Es una idea que ha estado presente en el debate tributario y económico chileno durante los últimos años. Incluso se planteó en la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Gabriel Boric -y que no prosperó-: la necesidad de reducir la tasa de impuesto de 27% que pagan las empresas en el país, dado su elevado nivel respecto de otros naciones.

Por esta razón, en un nuevo intento por reducir esa tasa corporativa, ahora la administración de José Antonio Kast incluyó como eje central de la megarreforma que presentó la semana pasada la propuesta de reducir el impuesto de primera categoría tanto para las grandes empresas como para las pymes, estableciendo una tasa única de 23%.

La reducción será gradual para las grandes empresas en tres años. Así, en 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028, a 24% (operación renta 2029) y en 2029, a 23% (operación renta 2030).

El gobierno ha dicho que esta medida beneficiará a 150 mil empresas que emplean a más de 5 millones de trabajadores (53% del mercado laboral formal) y que concentran el 90% de la inversión en Chile.

En el caso de las pymes, se mantendrá el régimen de reducción transitoria de 12,5% entre los años comerciales 2026 y 2027, y de 15% en 2028, de cumplirse determinados requisitos.

Si bien la medida es apoyada mayoritariamente por los expertos, donde no existe consenso es en la forma de compensar el costo fiscal que significa aplicar una reducción de esa magnitud. En este caso, se estima una merma en la recaudación de unos US$1.800 millones anuales en régimen, que el gobierno pretende financiar con el mayor crecimiento económico que implique la medida.

Los expertos argumentan que al estar el actual nivel del impuesto en Chile, de 27%, muy por sobre la realidad de otros países, esto le resta competitividad a las empresas a nivel local para poder generar inversiones y, por ende, crecimiento económico. Y esa argumentación se sustenta, efectivamente, al contrastar con la situación de otras jurisdicciones.

De hecho, según el último informe de Estadísticas de Impuestos Corporativos 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), dicho tributo en Chile se ubica por sobre el promedio que tienen los países de ese bloque, que es de 24%. Pero no solo eso, también es incluso mayor si se compara con el promedio de América Latina y el Caribe, y del mundo, el que en ambos casos llega al 21%.

Carlos Smith, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (UDD) indica que “se debe considerar la señal institucional al mundo. Entre el 2000 y el 2025, 114 países rebajaron su tasa corporativa y solo 16 lo terminaron aumentando. Cuando nosotros hicimos la reforma del 2014, los países de la Ocde iban bajando su tasa; en cambio, nosotros la fuimos subiendo. Chile fue parte de un grupo minoritario que en 25 años la subió, y eso es una señal importante para el mercado. Fuimos contra la corriente, lo que en un mundo donde el capital se mueve rápidamente, se paga”.

“Esta discusión se tuvo el 2016, antes que entrara en vigencia la reforma de Michelle Bachelet, donde se planteó que el alza del 21% al 27% podría tener un efecto nocivo en la inversión, lo que finalmente terminó pasando con el bajo crecimiento que ha experimentado Chile y también de manera inversamente proporcional con uno de los rendimientos del crecimiento más bajos de Latinoamérica”, sostiene Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores.

En tanto, Andrés Alessandri, socio del estudio Mena Alessandri & Asociados, plantea que “una tasa más alta provoca que, al comparar proyectos de inversión, sea un desincentivo. Lo anterior se explica por el mayor costo que se debe pagar respecto de la inversión que se puede hacer en otro país, ya sea uno miembro de la Ocde o que esté en Latinoamérica”.

En todo caso, para Alessandri “la tasa como único factor no entrega toda la información necesaria. Se debe evaluar el sistema tributario como una figura integral”.

La realidad local

En concordancia con lo que señalan economistas y tributaristas, si se analiza la evolución que ha tenido la tasa de impuesto de primera categoría que pagan las empresas, Chile ha tenido aumentos sostenidos durante la última década, en contraposición a lo que han hecho varios otros países.

Si en 2010 Chile tenía un tributo corporativo de 17%, en 2018 se llegó a 27%, nivel que se ha mantenido hasta ahora. En cambio, la Ocde, por ejemplo, en 2010 tenía un promedio de 25%, y ahora se ubica en 24%. En ese mismo lapso, el promedio de América Latina y el Caribe pasó de 23% a 21%.

De los 38 países que conforman la Ocde, Chile se sitúa entre los 10 primeros con la mayor tasa de impuesto a las empresas. La lista la encabeza Francia con 36%, seguido por Colombia con 35% y Portugal con 31%. Luego aparecen Alemania, Australia, Costa Rica, México y Japón con una tasa corporativa de 30%, y de ahí Nueva Zelanda con 28% y Chile con 27%.

En la otra vereda, los países que tienen la menor tasa impositiva son Hungría con 9%, Irlanda con 13%, Lituania con 16% y Polonia con 19%.

¿Impulso a la economía?

En relación al nivel de la tasa corporativa surge otro debate: si su rebaja genera necesariamente un impulso mayor a la inversión y al crecimiento económico, ¿y de qué magnitud? Entre los especialistas no hay una sola mirada, ya que se plantea que el acelerar la inversión es multifactorial.

“En general, los extranjeros que invierten en Chile lo hacen desde países con convenios. Ellos pueden aprovechar como crédito el impuesto corporativo; por lo tanto, la carga final del proyecto sigue siendo 35%. Esta baja del impuesto corporativo, si bien ayuda, se debe evaluar con mayor detalle”, afirma Alessandri.

Smith manifiesta que “uno debería esperar que, si se rebaja ese impuesto, un proyecto de inversión tendrá una rentabilidad mayor, lo que generará crecimiento y más empleo, pero claramente tiene que ir acompañado de otras cosas. Para el objetivo de generar más empleo, no basta con solo bajar el impuesto, necesitamos reglas claras, necesitamos entregar la confianza”.

Jaque se suma a esos argumentos y comenta que “va a depender de muchos otros factores; no solo es el tema de la tasa del impuesto de primera categoría, sino también liberar todos los temas burocráticos, la permisología”.