Argentina anunció este viernes una plan para ofrecer la ciudadanía a extranjeros a cambio de aportes en efectivo o inversiones en bonos del gobierno, mientras el presidente Javier Milei busca en el extranjero nuevas fuentes de dólares para la endeudada nación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien presentó el llamado “pasaporte dorado” en un evento para inversores en París, Francia, y señaló que se espera que las solicitudes se abran antes de fines de este año.

Como consignó The New York Times, en el marco de este programa quienes donen o presten al gobierno argentino cientos de miles de dólares pueden obtener la ciudadanía argentina y, con ella, acceso sin visado a cientos de países.

“El pasaporte argentino es un pasaporte que realmente se utiliza muy bien, es aceptado en más de 140 países”, afirmó Caputo, refiriéndose a los destinos que sus connacionales pueden visitar sin tener una visa por adelantado, desde China y Rusia hasta el espacio Schengen de Europa y la mayor parte de América Latina.

El secretario de Estado además aseguró durante la cita en la capital gala que “este será un canal más a través del cual podremos vender Argentina al mundo”.

En detalle, los solicitantes tienen dos opciones: hacer un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro argentino o invertir US$800.000 en un nuevo bono del gobierno que debe mantenerse durante siete años.

Al respecto, Eric Major, director ejecutivo de una empresa con sede en Malta que asesora al gobierno transandino sobre el programa, predijo que la gran mayoría de los solicitantes optaría por donar en lugar de comprar un bono, dado el largo historial de impagos de deuda de Argentina.

Los aportes aumentarían según el tamaño de la familia. Es así como se espera que una familia de cuatro pague US$500.000 dólares, indicaron funcionarios de acuerdo a AP.

La misma agencia hizo notar que conseguir dólares es crucial para Milei mientras se prepara para postularse a la reelección el próximo año.

El Tesoro argentino enfrenta casi US$25.000 millones en pagos de deuda en moneda extranjera con vencimiento en 2027. Pero, tras haber reducido sus opciones de financiamiento, al postergar un regreso a los mercados internacionales de bonos, el gobierno busca fuentes alternativas de ingresos.

Los programas de “pasaportes dorados”

El anuncio del Ejecutivo transandino se produce después de que la Unión Europea y Estados Unidos presionaran a otros países para que endurecieran o suprimieran programas similares, considerados vulnerables a la explotación por parte de evasores fiscales o personas acusadas de delitos que buscaban evitar ser procesadas.

Los pasaportes de alto precio también han provocado una fuerte reacción pública por ofrecer derechos y privilegios a los ricos en un momento en que las fronteras se cierran cada vez más a los inmigrantes más pobres, como apuntó The New York Times.

Los llamados programas de “visa dorada” se han vuelto cada vez más comunes entre los países con escasez de efectivo que luchan por atraer a extranjeros con grandes recursos, y alrededor de 60 naciones ofrecen privilegios de residencia a cambio de inversiones únicas.

El presidente Donald Trump, lanzó su propio programa de “tarjeta dorada” para Estados Unidos el año pasado.

Los programas de ciudadanía por inversión, en tanto, van más allá, porque ofrecen más derechos y un pasaporte que abre puertas en el exterior. Solo alrededor de una docena de países tienen programas activos, entre ellos, algunos pequeños estados insulares del Caribe, de acuerdo a AP.

Sin embargo, los “pasaportes dorados” también han provocado escándalos después de que personas que blanqueaban dinero u otros delincuentes y fugitivos los obtuvieran para evadir a las fuerzas del orden.

“Inevitablemente atraen a gente de dudosa reputación”, le dijo a The New York Times Atossa Araxia Abrahamian, periodista que escribió un libro sobre la venta de ciudadanías.

En este aspecto, el gobierno argentino indicó en un comunicado que las solicitudes estarían sujetas a un riguroso proceso de evaluación, que incluiría la verificación del origen de los fondos de los solicitantes, así como la comprobación de sus antecedentes penales y de reputación.