Las siete principales razones que vuelven a dejar a la Universidad de La República en punto de quiebre

La Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó un nuevo plan de recuperación presentado por la institución y ahora deberá resolver si opta por un administrador provisional o uno de cierre.


La Superintendencia de Educación Superior (SES) rechazó un nuevo plan de recuperación presentado por la Universidad de La República -institución que intenta evitar la revocación del reconocimiento oficial para su funcionamiento- y ahora deberá resolver si opta por un administrador provisional o uno de cierre.

La decisión de la SES se sustenta, según reza el informe firmado por el superintendente (s) Gerardo Egaña, en que no se logran subsanar las graves deficiencias financieras, administrativas y patrimoniales constatadas en el proceso administrativo instruido en su contra, las que ponen en riesgo el derecho a la educación superior de sus estudiantes, la continuidad de sus estudios y el buen uso de los recursos por parte de dicha universidad.

Este pronunciamiento de la SES se produce tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, de abril de este año, que determinó retrotraer el procedimiento administrativo seguido en contra de la Universidad La República a la etapa de evaluación del plan de recuperación presentado por dicha institución en marzo de 2021. Cabe recordar que en mayo de 2021 el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la institución por petición de la Superintendencia, que apuntaba a la detección de “graves falencias financieras y administrativas”.

La definición respecto al futuro inmediato de la institución está siendo evaluada por la SES, pero en caso que opte por un administrador de cierre, debe proponer otra vez la revocación del reconocimiento oficial al Mineduc, con aprobación del Consejo Nacional de Educación.

Dentro de las nuevas propuestas que realizó la universidad estaba la incorporación de un socio financista, quien además asumiría el control y la presidencia de la fundación. Pero tras revisar y evaluar en su totalidad los documentos y antecedentes mediante los cuales la universidad pretendía subsanar las observaciones formuladas por la SES, ésta determinó que “las propuestas no logran reparar las graves falencias detectadas y que atenta contra la sustentabilidad de la institución”.

¿Cuáles fueron las principales consideraciones que fundamentan la decisión de la Superintendencia de Educación Superior?

La universidad declaró que su deuda por impagos y montos acumulados a mayo de 2022 alcanzaba los MM$12.211, cifra que representa una baja de más MM$1.500 respecto a lo declarado por la misma institución en marzo 2021, pero no se aportan antecedentes de respaldo que permitan justificar la disminución de esos pasivos. Y la SES precisa que un 50% (MM$5.966) de los pasivos reconocidos a mayo, corresponden a deudas por concepto de cotizaciones previsionales y de salud.

Luego la Superintendencia sostiene que no se acompañan antecedentes suficientes que permitan establecer que la casa de estudios cuenta con acceso a financiamiento bancario. Y que en términos financieros, el plan de recuperación descansa sobre el supuesto de la incorporación de un eventual socio inversionista que ingresaría recursos por un total de 16 millones de dólares. No obstante, los documentos aportados por la institución no permiten garantizar la existencia formal de los supuestos recursos, el origen de los mismos ni que dicho aporte efectivamente se vaya a materializar.

Además, la SES hace ver que el eventual socio financiero establece como condiciones para que se materialice dicho aporte, la aprobación del Plan de Recuperación Institucional por parte de la Superintendencia de Educación Superior (sin el respaldo de algún tipo de hipoteca, preaprobaciones bancarias, vale vista, depósitos a plazo u otros) y que la asamblea de socios de la Universidad lo ratifique como socio controlador mayor de la Junta Directiva. Sin embargo, tras revisar los documentos aportados por la misma universidad, se concluye que la aprobación por parte de la asamblea de socios no ha ocurrido y, por ende, la incorporación del socio financiero no se ha materializado.

También se hace relevancia en que no se entregan antecedentes relativos a la actual situación financiera de la casa de estudios en lo referido a los ingresos percibidos y gastos incurridos para el presente año, que permitan estimar la posición financiera para los años venideros.

Tampoco se presentan, dice la SES, los supuestos para la proyección de los costos en que incurrirá la institución en los próximos años.

Y, finalmente, no se presentan análisis ni estudios sustentados para la elaboración de las proyecciones de matrícula, ni cuáles son los tipos de programas académicos (nivel formativo, modalidad, jornada) que le darán sustento. Tampoco se entrega información relativa a la actualización de la oferta académica que se define como uno de los objetivos, ni estudios concretos que la respalden.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.