El despiadado asesinato de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana) a manos de una banda de peligrosos asaltantes ha reactivado las peticiones de una serie de alcaldes y figuras políticas -entre ellas el excandidato Franco Parisi- para que el gobierno del Presidente José Antonio Kast despliegue a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, dado que las policías ya no darían abasto. Son varios los que por estos días han recordado que durante la última campaña electoral el propio Kast propuso en su plan “Implacable” la creación de una fuerza de tarea conjunta policial y militar para recuperar zonas tomadas por grupos narcos. Parisi, de hecho, señaló que “el Presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió y como se lo han pedido”, especulando irresponsablemente con que una de las posibilidades de la negativa podría deberse a que el comandante en Jefe del Ejército le haya dicho que no, en cuyo caso cabría su remoción.

Ciertamente es comprensible la angustia que existe en la ciudadanía y en distintas autoridades frente a la extrema violencia de la delincuencia, pero ello no debe hacer perder de vista que una de las peores formas de hacer frente al delito es dejarse arrastrar por medidas efectistas o ineficaces para estos fines, como sería el caso de comenzar a desplegar a personal de las Fuerzas Armadas para que cumplan roles propios del ámbito policial, desnaturalizando su función -es un hecho que los militares están preparados para situaciones de combate, y por ello su entrenamiento y uso de armamento están situados en esa lógica- y abriendo además una serie de riesgos, considerando que ni siquiera existe un diseño legal para ello, salvo el estado de excepción constitucional o la protección de infraestructura crítica frente a amenaza inminente, lo que tampoco encaja con lo que aquí se busca.

Cabe recordar que la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en roles más propiamente policiales ya fue explorada bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, cuando el exmandatario sorpresivamente convocó al Consejo de Seguridad Nacional, concluyéndose que la presencia de personal militar al interior de los barrios puede abrir fricciones directas con la población, tomando en cuenta además que las reglas de uso de la fuerza ni siquiera están elevadas a categoría legal. Por lo demás, la experiencia regional también es elocuente sobre los dudosos efectos de usar militares, como lo muestran los casos de México, Colombia o Brasil.

Por ello es valorable que el Presidente Kast haya desestimado en forma categórica la idea de desplegar a las Fuerzas Armadas en este tipo de roles -lo que incluso calificó de “populista”-, aun a sabiendas del alto costo político que ello le puede llegar a representar. El Mandatario ha esgrimido una serie de razones para esta negativa, preguntándose por de pronto con qué herramientas cuenta el Estado para ello. Asimismo, advirtió que el estado de excepción no debe concebirse como una solución permanente, y recalcó que la salida pasa por el respeto y respaldo a las fuerzas policiales. Son definiciones sin duda muy clarificadoras, lo que no exime de que el gobierno tiene sobre sus hombros la responsabilidad de concretar a la brevedad medidas en el ámbito de la seguridad que den respuesta a las demandas ciudadanas.