SEÑOR DIRECTOR:

Florencia Croxatto en su reciente carta afirma, en el contexto de la discusión sobre el CAE, que la “irresponsabilidad no está en cobrar una deuda. Está en haber prometido por años que desaparecía”. Es cierto que el endeudamiento se explica por esa promesa no cumplida del gobierno anterior, que descansa en razones ideológicas bien cuestionables (no pagar, derechamente). Sin embargo, Croxatto pasa por alto una realidad importante: una cosa es cobrar una deuda y otra muy distinta es el modo en que se cobra.

Es cierto que existe un problema de interpretación jurídica, pero ante todo el punto es político. Desde antiguo sabemos que la virtud de los gobernantes es la prudencia , que obliga a distinguir situaciones según sus circunstancias. El gobierno, tal como la misma carta lo muestra, se escuda en que “principalmente” los embargos se están realizando sobre deudores de ingresos iguales o superiores a 3,5 millones mensuales. Las informaciones son ambiguas y tienden a evitar dar razones sobre casos concretos en que se han cometido injusticias, quizás porque están dispuestos a traspasar ese límite. Como se sabe, hay casos de personas que sí han sido embargadas con ingresos a veces muy inferiores a esas cifras, con responsabilidades que asumir y sin un horizonte educativo muy claro.

El criterio se replica en varios temas. Con la inmigración, por ejemplo, el gobierno ha sido incapaz de distinguir entre distintos tipos de situaciones migratorias, usando un discurso ofensivo contra estas personas y sus familias. El problema es político: sin gobernantes prudentes, a troche y moche, no saldremos de la crisis.

Luis Robert V.

Abogado