La reforma a la Ley de Partidos Políticos recientemente despachada por el Congreso parte de un diagnóstico difícil de discutir: el sistema político chileno se ha fragmentado y varias colectividades funcionan más como plataformas electorales que como instituciones capaces de representar ideas, formar dirigentes y sostener acuerdos. Elevar las exigencias para constituir y mantener un partido es un avance. Pero reducir su número no garantiza, por sí mismo, una democracia de mejor calidad.

Entre los cambios más significativos están la exigencia de presencia en al menos ocho regiones, el aumento del número mínimo de afiliados y nuevas condiciones para que los partidos existentes mantengan su vigencia. También limita la proporción de candidatos independientes que pueden incorporar a sus listas. En conjunto, estas disposiciones buscan que detrás de cada sigla exista una organización real y no solamente un instrumento disponible para una elección. El desafío, por tanto, no es solo ordenar el sistema, sino recuperar la capacidad de los partidos para representar y articular demandas ciudadanas.

Un partido político no debería ser una franquicia electoral ni una estructura creada alrededor de una candidatura. Debe representar una visión de sociedad, contar con presencia territorial y seleccionar democráticamente a sus autoridades. Cuando las colectividades carecen de identidad y disciplina, los electores no saben quién responde por las decisiones adoptadas y los gobiernos no encuentran interlocutores capaces de cumplir compromisos.

La misma responsabilidad debe exigirse en el Congreso. La disciplina parlamentaria no puede transformarse en obediencia ciega a las directivas, pero tampoco puede aceptarse que cada legislador actúe como una organización política individual. Los acuerdos de bancada deben fundarse en programas conocidos y contemplar espacios para la objeción de conciencia u otras formas de disidencia.

También resulta razonable limitar el uso instrumental de candidaturas independientes. La apertura a personas sin militancia puede ampliar la representación y acercar nuevos liderazgos, pero pierde sentido cuando un partido llena sus listas con candidatos que no comparten un programa ni asumen obligaciones posteriores. En esos casos, las colectividades aportan la infraestructura electoral, mientras los elegidos conservan completa autonomía. El resultado no es mayor independencia, sino menor responsabilidad.

Chile necesita partidos más sólidos, pero esa fortaleza no puede medirse únicamente por el número de militantes o las regiones en que están inscritos. Debe expresarse en su capacidad para representar intereses, ordenar diferencias, construir acuerdos y responder por sus decisiones. La nueva ley puede disminuir la fragmentación. Su verdadero éxito dependerá de que ayude a reemplazar partidos creados para competir en elecciones por partidos preparados para gobernar, legislar y rendir cuentas ante la ciudadanía.

Por Aldo Cassinelli, Director Escuela de Gobierno

Universidad Autónoma de Chile