El Ministerio Público requirió información al Gobierno Regional de Antofagasta, al Serviu y la Contraloría, luego de que abriera una investigación para conocer sobre presuntos delitos en la falta de rendición de $ 5.866 millones. Se trata de recursos que el Serviu debía devolver al Gore por un antiguo convenio para la construcción de viviendas.
La decisión del gobierno apunta a la disconformidad con la gestión del arquitecto Ricardo González en el manejo del plan de emergencia habitacional de la zona, y se enmarca en la investigación por oficio que abrió la Fiscalía por la dilación en la restitución de $5.866 millones transferidos desde el Gobierno Regional a un programa del servicio.
Además, los diputados gremialistas pedirán citar a los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo para que transparenten “la relación que mantienen con dicha fundación, considerando los distintos llamados que han hecho a participar de ella”. Y también al ministro Carlos Montes por “su responsabilidad como superior jerárquico del seremi que asignó los $426 millones”.
Tras un consejo político nacional de la tienda se decidió solicitar al Tribunal Supremo la desvinculación de los involucrados por "infringir la normativa interna".
La vocera de gobierno señaló que en el Ejecutivo “nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada”.
El titular de Vivienda reiteró en la “falta de criterio” en torno a los contratos. Sin embargo, recalcó que “hasta el momento no tenemos antecedentes de irregularidades”.
