“Pandora Papers”: El control de daños de La Moneda y la distancia de Sichel

El propio Presidente Sebastián Piñera realizó hoy una declaración para salir a contener las críticas e intentar explicar un reportaje que da cuenta cómo las familias Piñera y Délano sellaron una millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas y cuyo último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. El abanderado presidencial oficialista, en tanto, optó -dicen en su comando- por desmarcarse del gobierno y apelar a la total transparencia en un contexto en donde algunos temen que pueda haber un costo electoral. “Me parece inaceptable que se utilice una información” que ya era conocida, dijo el Mandatario.




“Bajadas comunicacionales. Participación del Presidente en venta Dominga”. Este es el título de la minuta que envió ayer La Moneda a los parlamentarios de Chile Podemos Más para hacer una especie de control de daños tras la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Este, junto a los medios Ciper Chile y LaBot, dio a conocer una serie de entregas respecto a los denominados “Pandora Papers”, los que también salpicaron al Presidente Sebastián Piñera, siendo replicados en medios internacionales como el diario El País de España y The Washington Post de Estados Unidos.

En la minuta se adjuntaba la misma declaración que había enviado más temprano, cerca de las 16.00, la dirección de prensa de Presidencia. En esta se recalcaba que ”respecto a hechos relacionados a la venta de Minera Dominga, hay que señalar que estos ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017. En dicha ocasión, la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.

El texto de Presidencia hacía alusión al reportaje en el cual se señala, entre otras cosas, que, en diciembre de 2010, Carlos Alberto Délano -amigo del Mandatario- compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel en US$ 152 millones. Y que, parte de dicha operación, se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas en el cual se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última de estas, según señaló el reportaje, estuvo condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión, decisión que dependía del gobierno que entonces encabezaba Piñera.

Así, en el comunicado de Presidencia, se recalcó que “la decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”.

En la minuta que envió Palacio se agregó un párrafo que no venía en la declaración de Presidencia. En este se indica: “En suma, los antecedentes publicados ayer ya eran conocidos por la prensa y la ciudadanía, habían sido investigados por la fiscalía y los tribunales, quedando absolutamente claro que no había ninguna ilegalidad. El Presidente fue sobreseído porque no tuvo participación en la operación y se obligó a pagar las costas del juicio a quien había hecho la denuncia, un diputado comunista”.

Análisis en comité político

En Palacio afirman que sabían desde hace algunos días -no precisan cuántos- que venía la publicación, la cual, insisten, “no tiene ninguna novedad”. Ese ha sido el eje de la estrategia para defender al Mandatario. De hecho, en el gobierno han difundido “pantallazos” de la publicación que hizo en 2017 radio Biobío, en la cual se habla de las condiciones de la firma del contrato.

Como sea, una vez que salió la publicación, Piñera -quien se encontraba en su último día de cuarentena en Cerro Castillo tras una gira por América Latina-, junto al equipo de Presidencia y Secom alistaron el comunicado de prensa que se envió a los medios. El Presidente habría también consultado a sus abogados.

El tema se conversó hoy en el comité político habitual entre el Mandatario y sus ministros. Ahí, según fuentes de gobierno, se insistió en que “no hay nada nuevo” en los antecedentes, que “está todo en regla” y se informó que Piñera realizaría una declaración a los medios.

Hasta ahora, en Palacio han tenido que hacer control de daños para evitar que el tema siga escalando y termine siendo un costo mayor para el sector ad portas de las elecciones de noviembre. Además de la declaración escrita enviada a la prensa, el ministro Jaime Bellolio (Segegob) en menos de 24 horas salió en dos oportunidades a decir que no hay nada nuevo en los antecedentes publicados.

Y el propio Presidente Piñera realizó una declaración en La Moneda, la cual trabajó durante el transcurso de la mañana. Originalmente fijada para las 13.10, se atrasó por casi una hora.

Acompañado del ministro Bellolio, el Mandatario recalcó que antes de su primer gobierno hizo un fideicomiso ciego voluntario yendo “más allá” de lo que establecía la ley. Asimismo, insistió en que los hechos mencionados en el reportaje “no son nuevos” y que no tuvo ningún conocimiento de los detalles de la venta de Dominga.

“Ni mi familia, ni yo, tenemos empresas constituidas en el extranjeros”, recalcó Piñera, agregando que se pagaron “todos y cada uno de los impuestos” exigidos en Chile.

“Me parece inaceptable que se utilice una información” que ya era conocida, insistió el Mandatario. En la instancia, el Jefe de Estado respondió tres preguntas a la prensa. Una de ellas, respecto de la cláusula de pago de la venta de la minera. “Esa cláusula de pago sí fue conocida (...). No es cierto que haya información nueva”, recalcó Piñera, añadiendo que tampoco hay “ningún conflicto de interés”.

Otro flanco que se activó a raíz de este tema es el incipiente anuncio que hicieron algunos parlamentarios de la oposición respecto a levantar una segunda acusación constitucional en contra del Jefe de Estado. Según fuentes de gobierno, la Segpres ya habría iniciado un sondeo previo para ver si la ofensiva flota o no. Sin embargo, algunos constitucionalistas, como Gabriel Osorio, advirtieron en redes sociales que una eventual acusación constitucional no cumpliría con el plazo para realizarse y está prescrita, ya que la acción se produjo durante el primer gobierno del Mandatario.

Sobre un posible libelo en su contra, el Jefe de Estado añadió: “Pienso que no tienen ningún fundamento, que se haga una acusación por hechos que fueron conocidos e investigados por la fiscalía y en que los máximos tribunales se pronunciaron ratificando la plena inocencia” y que “entiendo que estamos en periodo electoral”.

Distancia de Sichel

“Respecto a #PandoraPapers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y, en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”. Ese fue el escueto mensaje que publicó ayer, en su cuenta de Twitter, cerca de las 22.00, el abanderado oficialista, Sebastián Sichel.

Así, el candidato de Chile Podemos Más tomó distancia de Piñera y recalcó que se tiene que ir “más allá” de lo que establece la ley.

En el comando de Sichel sostienen que esperaron que el gobierno diera una explicación antes de pronunciarse, pero destacan que la ciudadanía elevó los “estándares” y que, por lo mismo, no se pueden dejar dudas.

Asimismo, un integrante del equipo de campaña oficialista sostiene que se buscó marcar distancia con el gobierno para evitar que si se mantiene silencio haya un costo para la candidatura. Esto, en un escenario que el comando reconoce que han tenido semanas complejas, entre otras materias, debido al cuarto retiro.

En el oficialismo también miran con atención el tema y algunos temen que los abanderados de la centroizquierda lo usen para hacer campaña. De hecho, tanto Gabriel Boric como Yasna Provoste cuestionaron ayer rápidamente a Piñera y pidieron que aclarara el tema personalmente.

El subjefe de bancada de RN, Andrés Longton, dice que “obviamente es un tema que podría eventualmente afectar al sector. Reavivar una noticia de este tipo en esta época nunca es bueno, puede eventualmente tener repercusiones laterales”.

Y si bien Longton dice que “no debiera tener tanta incidencia, ya que era un tema de conocimiento público y estaba resuelto judicialmente”, añade que “revivirlo también genera un efecto negativo, porque se siembra un manto de dudas” y que “obviamente siempre la repercusión es más importante con el candidato presidencial, que con los candidatos al Parlamento”.

El vicepresidente UDI, el diputado Gustavo Sanhueza, asegura que la izquierda podría arremeter con este tema. “Indudablemente que la utilización de temas donde la información no está clara en su totalidad, que deja mucha especulación, agudiza en épocas de elecciones”, recalca, pero desestima que pueda afectar a Chile Podemos Más.

De todas formas, agrega: “No creo que influya en la votación del sector, todos sabemos que el Presidente Piñera ha tenido su relación con el mundo de los negocios muy fuerte, es un hecho conocido, a seis meses de dejar el cargo, no creo que sea un hecho relevante que afecte al sector”.

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