La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó este viernes una resolución que faculta a la Cámara a suspender de forma directa al fiscal general del Estado cuando este resulte imputado por un delito grave, como ocurrió con el actual titular Roger Mariaca, y otorga a las autoridades políticas la designación de un titular del Ministerio Público interino para cubrir eventuales ausencias.

“Vamos a implementar (la medida) para que una persona pueda hacerse cargo momentáneamente por tres meses, para que quede al mando de la Fiscalía. No puede quedarse la misma persona (implicada en un delito) o uno de su equipo (...) porque han sido parte del equipo del fiscal (Roger Mariaca), entonces no hubiera la garantía de la transparencia”, apuntó el presidente de la ALP, Diego Ávila, ante el pleno.

De la misma forma, el senador explicó que la modificación de la Ley número 260 del Ministerio Público busca dar transparencia a las investigaciones que se lleven adelante cuando el fiscal general esté involucrado en un delito grave, como en el caso reciente de Mariaca, acusado por narcotráfico.

“Entonces vamos a colocar a una persona (interina), que nada tiene que ver en el entorno del fiscal que se salió (...) en los tres meses tiene que cumplir la tarea que se le encomiende la Asamblea, no el Ejecutivo”, argumentó.

Esta resolución, aprobada por mayoría de dos tercios, llega después de que el actual fiscal general interino, Luis Montaño, presentase esta jornada una declaración en la que asumía el puesto del nuevo fiscal general de manera interina, amparándose en la Ley del Ministerio Público y por ser uno de los fiscales más antiguos.

Horas después, el gobierno de Bolivia señaló que la Policía detendría a Montaño por usurpación de funciones e intento de obstaculización de la investigación contra las autoridades involucradas en el caso Marset, en el que está implicado Mariaca.

El Ejecutivo boliviano acusó al fiscal interino de intentar frenar las indagaciones contra los detenidos, acusándolo así de ponerse de parte “del narcoterrorismo y de la estructura criminal” y asegurando que, por ello, “recibirá una respuesta firme y directa de parte del Gobierno”.

Fiscalía pide prisión provisional para Mariaca

Durante este viernes, la Fiscalía de Bolivia solicitó prisión provisional durante seis meses para el fiscal general, Roger Mariaca, y los magistrados Alberto Zeballos y Martín Irusta, detenidos esta semana bajo acusaciones de narcotráfico.

El Ministerio Público imputó formalmente a los tres fiscales así como al agente de Policía Rubén Aparicio, por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, solicitando que permanezcan bajo custodia en las cárceles de San Pedro y Patacamaya, en La Paz, la capital boliviana.

El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo anunció durante una sesión del Parlamento, después de que las autoridades detuvieran a los cuatro acusados y otras 10 personas en la misma causa.

Este misma jornada, el fiscal del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez, presentó su renuncia al cargo, después de que la Policía registrara las oficinas de la Fiscalía, que mantiene acordonadas.

El episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos puso el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que prohibió la entrada al país y aplicó sanciones.

En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por “abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.