Un comunicado publicado por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que los militares y oficiales de inteligencia que participaron en el documental premiado en Venecia “NAZA” serán investigados y procesados por “delitos graves contra la seguridad de Israel”.

La pieza, que resultó ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia, incluye declaraciones anónimas de 24 fuentes del Ejército y agencias de inteligencia, que describieron cómo en el transcurso de la guerra en Gaza se tomaron de forma sistemáticas decisiones, a sabiendas de que implicarían la muerte de civiles.

De acuerdo con el comunicado emitido por el despacho de Netanyahu, “la película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI (Ejército) a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel”.

Los periodistas y realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor también han sido blanco de una amplia campaña de ataques, que ha incluido planes y amenazas de revocarles la ciudadanía israelí, que ambos tienen por nacimiento y por largos linajes familiares que incluyen a víctimas y sobrevivientes del Holocausto.

Simpatizantes de Netanyahu se han reunido frente a la casa de los padres de Szor en Savyon, donde han dejado pintas de “muerte a los traidores”, y han prometido perseguirla tanto a ella como a Abraham una vez que regresen a Israel.

Ahora, el primer ministro israelí apunta contra sus fuentes, del mismo modo en que lo hizo en su momento contra la exfiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi, que reconoció haber filtrado videos clasificados que mostraban una grave agresión sexual contra un prisionero palestino en un centro de detención, y luego fue brevemente arrestada.

Finalmente dimitió y en el curso del proceso en su contra, que incluyó reclusión domiciliaria y fuertes ataques tanto por parte de Netanyahu como el ministro de Defensa Israel Katz, la exfiscal intentó suicidarse.

En esa ocasión, Netanyahu calificó las revelaciones de Tomer-Yerushalmi como “quizás el ataque de relaciones públicas más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación”, mientras Katz aseguraba que sus llamados a investigar las acciones de los militares involucrados eran “calumnias sangrientas”.

¿Prácticas reales o brechas de seguridad?

Las declaraciones anónimas sobre las que se basa “NAZA” (un acrónico militar para estimar el número de bajas civiles o “daño colateral” en un ataque) también aparecieron publicadas en la revista israelí-palestina +972 y en el diario británico The Guardian, que es productor del documental.

Esos testimonios revelaban cómo se planificaba y aprobaba el bombardeo de viviendas palestinas donde se sospechaba que vivían milicianos de Hamas. Las fuentes dijeron que se esperaba que el señalado regresara a casa a dormir y se procedía con el ataque, aun a sabiendas de que su familia estaba adentro.

“NAZA” también revela la aplicación de un método de perfilamiento basado en inteligencia artificial, que determinaba a partir del registro de los números a los que llamaba un sospechoso si éste era un miliciano o no, solo que el mismo tenía un margen de error de 15%, lo que implica que al menos uno de cada 10 señalados podía ser inocente.

Pero el comunicado de la oficina de Netanyahu revela que la preocupación de su gobierno se centra no en las prácticas en sí, sino en las consecuencias de las revelaciones de las fuentes militares y de inteligencia sobre la seguridad nacional.

“Existe la preocupación de que los implicados en esta película difamatoria hayan cometido delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad”, señala el documento.

El mismo boletín agrega que las fuentes que aparecen citadas en el documental podrían haber incurrido en “difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos” del país.

Detrás de los 24

El primer ministro instruyó al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, para que procedan con las acciones solicitadas.

Concretamente a Shin Bet se le encomendó actuar “con urgencia para descubrir la identidad de todos los implicados o que aparecen en la película de difamación”, en alusión a las 24 fuentes anónimas del documental, que preservaron su identidad precisamente en previsión de sufrir consecuencias por sus revelaciones.

Una de las más graves fue la admisión de que el Ejército israelí ejecutó bombardeos en zonas para las que se habían emitido órdenes de evacuación, aun a sabiendas de que quedaba población civil que no había salido.

Los mandos militares israelíes sostienen que sus normas prohíben expresamente ataques deliberados contra civiles o procedimientos que puedan causarles daño, pero el productor The Guardian defiende la investigación, que fue resultado de tres años de entrevistas en las que se contrastaron testimonios de más de 100 fuentes conocedoras de los sistemas militares israelíes empleados en la guerra.