M. Inés Horvitz y el populismo penal: “Es una fórmula fácil que usan de izquierda a derecha. Y también los movimientos feministas”

La académica de la Universidad de Chile advierte el daño y lo instrumental que es para la política el populismo punitivo que ha quedado a la vista con el asesinato de Ámbar Cornejo y también en el juicio por violación contra Martín Pradenas. "Es una herramienta que no conduce a nada, salvo desde el punto de vista simbólico", asegura.




La abogada María Inés Horvitz (60) no es cercana a la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Sin embargo, su firma está en la carta que 36 abogadas y profesoras de derecho difundieron la semana pasada rechazando la condena pública por su rol como presidenta de la comisión de libertades condicionales de Valparaíso que en 2016 -después de cumplir 11 de 27 años de condena por un doble homicidio- dejó en libertad a Hugo Bustamente, único imputado en el crimen de Ámbar Cornejo (16).

Horvitz -quien recalca que sus opiniones son en su calidad de académica de la Universidad de Chile y no representan al Consejo de Defensa del Estado, que integra como consejera desde 2006- plantea los peligros del populismo penal que, a su juicio, no solo ha quedado a la vista con el asesinato de la menor de 16 años de Villa Alemana, sino también en otros casos en alta connotación pública, incluido el juicio por violación a Martín Pradenas. La jurista apunta al rol de los parlamentarios y los intereses cruzados en el nombramientos de miembros del Poder Judicial.

¿Cuál es el peligro del populismo penal y quién cree que está cayendo en eso ?

Yo llevo toda mi vida luchando contra el populismo punitivo, porque uno se da cuenta que da puros réditos a quien lo proponga. Es una fórmula fácil que utilizan todos, de izquierda, derecha, del medio, del lado y del costado. Y también los movimientos feministas. No hay diferencias. Es un mecanismo que se utiliza mucho cuando se quiere obtener un respaldo social y es totalmente falso. Es una herramienta que no conduce a nada, salvo desde el punto de vista simbólico. Hay una especie de confianza de que a partir de este tipo de iniciativas se va a generar en forma mágica un efecto inhibidor de las conductas... otros las utilizan para obtener dividendos políticos rápidos.

En el caso del asesinado de Ámbar Cornejo las críticas se han centrado en el rol de la jueza Donoso, como presidenta de la comisión de Libertades condicionales. ¿Cómo se puede compatibilizar el sistema de libertades condiciones con la necesidad de ejecución de las penas?

Lo que resulta criticable es que se hagan todo tipo de comentarios y se condene a una persona sin saber el contexto en el que actuó. El juez por ley tiene que actuar en ciertas etapas porque la ley señala que, cumpliéndose ciertos requisitos, las personas privadas de libertad tienen derecho. ¡Ni siquiera es una cosa potestativa! Esa es una premisa de todos los sistemas penales modernos y democráticos, incluso en países que son tremendamente duros con el tema, como Estados Unidos...

¿Quiere decir que los jueces solo evalúan si están las condiciones legales para el otorgamiento de libertades?

Si el Estado no realiza una política pública que signifique efectivamente que esa persona pueda enfrentar su vida en libertad sin recaer en el delito, el dilema del juez es terrible... porque es definir si se queda para siempre, porque el Estado falló y no le dio la oportunidad. La pena es un castigo, y todo castigo se supone que debe tener algún limite, a menos que derechamente como Estado nos planteemos contra todos los tratados de derechos humanos. Y para eso tendríamos que desahuciar algunas convenciones y restituir la pena de muerte o el presidio perpetuo efectivo, no como el último que plantea 40 años en la cárcel para optar a la libertad condicional, sino que para siempre. Eso es una pena cruel para el sistema de derechos humanos porque significaría que esa persona, aunque cambiara -como el Chacal de Nahueltoro-, va a estar presa toda su vida. Esas son las alternativas, pero en general todas chocan con las convenciones de derechos humanos que Chile ha suscrito... Entonces el tema es qué hace el juez, que tiene que aplicar la ley.

“La pena es un castigo, y todo castigo se supone que debe tener algún limite, a menos que derechamente como Estado nos planteemos contra todos los tratados de derechos humanos. Y para eso tendríamos que desahuciar algunas convenciones y restituir la pena de muerte o el presidio perpetuo efectivo...”

María Inés Horvitz

En este caso se ha criticado que se hiciera caso omiso del informe de Gendarmería...

Hay que pensar que en ninguna parte del mundo Gendarmería es juez y parte en relación al tema penitenciario. En el sistema chileno no existen lo que se llaman los “jueces de ejecución penitenciaria”, que son lo que garantizan los derechos de los penados. Gendarmería es custodio y, al mismo tiempo, supuestamente tutela los derechos de los penados. En ninguna parte se puede aceptar que un mismo órgano cumpla funciones que son tan contradictorias en sí mismas. Entonces los jueces siempre tienen a la vista que Gendarmería nunca va a estar de acuerdo en general con que salgan de la cárcel.

¿Dónde ve entonces el nudo en el caso Ámbar? ¿En cómo está planteada la ley?

El tema para mí va ser siempre el mismo: que nos tomemos en serio si queremos disminuir la delincuencia y queremos realmente como Estado hacernos cargo del problema. Es entender que hay que emplear recursos y diseñar políticas públicas serias en orden a mejorar el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es un infierno que hace imposible que una persona mínimamente normal no se embrutezca más aún. Lo que hace la persona es solo cumplir formalmente con los requisitos (para salir en libertad), pero nada garantiza que eso haya generado una rehabilitación verdadera. Esa persona, llegado el momento, si no tiene buenas redes familiares o sociales va a recaer, sobre todo si tiene un problema siquiátrico grave... Uno tiene que discernir qué es mejor: que siga en la cárcel o le damos la posibilidad. Es una decisión difícil y me molesta terriblemente que se le adjudique (la culpa) a una mujer, que se le haga este bullying social espantoso, como si las cosas tuvieran una sola causa. Para mí quien absolutamente ha fallado es el Estado y los parlamentarios, que son los que tienen que hacer leyes.

Acusación constitucional con la jueza Donoso: “Populismo barato”

En el Parlamento avanza la idea una acusación constitucional contra la ministra Donoso, ¿qué opinión tiene al respecto?

¡Es escandaloso! Me da hasta vergüenza saber que puedan haber mujeres ahí. Uno siempre piensa que las mujeres podemos tener un poco más de sensibilidad con este tipo de temas, pero me he dado cuenta de que puede haber de todos los lados. Todo esto es una cuestión ideológica finalmente. Es un tema de populismo barato. Es muy fácil tirarse contra una jueza que, además, no se puede defender porque los jueces en general no hablan con la prensa.

¿En el caso de Martín Pradenas también ha habido populismo penal? ¿Cómo evalúa la iniciativa de parlamentarios del Frente Amplio y RN de promover la “ley Antonia” para ampliar la prisión preventiva en caso de delitos sexuales?

Lo encuentro espantoso. En el caso Pradenas hubo también una jauría que se tiró pidiendo todo como siempre pasa con la “Ley Marcela”, “La ley María”, “La Ley Juana”. Con todo respeto hacia las víctimas, creo que lo que hacen es victimizar aun más a estas mujeres. No se resuelve nada, porque victimizarse no significa que vas a poder resolver el problema cultural-social. Lo que tienes que hacer es juntamente hacer movimientos públicos de rechazo hacia el machismo, hacia el patriarcado y al abuso del poder.

¿Cuánto influyen las redes sociales en estos procesos? En el caso de Martín Pradenas la propuesta de modificar el sistema de prisión preventiva surge después de protestas en ese espacio...

Eso no solamente es inconstitucional, sino que viola derechamente los tratados internacionales. Hay muchas cosas que no prosperan porque necesariamente pasan -como lo hizo Perú en su momento- por salirse de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Cualquier persona que sepa algo de derecho internacional y de derechos humanos, dirá que es imposible, que no se puede hacer porque va a significar miles de demandas contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana. Al final no va a quedar más que la presión por abandonar el tratado con lo cual nos convertimos en un Estado bananero.

Recientemente se rechazó la postulación del ministro Raúl Mera a la Corte Suprema por las críticas a su fallo en el caso Los Queñes, ¿cree que en la elección de jueces también hay rasgos de populismo penal?

Cuando usted decide entregarle la nominación de los jueces (al Parlamento) hay que ser absolutamente ingenuo de creer que los mérito van a ser evaluados técnicamente. ¿Qué ha pasado siempre? Que se cuotean los nombramientos. Nadie se fija en la calidad técnica e inmediatamente el contenido es desde el punto de vista ideológico, siempre ha sido así. El sistema es disfuncional al objetivo de que los jueces sean independientes del poder político.

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