SEÑOR DIRECTOR:

Cuando un niño, niña o adolescente es víctima de un delito grave, la presión pública empuja a legislar desde el caso. Es comprensible, pero las reformas que nacen desde la indignación y no desde la evidencia, suelen fallar. La experiencia internacional señala que las políticas que efectivamente protegen a la infancia no se construyen sobre un hecho puntual, sino sobre el aprendizaje acumulado.

Hay un dato que debería incomodarnos. La mayoría de los niños víctimas y también victimarios, ya había tenido contacto previo con el Estado, ya sea por ausentismo escolar, violencia intrafamiliar o pasos por centros de protección. Las señales existían, pero nadie las conectó a tiempo. En nuestro trabajo junto a once instituciones del Estado, orientado a mejorar la prevención y la investigación de los homicidios de niños, niñas y adolescentes, hemos constatado que esa información existe, pero se encuentra fragmentada.

Los países que han logrado reducir la victimización contra la infancia construyeron plataformas de información interoperables entre justicia, educación, salud y protección, capaces de cruzar señales que hoy quedan aisladas en cada institución. No se trata de más burocracia, sino de que el sistema finalmente vea la trayectoria completa del niño y no fragmentos de su historia.

Legislar con evidencia significa mirar qué ha funcionado antes de improvisar. Proteger a la infancia no depende solo de una ley. Requiere que las instituciones que ya existen empiecen, por fin, a comunicarse y trabajar de manera articulada para abordar no solo un caso, sino un fenómeno que afecta a los más vulnerables de nuestra sociedad.

Pía Greene

Directora ejecutiva

Fundación Amparo y Justicia