Presión de los partidos, inquietud de La Moneda y advertencia del PDG: los factores que obligaron a la diputada Pérez a bajarse de la testera

A eso de las 20.30 de anoche, la diputada Catalina Pérez (RD) paseaba solitariamente por el hall de la Cámara, mientras hablaba a través de su celular.

A esa hora los pasillos y salones de la corporación lucían vacíos. Minutos antes, la legisladora y vicepresidenta de la Cámara se había reunido a solas con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), en las oficinas gubernamentales ubicadas a un costado del hemiciclo.

Hasta antes de la conversación con Elizalde, Catalina Pérez mantenía firme su decisión de no renunciar a la mesa de la Cámara, a pesar de que la bancada UDI había presentado una moción de censura contra ella, debido a sus lazos indirectos con los convenios millonarios que suscribió el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta -zona donde fue elegida la diputada- con la Fundación Democracia Viva, que era representada legalmente por la pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD). Estos traspasos de dineros fueron visados por el hoy removido seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (también militante RD), quien fue jefe de gabinete de Pérez.

La censura -que posteriormente fue retirada- no sólo implicaba destituir a la diputada desde la testera, sino que también incidía en la salida del actual presidente de la corporación, Vlado Mirosevic (liberal). Esa medida solo tenía efecto para los cargos directivos, pero no afectaba sus escaños parlamentarios.

El problema es que la arremetida de la UDI comenzó a sumar rápidamente respaldos. De hecho, hasta ayer en la noche había un cuadro pesimista: en el gobierno y el oficialismo temían que la oposición desbancara a las fuerzas gubernamentales y tomara el control de esta rama del Congreso. Ello implicaba una catástrofe del punto de vista legislativo para La Moneda, ya que la derecha podía comenzar a fijar sus prioridades y poner su propio ritmo a la tramitación de proyectos de ley.

El contexto, además, era sumamente delicado para el Ejecutivo, que hoy enfrenta una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), y a duras penas había logrado impedir otro libelo contra la titular de Salud, Ximena Aguilera, a raíz de las responsabilidad del renunciado subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos (independiente Frente Amplio), en la crisis por enfermedades respiratorias.

Sin embargo, la ofensiva de la UDI fue desactivada este martes en la mañana, luego de que Pérez anunciara su salida, “suspendiendo” su participación en la mesa de la Cámara Baja.

Un factor decisivo en la salida de Pérez fue la presión que comenzaron a ejercer las bancadas oficialistas, que le recomendaban renunciar a la mesa para no empeorar el momento del gobierno y no arriesgar la permanencia en la testera de Mirosevic, quien de todos modos iba a dejar en la próximas semanas su cargo, siempre y cuando existiera “un colchón” de un nuevo pacto administrativo que asegurara la continuidad del oficialismo al mando de esta rama del Congreso.

Dos jefes de bancadas oficialistas admiten, bajo reserva de identidad, que se le hizo ver a Pérez que lo mejor era que presentara su dimisión, postura que también era compartida por el Ejecutivo, según las mismas fuentes.

Con esa carga sobre los hombros, Pérez se reunió anoche con el subcomité del Partido de la Gente (PDG), integrado por los diputados Rubén Oyarzo, Karen Medina, Gaspar Rivas y el independiente Francisco Pulgar. En una tensa reunión, realizada en una cafetería privada que tienen los legisladores, la vicepresidenta de la Cámara estaba acompañada por las diputadas Ericka Ñanco (RD) y Claudia Mix (Comunes).

Según quienes supieron de esa conversación, la advertencia del PDG fue clara y frontal: mayoritariamente apoyarían la moción de censura debido al conflicto de probidad, aunque Rivas igualmente expresó que le concedía el beneficio de la duda respecto de las imputaciones de irregularidades.

Con el PDG a favor de la solicitud de destitución, se confirmaba el escenario catastrófico.

En teoría, las fuerzas opositoras sumaban una base de 70 votos para la censura (23 UDI, 23 RN, 4 Evópoli, 12 del Partido Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera).

A favor de la destitución también estaban los cuatro integrantes del subcomité Centro Democrático Unido (CDU integrado por ex-DC, algunos de ellos hoy militantes del Partido Demócrata, como Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio).

Si a ellos se plegaban los 4 integrantes de la bancada PDG, ya había un piso hipotético de 78 votos (más de la mitad de la Cámara) para aprobar la destitución de la mesa.

La estrategia del oficialismo, hasta ese minuto, era tratar de descolgar a algunos legisladores de derecha, que no estaban muy convencidos de censurar a la mesa. No obstante, también se corría el riesgo de que se desalinearan otros votos aliados del oficialismo como Andrés Jouannet (militante de Amarillos, que hoy está asociado a la bancada radical).

El escenario era prácticamente un juego de ruleta rusa para las fuerzas de gobierno.

No obstante, antes de la sesión, en horas de la mañana, se abrió un espacio de negociación. En su oficina ubicada en el cuarto piso de la Cámara, Mirosevic se reunió con Pérez y los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, quien, además, es el jefe de bancada del gremialismo.

En ese encuentro, se acordó que la legisladora de RD abandonaría desde este martes la testera mediante la fórmula de una “suspensión”, que en realidad era un eufemismo, que no está previsto en el reglamento, para evitar usar el concepto de renuncia.

Adicionalmente, Mirosevic y Pérez se comprometían a presentar oficialmente sus dimisiones a la mesa el 3 de julio para que se pudieran votar el día 5. Según el reglamento, la sala debe aprobar esas renuncias 45 horas después de ser presentadas. Con ello, el actual presidente de la Cámara podía realizar su cuenta pública, ceremonia institucional coordinada también con el Senado, que estaba programada para el 4 de julio.

De acuerdo a ese cronograma, la elección de nuevas autoridades de la corporación quedaría asegurada para el lunes 12 del próximo mes.

La misma diputada de RD fue la encargada de comunicar la decisión de suspender su participación en la mesa. “El daño que a mí se me ha infligido, no puedo permitir también se le inflija al oficialismo... Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque acá tenemos un objetivo mayor que es proteger al oficialismo”.

A cambio, la UDI se comprometió a retirar la censura. Esa jugada fue apoyada por un sector de RN.

Aunque el hecho causó malestar entre los republicanos y ciertos diputados de Renovación, hay un grupo de la derecha que defendió la decisión para un objetivo estratégico: abrir un espacio de negociaciones hasta el 12 de julio para un nuevo acuerdo administrativo de la Cámara que involucre a las bancadas mayoritarias del oficialismo y la oposición.

Esa fórmula, que se implementó en el Senado y que ha ayudado a generar un mejor clima político en esa rama del Congreso, también es mirada con simpatías desde La Moneda.

No obstante, esa idea no convence plenamente a todas las bancadas opositoras, pues asociarse al Ejecutivo puede tener un alto costo.

Tampoco la idea agrada a los sectores gubernamentales, donde aún creen que, una vez encapsulada la crisis que provocó la situación de la diputada Pérez, pueden mantener el control de la Cámara con los votos de la DC y el PDG, sin necesidad de la oposición.