SEÑOR DIRECTOR:

Cuando las leyes imponen prohibiciones absolutas, sin excepciones ni comprensión del contexto operativo, el resultado suele ser una mezcla de incertidumbre normativa, costos desproporcionados y alto riesgo de fracaso. Es el caso de la Ley N° 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso en locales de comida.

Su objetivo ambiental es legítimo, pero su diseño normativo ha resultado problemático. Aunque debía entrar en vigencia en agosto de 2024, el Congreso debió postergarla —mediante otra ley— hasta febrero de 2026, ya que el reglamento aún no ha sido dictado. Siguen pendientes definiciones técnicas, indispensables para implementar la ley, mientras en el Congreso se discuten tres proyectos que buscan precisar conceptos o introducir criterios más realistas.

La ley establece prohibiciones amplias: impide la entrega de productos de un solo uso dentro de locales de comida, sin importar el material o si son gratuitos. Solo se permiten para delivery y si están hechos de materiales valorizables distintos al plástico o de plásticos certificados por el Ministerio del Medio Ambiente, mediante un reglamento que aún no existe.

Esto ha generado un dilema operativo para muchos comercios: implementar vajilla reutilizable —que parece la única forma viable— o exponerse a sanciones por incumplir una norma cuyo alcance sigue siendo incierto.

Esta ley ilustra los efectos de regular sin considerar el funcionamiento real de las industrias, sin evaluar la aplicabilidad de las normas ni establecer marcos de transición realistas. Una política pública efectiva no se construye solo con buenas intenciones: requiere reglas claras, factibles y coherentes con la realidad de quienes deben aplicarlas.

Simón Pinto

Abogado, Libertad y Desarrollo