Editorial

Designación de Steinert en agregaduría de Paraguay

Nombramientos como este y otros que se han producido en el “Segundo Piso” chocan con banderas centrales del gobierno, como son no utilizar los cargos del Estado para pagar favores políticos y velar por el mérito en el servicio público.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La Cancillería anunció que la exministra de Seguridad Trinidad Steinert -quien tuvo que dejar dicha cartera apenas 69 días de haber asumido, debido a las manifiestas deficiencias que presentó a lo largo de su gestión- asumirá como agregada de seguridad en Paraguay. Según se indicó, su rol principal será la colaboración y coordinación de los esfuerzos regionales en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, rol que tendrá una estrecha vinculación con el “Compromiso de Santiago”, un acuerdo político impulsado por Chile -al que han sumado varios gobiernos de la región- para el combate de la delincuencia organizada transnacional.

La designación ha sido motivo de amplios cuestionamientos, particularmente porque resulta evidente que tal nombramiento no se funda en razones propiamente técnicas, sino que está respondiendo al compromiso que habría adoptado el propio Presidente Kast con Steinert cuando se negoció su llegada al Ministerio de Seguridad, en orden a que, si por alguna razón tenía que abandonar el cargo, el gobierno le buscaría alguna otra alternativa. Ello debido a que entonces se desempeñaba como fiscal general de Tarapacá, y aún le restaban seis años para completar su período. El propio canciller había reconocido hace un tiempo que una de las alternativas que se barajaban para Steinert era designarla en alguna agregaduría vinculada al tema de seguridad.

Inicialmente se consideró destinarla a Lima, pero la idea fue desestimada por razones de seguridad, dado que como exfiscal de Tarapacá podría enfrentar posibles conflictos; además, desde el propio oficialismo se cuestionó dicha posibilidad, debido a que la Contraloría había dictaminado que Steinert se había excedido en el uso de sus atribuciones legales al requerir información de personal policial a cargo de determinadas investigaciones. Se terminó optando entonces por Paraguay, creando una agregaduría que como tal no existe en ninguna otra embajada de Chile, cargo que además aparece del todo redundante, tomando en cuenta que en dicho país ya hay un agregado policial.

Cuesta entender las razones por las cuales el Presidente Kast ha decidido abrirse un nuevo flanco con esta polémica designación, donde la voluntad del Mandatario choca con aspectos que su propio gobierno ha levantado como banderas centrales; tal es el caso de cuidar el buen uso de los recursos públicos, no utilizar los cargos del Estado para pagar favores políticos y velar por que el mérito y la excelencia sean lo que defina el servicio público. Incurre además en las mismas conductas que como candidato criticó tantas veces al gobierno anterior, al que reprochaba favorecer los cargos políticos o el amiguismo.

El caso de Steinert no es aislado, pues el Mandatario ha encontrado en la fórmula del “Segundo Piso” la opción para reubicar a otros funcionarios que dejaron sus cargos, tal como sucedió con el exsubsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet, la exministra del Deporte Natalia Duclo o el exsubsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, siendo muy inusual que de forma indisimulada se busque asegurar alternativas de empleo a quienes por diferentes razones no rindieron como se esperaba.

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