Con inusitada intensidad se ha reabierto el debate sobre el pago de contribuciones, particularmente luego de que distintas fuerzas políticas lo han tomado como parte de sus banderas programáticas de cara a las próximas elecciones generales. Las propuestas van desde su eliminación total hasta mantenerlo solo en el caso de las segundas viviendas, pero sin exenciones. También se ha planteado derogarlo en el caso de personas de tercera edad, o bien aliviar mucho más su pago para estos segmentos.

Sin duda el pago de las llamadas contribuciones de bienes raíces debe ser uno de los impuestos más impopulares. Un sondeo realizado hace algunos años por Gallup, CNN y USA Today en Estados Unidos, reveló que el impuesto local sobre las propiedades era por lejos (42%) el gravamen más detestado por la población. En Chile previsiblemente tampoco goza de demasiada popularidad, tomando en cuenta los crecientes reclamos no solo por la poca transparencia de los criterios con que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina el avalúo de cada propiedad, sino porque además el pago de las contribuciones para muchos se ha encarecido fuertemente en los últimos años, al punto que abundan los reclamos de que no pocas familias -sobre todo adultos mayores- han tenido que resignarse a vender su propiedad, al carecer de ingresos suficientes para pagar dicho tributo. De allí que resultaran tan desafortunadas las declaraciones del director del SII en orden a desdeñar las críticas sobre este impuesto, al señalar que el 20% más rico de la población es el que se queja por las contribuciones. Aunque luego corrigió sus dichos, esto ilustra el extendido error de asimilar sin más que el valor de una propiedad es sinónimo de riqueza.

Es un hecho que el impuesto territorial ha terminado por desnaturalizarse, pues en vez de ser un gravamen que financie el verdadero valor de los servicios que las municipalidades prestan a sus vecinos, en los hechos se ha convertido en un impuesto patrimonial, gravando el bien raíz según el avalúo que determina el SII, independientemente de los ingresos que reciba la familia. Todo lo recaudado se destina a los municipios, donde salvo algunas excepciones, el 40% queda en la municipalidad donde se encuentra el bien raíz, y el porcentaje restante se destina al Fondo Común Municipal. Esta forma de distribuir refuerza que el gravamen ha perdido toda conexión con los servicios que efectivamente reciben los vecinos por parte de sus respectivas municipalidades.

En un escenario ideal, seguramente lo razonable sería pensar en un sistema que financie de la manera más certera posible el valor de los servicios que el Estado presta a nivel local; sin embargo, tampoco cabe desconocer que desde un prisma práctico el impuesto territorial ofrece una serie de ventajas: es sencillo de cobrar, su evasión resulta muy difícil y desde el punto de vista recaudatorio también es muy eficiente. La Tesorería ha informado que entre el período enero-abril de este año, se recaudaron más de US$ 800 millones, un alza de 8% respecto a igual período del año pasado. A ello cabe agregar que para muchos municipios representa una de sus principales fuentes de financiamiento, de modo que este impuesto también tiene un importante componente de transferencia social.

En este contexto, eliminar de plano el pago de las contribuciones no solo es poco realista, sino que además podría ocasionar graves problemas en localidades de menores ingresos, y en un escenario de suma estrechez fiscal como el que nos encontramos, no parece haber margen para prescindir del total o parte de estos fondos sin a su vez causar trastornos. De allí que lo razonable es introducir una serie de perfeccionamientos, que deben ir en la lógica de preservar sus virtudes y a su vez corregir sus principales distorsiones. Ello exige de la clase política miradas técnicas, y no dejarse llevar por soluciones populistas o apresuradas.

Por de pronto, cabe recordar que el impuesto territorial existe en la mayor parte de los países, y por lo general tiene como destino financiar los servicios locales que entrega el Estado. Y a pesar de la animadversión que genera en la población, bien se podrían revisar las experiencias de otros países que han logrado fórmulas que permiten corregir sus principales distorsiones. Uno de los casos más interesantes es el de Irlanda, donde se entregan alternativas para que las personas puedan diferir el pago del impuesto local en caso de cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo bajos ingresos o que el pago pueda causar un grave daño financiero. En estos casos, el diferimiento puede postergarse hasta que la propiedad se venda o cambien las condiciones financieras de las personas, lo que no implica que la deuda desaparezca e igualmente genera intereses. Pero su ventaja es que las personas no se ven obligadas a dejar su hogar ante ingresos insuficientes.

Está también la alternativa de colocar un techo a lo que el propietario debería pagar, fijado en función de sus ingresos anuales. En experiencias internacionales se observan techos que pueden ir entre el 3 y 5% de los ingresos.

En la lógica de que este impuesto financia los servicios municipales, deberían revisarse los montos exentos, porque en los hechos la mayor parte de las viviendas no paga este impuesto. De acuerdo con cifras del SII, de las 5,9 millones de propiedades con destino habitacional, el 77% está exenta del pago de contribuciones. Se dan además situaciones muy anómalas, porque mientras en algunas comunas apenas sobre el 1% de las viviendas quedan gravadas, en otras la cifra supera el 90%. Ampliar la base de hogares que pagan el impuesto -haciéndolo de manera gradual y con criterios que tengan a la vista los ingresos de las familias- permitiría disminuir las tasas aplicadas, con lo cual manteniendo los ingresos a nivel general se evitaría no solo sobrecargar a determinadas familias, sino que también facilitaría profundizar o extender beneficios a grupos determinados, como tercera edad o sin capacidad de pago.

Y ciertamente es indispensable avanzar mucho más en transparencia, de tal manera que la ciudadanía tenga plena claridad de los criterios aplicados para determinar el avalúo de sus propiedades, de modo que disminuyan los espacios de discrecionalidad y se cuenten con mayores antecedentes para reclamar en caso de discrepancias. El reciente acuerdo entre el SII y la Defensoría del Contribuyente para reforzar los derechos de los contribuyentes en los procesos de avalúos va en la dirección correcta. A su vez, zonas que han sido golpeadas por la delincuencia o por externalidades ajenas a su voluntad deberían tener la chance de que estas circunstancias se reflejen mucho mejor en el valor de sus propiedades.