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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó la información del último llamado para acceder al beneficio, que financia entre el 90% y 95% del gasto mensual en esta materia.

La obra está paralizada desde el 31 de agosto a raíz del término anticipado del contrato, luego de que el proyecto extendiera sus plazos debido a hallazgos arqueológicos. El Serviu trabaja en dos licitaciones para darle continuidad: una solo para arqueología y otra para las obras.

Datos preliminares de un estudio de la PUCV revelan que esta área pasó de tener 403 hectáreas tomadas en 2021 a 650 en 2022. El aumento va aparejado de un crecimiento del 67% de causas por usurpación y loteos irregulares, según detalla la Fiscalía. Y hay más: el problema también se extiende a San Antonio y el litoral central.

Hasta el 15 de diciembre podrán realizar el trámite aquellas personas que buscan optar al beneficio como grupo, con el objetivo de construir en nuevos terrenos de diversas zonas del país.

Todavía se puede postular desde algunas zonas del país al beneficio que permite a las familias adquirir una vivienda.

En el encuentro, se repasaron las medidas a seguir, dentro de las cuales se contempla: hacer exigibles las boletas de garantía, realizar un proceso de revisión de los estados de pagos pendientes por parte de la constructora, y un seguimiento exhaustivo de la situación que aquejaría a unos 2.500 trabajadores de la empresa.

Se trata de un aporte del Minvu destinado a las familias que no son propietarias de un inmueble.

Para este primer llamado del programa, que servirá también como piloto, se consideran en total la construcción de 600 viviendas y se espera que durante el periodo de gobierno se construyan bajo esta modalidad cerca de 16 mil viviendas.

El ministro Carlos Montes informó del llamado a postulación de proyectos para la construcción, remodelación o adquisición de viviendas destinadas a la iniciativa, en una actividad en el Condominio Justicia Social de Recoleta, junto a vecinos y al alcalde Daniel Jadue.

Fundación Alcanzable, TECHO-Chile, Déficit Cero, Hogar de Cristo, Fundación Urbanismo Social y Nuestra Casa valoraron el proyecto presentado por el gobierno, pero apuntan más allá de las 260 mil viviendas que se quieren construir en cuatro años.