Pese a que la sentencia del control obligatorio del Tribunal Constitucional sobre la megarreforma eliminó ciertos criterios clave, desde La Moneda destacaron el visto bueno al grueso del proyecto para su pronta promulgación.

La ley de reconstrucción es el proyecto estructural que impulsó el gobierno de José Antonio Kast desde su instalación y que tiene como objetivo impulsar la inversión y el crecimiento económico.

La iniciativa se aprobó el 4 de agosto del Congreso, pero recién este viernes está en condiciones de avanzar a ser ley luego del fallo del TC. Se espera que se cumpla con ese hito durante la próxima semana.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, resaltó el visado del órgano jurisdiccional.

“Una vez que el Tribunal Constitucional emitió el fallo de control preventivo, lo que corresponde ahora es promulgar”, remarcó.

“Lo más importante de este fallo es que el proyecto está en condiciones de ser promulgado como ley de la República, lo que nos trae como gobierno una gran esperanza de que con este proyecto de reconstrucción nuestro país pueda recuperar el impulso, el crecimiento y la certeza política”, agregó.

La autoridad del Ejecutivo se mostró conforme, a pesar de que el TC hizo reparos. Uno de los cambios contenidos en la ley que el tribunal visó solo parcialmente, es el mecanismo que se fijó para reponer los recursos a los municipios, por la eliminación de las contribuciones para adultos mayores.

Específicamente se debe a la compensación a los propios ingresos y no a la parte que se redistribuye vía Fondo Común Municipal (FCM), que quedó ligada a una reducción en el plazo de los permisos municipales. Eso fue declarado inconstitucional por parte del TC. Ahora, la compensación será a todo evento. Así, el TC declaró inconstitucional el requisito que condicionaba las compensaciones a municipios (por la exención de contribuciones a adultos mayores) a la reducción de un 30% en los tiempos de trámites de permisos.

El TC también declaró inconstitucional una norma que permitía, transitoriamente, que ingresos por la nueva modalidad de cobranza de patentes no se destinaran, en el porcentaje que la ley determina, al FCM. El fundamento fue que solo cuatro comunas tienen la obligación de destinar parte de su recaudación de patentes al FCM: Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura.

El órgano, previamente, ya había declarado inconstitucional también la norma que permitía una indemnización por parte del Estado a los proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada pero luego anulada por la justicia para resarcir ese problema.

El subsecretario declaró al respecto: “Vamos a analizar los efectos de este fallo específico, de esta parte específica del proyecto de ley. Sin embargo, lo más relevante es que el proyecto avanza para poder ser promulgado”.