Después de cinco años consecutivos de aumentos, las denuncias por agresiones laborales registradas por Mutual de Seguridad marcaron un descenso, según establece el informe “Agresiones y violencia laboral en Chile”. Entre enero y mayo de 2026 fueron 5.258, un 11% menos que en el mismo período de 2025. La caída abarcó los accidentes del trabajo asociados a agresiones directas (-11%), los accidentes de trayecto (-10%) y las enfermedades profesionales vinculadas con violencia sostenida (-17%).

El dato, equivalente a unas 35 denuncias por día hábil, parece mostrar una descompresión. Pero no admite una lectura lineal. La propia entidad advierte que la entrada en vigencia de la Ley Karin, en agosto de 2024, abrió un canal específico para reportar acoso laboral, acoso sexual y violencia ejercida por terceros. Parte de la reducción podría responder, por tanto, a un traslado de casos hacia esa vía y no necesariamente a una baja equivalente de los episodios.

“Todavía no es posible determinar con total certeza cuánto corresponde a cada factor”, reconoce Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual. Aunque el ejecutivo sostiene que los datos sugieren una disminución real —al comparar los mismos centros que denunciaron en 2025 y 2026 la baja llega al 17%—, admite que el cambio en los mecanismos de reporte obliga a interpretar la tendencia con cautela.

La distinción es relevante. El informe mide denuncias ya calificadas dentro de una población cercana a 2,4 millones de trabajadores adheridos a Mutual, no todos los hechos ocurridos en Chile. Excluye 147 casos todavía pendientes y no representa a los afiliados de otros administradores del seguro laboral. Es una radiografía amplia, pero no un catastro nacional.

Los registros de la Ley Karin muestran un volumen elevado de acusaciones. Mutual recibió 11.968 durante 2025, casi mil por mes. En un universo distinto, la Dirección del Trabajo contabilizó 66.596 solicitudes entre agosto de 2024 y diciembre de 2025; 26.862 fueron preclasificadas bajo la ley. De 6.105 investigaciones terminadas, constató vulneraciones en 1.258, un 20,6%. Las cifras no son comparables directamente, pero ilustran la distancia entre presentar una denuncia y acreditar una vulneración, de acuerdo con el balance oficial de la Dirección del Trabajo.

Un fenómeno cada vez más femenino

La baja tampoco se distribuye por igual. El 58,9% de las víctimas registradas por Mutual en 2026 fueron mujeres, la mayor proporción de la última década. En 2015 representaban el 32%, y hoy corresponden a cerca del 40% de la fuerza laboral cubierta.

Al ajustar por población, Mutual calculó 3,34 denuncias por cada mil trabajadoras, frente a 1,55 entre los hombres: una tasa 2,16 veces mayor. No equivale a medir directamente la probabilidad de sufrir violencia, pues pueden influir la ocupación, la exposición y la disposición a reportar.

En la Ley Karin, el 68% de las denuncias recibidas por Mutual en 2025 correspondió a mujeres. En salud llegaron al 81%, en enseñanza al 77% y en administración pública al 75%. La Dirección del Trabajo ha observado el mismo predominio femenino en sus registros administrativos.

Jaramillo evita atribuir el resultado a una sola causa. Apunta a la concentración de trabajadoras en salud, educación y cuidados —actividades con interacción permanente con usuarios, pacientes, estudiantes y familias—, además de posibles diferencias en la exposición y en la conducta de denuncia. El estudio de Mutual no fue diseñado para establecer quién agrede a quién ni para medir consecuencias diferenciadas por sexo, por lo que esas explicaciones permanecen como hipótesis, explica.

Un mapa que cambia al calcular tasas

La Región Metropolitana reunió 2.684 denuncias, el 51% del total, pero su tasa —1,80 por cada mil trabajadores cubiertos— fue la más baja entre las regiones densamente pobladas. Magallanes encabezó el indicador con 5,59; Arica y Parinacota llegó a 5,33 y Tarapacá, a 5,01.

En Magallanes los casos pasaron de 25 a 67, un salto que exige cautela por el reducido tamaño regional y las nuevas adhesiones. Al comparar los mismos centros, el aumento estimado baja a cerca de 46%. Mutual menciona como posibles factores las jornadas extensas, los turnos, la rotación y el aislamiento, pero reconoce que son hipótesis pendientes de estudios específicos. El patrón territorial se repite en sus datos de Ley Karin: los mayores índices se ubican en el norte grande y el extremo austral, mientras la capital lidera solo por volumen.

Educación: el alza que requiere una segunda lectura

Mientras transporte, comercio, construcción y servicios disminuyeron, enseñanza fue el único gran rubro que creció de manera significativa. Los establecimientos adheridos a Mutual reportaron 1.417 agresiones en los primeros cinco meses del año, 21% más que en 2025. El 85% de las víctimas fueron mujeres.

El aumento bruto exagera el cambio dentro de los mismos colegios. Al comparar solo establecimientos que reportaron en ambos años, el alza se reduce a 1,6%, equivalente a 14 casos. El grueso provino de centros recién incorporados a Mutual o que denunciaron por primera vez.

La violencia no escaló 21% en las mismas aulas, pero tampoco está resuelta. “Sería incorrecto atribuirla a un único origen o actor”, puntualiza Jaramillo. Los relatos mencionan estudiantes, apoderados y conflictos entre trabajadores, sin cuantificar la participación de cada grupo.

Los docentes de aula regular sumaron 743 denuncias, 7% más que en 2025, y los educadores diferenciales, 158, con un aumento de 11%. La mitad de los casos, sin embargo, está clasificada bajo categorías genéricas de oficio, lo que impide construir un mapa completo.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, describe un continuo que va desde insultos, amenazas y hostigamiento en redes sociales hasta agresiones físicas. Con los estudiantes, dice, los incidentes son más cotidianos; con los apoderados serían menos frecuentes, pero más intensos.

“La pandemia aceleró un fenómeno que ya estaba incubándose”, sostiene Aguilar. A su juicio, una nota, una sanción o una discrepancia pueden detonar reacciones desproporcionadas. Advierte que los controles pueden ser necesarios ante armas, pero son insuficientes frente a las causas sociales, familiares y organizacionales.

Inclusión sin recursos suficientes

Uno de los puntos más sensibles son los 230 relatos que mencionan situaciones asociadas a estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA). Fueron 273 en 2025: el nivel sigue alto, pero deja de acelerarse.

Mutual, el gremio y los especialistas coinciden en que no corresponde responsabilizar a los niños ni a sus familias. El foco está en la capacidad del sistema para manejar episodios de desregulación: personal especializado, formación, protocolos y espacios adecuados.

Aguilar respalda la inclusión, pero afirma que faltan recursos humanos y materiales. Menciona cursos numerosos y apoyos especializados discontinuos. “El problema no son ellos; el problema es un sistema que no les está entregando lo necesario”, enfatiza. Mutual aclara que no evaluó las deficiencias de los colegios, aunque ve necesario fortalecer el apoyo en aula.

Un estudio publicado por SUSESO en 2025 entrega otra señal. De 758 trabajadores encuestados, el 90,7% dijo haber vivido violencia de estudiantes o apoderados en los seis meses previos, principalmente de baja intensidad; un 21,6% reportó agresiones físicas sin armas y un 7,6%, con armas.

Los autores advierten que el cuestionario circuló mediante el Colegio de Profesores y que la muestra está más ligada al mundo sindical y al sistema público, por lo que no debe extrapolarse al país. Sí hallaron una exposición significativamente mayor entre quienes ejercen docencia en aula.

El daño que continúa después de la agresión

La violencia no termina con el episodio. Ximena Adonis, psicóloga dedicada a la salud mental y el bienestar organizacional, explica que puede provocar desde malestar transitorio hasta ansiedad, estrés agudo, agotamiento y síntomas postraumáticos. Influyen la frecuencia de los hechos, el estado previo de la persona, sus redes de apoyo y la respuesta que recibe.

La inseguridad persistente mantiene activada la respuesta de estrés y puede expresarse en problemas de sueño, dolores de cabeza, desconcentración o aislamiento. Si no existe un período adecuado de recuperación, la afectación puede extenderse al desempeño, las relaciones laborales, las licencias médicas y el ausentismo, describe la especialista.

La reacción institucional, sostiene Adonis, puede amortiguar o agravar ese daño. Una respuesta tardía o indiferente genera desprotección y pérdida de confianza. Por eso, plantea que el acompañamiento debe incluir contención inmediata, denuncia, medidas de protección, preparación del reintegro y una revisión posterior de lo ocurrido.

Aguilar cuestiona que el sistema responda siempre a esas necesidades. Afirma que algunos docentes reciben reposos breves y regresan rápidamente a clases, sin suficiente consideración del impacto psicológico. “No es solo el impacto físico de una agresión”, sostiene el dirigente.

Desde Mutual, Jaramillo insiste en que las cifras deben interpretarse con cautela. La caída de las denuncias generales, señala, coincide con la apertura de un canal específico bajo la Ley Karin, mientras el aumento observado en educación está fuertemente influido por la incorporación de nuevos establecimientos. En los colegios que ya denunciaban durante 2025, el incremento fue de 1,6%.

Para Aguilar, esa corrección estadística no altera la experiencia que reportan los docentes. “Hemos llegado a calificar la profesión docente como una profesión de alto riesgo”, afirma. Luego plantea una pregunta que, a su juicio, excede a los establecimientos y al propio gremio: “¿Cómo hemos llegado a un punto en que ir a trabajar a una escuela puede implicar un riesgo?”.

Adonis sitúa una parte de la respuesta en lo que ocurre inmediatamente después de cada episodio. Además de adoptar medidas concretas antes del retorno al aula, explica, la institución debe informar al trabajador cómo será protegido. “Hacer sin comunicar no reporta beneficios”, advierte. Y agrega: “Lo más importante es que la persona no se sienta sola”.