SEÑOR DIRECTOR:

Nos duele profundamente la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento de las familias y comunidades de Ñuble y Biobío afectadas por incendios que arrasaron sus viviendas, sus empleos y su entorno, junto con extensas masas vegetales, suelos y biodiversidad. La indignación es comprensible cuando se constata que, en algunos casos, no se adoptaron medidas preventivas básicas.

La CPC y sus ramas hemos colaborado con las autoridades en los esfuerzos de emergencia y recuperación, convencidos de que la prevención es un deber ineludible de todos. Vemos que por la recurrencia y magnitud de los incendios forestales en Chile, el proyecto de ley sobre prevención y mitigación requiere una mirada más equilibrada e integral.

La actual propuesta pone foco en la gestión de la vegetación y en nuevas obligaciones para los propietarios, sin tener igual fuerza en aspectos clave como combate oportuno, investigación, persecución penal de los responsables; ni en sanciones más firmes para quienes provocan incendios intencionalmente o aprovechan la emergencia para delinquir en zonas evacuadas.

Además, traslada cargas relevantes a propietarios de zonas de interfaz, incluso cuando los incendios se originan por acción de terceros fuera de su control, abriendo dudas legítimas sobre la proporcionalidad del enfoque y el rol del Estado en la protección de las zonas rurales. Un ejemplo de ello son las amplias atribuciones que tendrá el Servicio Nacional Forestal (Senafor) -institución que reemplazará a Conaf- al concentrar fiscalización y aplicación de multas, actuando como juez y parte.

Chile requiere con urgencia una ley de incendios, pero debe ser integral. Este proyecto representa una oportunidad para avanzar hacia una política pública capaz de anticipar, responder y reparar frente a los incendios forestales, con reglas equilibradas y una mirada de largo plazo.

Susana Jiménez

Presidenta de la CPC

Antonio Walker

Presidente de la SNA