SEÑOR DIRECTOR:

Entre 2018 y hoy, la población penitenciaria chilena pasó de 40.429 a 63.425 personas, lo que representa un aumento del 36%. Este crecimiento ha estado acompañado de una mayor complejidad en la composición carcelaria. No obstante, el presupuesto por interno se redujo en más de un 3%, lo que agudiza la tensión entre las demandas del sistema y los recursos disponibles.

En este contexto, preocupa la orientación que están adoptando ciertas políticas. Gendarmería enfrenta dificultades significativas para cumplir sus dos mandatos institucionales: la custodia y promoción de la reinserción social. Resulta poco realista y riesgoso asignarle funciones de inteligencia, altamente sensibles y especializadas, que desbordan sus actuales capacidades y desvían el foco de su quehacer. Igualmente, la idea de importar modelos de alta seguridad, como el italiano, parece inadecuada cuando carecemos de información precisa sobre la cantidad y perfil de los líderes criminales. Tampoco conocemos la escala del crimen organizado en Chile. Sabemos que combina expresiones complejas con delincuencia local, como clanes familiares y grupos barriales de baja sofisticación, lo que requiere respuestas diferenciadas en intensidad.

El riesgo de diseñar un sistema penitenciario desconectado de la evidencia es que esos espacios de altísima seguridad sean ocupados por la delincuencia común, aquel 80% que, como muestra la evidencia, cometerá un delito una sola vez en su vida. Se trata de personas que volverán a la sociedad más temprano que tarde, envilecidas por políticas —pensadas para unos pocos— que olvidan el deber del Estado de la reinserción.

Difícil hablar de reinserción cuando menos del 10% del presupuesto se destina a ella. Un sistema penitenciario que olvida su deber de reinsertar seguirá reproduciendo la exclusión y la reincidencia, erosionando la seguridad en lugar de fortalecerla.

Pablo Carvacho

Director

Laboratorio UC Seguridad y Justicia