencia y profundidad de las sequías, con reducciones promedio de entre el 15% y el 20% en las precipitaciones; un aumento de la aridez y de clima propenso a los incendios forestales así como la reducción de los glaciares y la pérdida de depósitos de nieves eternas en la cordillera de los Andes, la reducción de los caudales de los ríos, y aumento del peligro de aluviones. Más allá de estas proyecciones, ya en la última década 7 de los 10 años han estado dentro del 10% más seco estadísticamente en las cuencas principales de la zona central de Chile. Las propuestas de adaptación relativas al recurso hídrico incluidas en el NDC 2020 son en su mayoría relativas a estudios, recopilación de información, y elaboración de estrategias para el período 2021 y 2030, no a políticas concretas con efectos en la disponibilidad, conservación y/o uso más eficiente del recurso. Por otra parte, a nivel político, la discusión se focaliza en aspectos de propiedad y derechos de uso, y no en desarrollar acciones para aumentar la disponibilidad.
Enfrentar el cambio en los patrones de comportamiento hídrico llama a repensar drásticamente la forma en que se maneja el recurso. De la administración de la escasez se debe pasar a una estrategia de transformación e innovación en el uso, conservación y aumento de la disponibilidad de agua. La agricultura y la industria deberán adoptar tecnologías que les permitan aumentar la eficiencia en el consumo y reducir su dependencia de las aguas continentales; en el consumo humano requiere potenciarse el buen uso y la conservación; se requiere invertir en la retención de caudales que se pierden por escorrentía, y en el aumento de la disponibilidad a través de inversiones en desalinización, entre otros. Para esto es imprescindible una alta coordinación y colaboración público-privada. Es una tarea que debería ser enfrentada como un proyecto de alta prioridad política y de largo aliento, con una gobernanza que permita subsanar los graves problemas de coordinación del Estado en las áreas de manejo de recursos naturales. Todo indica que la escasez hídrica es una realidad al menos en varias regiones del país, y requiere ser encarada sin dilación.