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Tribunal decreta sobreseimiento de ejecutivas de Nevasa por millonario fraude a Itaú

La resolución del tribunal de garantía cierra definitivamente la persecución criminal contra las dos ejecutivas, aunque no afecta el curso de las acciones civiles que Itaú mantiene vigentes para intentar recuperar los fondos remanentes.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió decretar el sobreseimiento definitivo de las exejecutivas de la corredora de bolsa Nevasa, Sandra Ardila Acosta y Pamela Novoa Bustamante. Ambas profesionales permanecían imputadas por los presuntos delitos de estafa y administración desleal en el marco de una defraudación de divisas que generó un perjuicio patrimonial superior a los $14.300 millones al Banco Itaú.

Durante la audiencia, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento debido a que, tras la etapa de indagatoria, no se reunieron antecedentes que permitieran sustentar una acusación penal contra las operadoras. Ante la postura de la fiscalía, la magistrada Camila Aguayo Arévalo aplicó el sobreseimiento total de las ejecutivas, quienes quedaron exentas del pago de costas judiciales.

La resolución del tribunal de garantía cierra definitivamente la persecución criminal contra Ardila y Novoa, aunque no afecta el curso de las acciones civiles que Itaú mantiene vigentes para intentar recuperar los fondos remanentes. El banco, que ya logró restituir cerca de $3.000 millones mediante acuerdos con terceros beneficiarios, enfoca ahora su estrategia en la responsabilidad institucional de la corredora externa en la ejecución de las operaciones cuestionadas.

Pamela Novoa contó con la asesoría legal de Matías Künsemüller.

El abogado Cristián Muga señaló que “siempre hemos afirmado que Nevasa no tuvo participación en el fraude denunciado por el Banco Itaú. Así lo confirma el sobreseimiento definitivo dictado en favor de nuestras ejecutivas y nos permite ratificar que Nevasa lejos de haber participado en este delito, fue una de sus víctimas”.

El caso tiene origen cuando el 7 de febrero, Banco Itaú presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por el presunto delito de administración desleal. La acción legal se dirige contra el exsubgerente de FX Spot y Monedas de la institución, Rodrigo Flores, y cuatro operadores de la plataforma Datatec pertenecientes a la corredora Nevasa: Sandra Ardila, Pamela Novoa, Diego Correa y Leonardo Medina. Posteriormente, con fecha 11 de abril, el banco amplió esta querella para incluir a los inversionistas Lázaro Ventura Calderón y Yair Ventura Arraztoa.

La denuncia sostiene que los querellados articularon un esquema de 426 operaciones de compraventa de dólares a través de la plataforma Datatec. Según los antecedentes entregados al tribunal, estas transacciones permitieron aplicar tipos de cambio artificialmente alejados de la realidad del mercado, provocando pérdidas millonarias para el banco. La investigación interna apunta a que los operadores de Nevasa Corredores de Bolsa validaron dichas transacciones, actuando como intermediarios para encubrir el fraude.

De acuerdo con la tesis de la entidad bancaria, los beneficiarios finales de esta estructura fueron Lázaro Ventura Calderón y su hijo, Yair Ventura Arraztoa. Ambos mantenían cuentas en Nevasa donde se recibían los dólares adquiridos bajo condiciones preferenciales ilícitas, según afirmó la querella de Itaú. Con la ampliación de la acción penal, el banco de capitales brasileños solicitó perseguir la responsabilidad penal de quienes habrían obtenido la ventaja económica directa resultante de esta manipulación de mercado.

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