El mundo conoció la existencia del Escudo de las Américas cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el 7 de marzo pasado a doce presidentes y representantes latinoamericanos en su club de golf de Doral. Allí les pidió explícitamente “usar de manera activa sus fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles”.

Según la información oficial, esta iniciativa es “una plataforma de cooperación en seguridad y defensa”, y su articulación implica una alianza entre los países del continente americano dirigida desde la Casa Blanca, explica Marcelo Pérez, analista internacional del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

La coalición, encabezada por el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, no es una alianza militar en sentido jurídico, agrega Juan Pablo Laporte, profesor de la Universidad Austral de Argentina. Tampoco hay un tratado, ni un organismo internacional, ni una personalidad jurídica ni una ratificación parlamentaria en torno a ella. Es, más bien, una “coalición política de geometría variable”, que impulsa una agenda de lucha en común contra el crimen organizado.

¿Qué significa, entonces, el pacto firmado por Chile en septiembre pasado, durante la visita del Presidente Kast a las Naciones Unidas? El académico UNAB Marcelo Pérez detalla la “letra chica”: incluye acuerdos en inteligencia, fronteras, inversiones, minerales críticos, infraestructura digital y una eventual coordinación continental.

“De cierta manera, su firma es una declaración política, ya que irremediablemente sigue la línea impuesta por los redactores principales del acuerdo”

¿Cómo llegó Chile a ser parte y cómo ha evolucionado estos meses?

Siendo presidente electo, José Antonio Kast participó en la primera cumbre política del Escudo. Meses después de asumir el cargo ratificó la inclusión del país.

En sus inicios, “el proyecto también atacaba a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, como el de Petro en Colombia, sindicado por los EE.UU también por sus vínculos al narcotráfico”, indica Pérez.

Su evolución, a lo largo de los meses, ha sido visible. En el plano político, entre mayo y julio, rememora el analista argentino Juan Pablo Laporte, los miembros emitieron declaraciones conjuntas sobre la crisis en Bolivia y sobre el proceso electoral en Colombia.

En el plano militar, en agosto el Comando Sur creó una fuerza de tarea específica para el hemisferio y, en un foro en Panamá, se anunció la incorporación de Colombia tras el cambio de gobierno. Ese mismo mes, representantes chilenos participaron en una reunión de la coalición en Panamá y manifestaron su disposición a profundizar la cooperación, pero sin adherirse formalmente.

Fue el 22 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que Chile pasó a ser miembro pleno. La declaración, que fue suscrita por Estados Unidos, Chile y otros 13 países –Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Ecuador y El Salvador– agrega un pilar económico y otro de coordinación multilateral, y también propone activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), existente desde 1947.

“Hay un dato que no es menor: Brasil y México no forman parte del Escudo. Las dos mayores potencias de la región, y los dos países donde operan algunas de las organizaciones criminales más relevantes”

¿Qué incluye realmente el Escudo?

Hay cuatro puntos relevantes con diferentes grados de desarrollo. El primero, y más avanzado, es la seguridad, precisa Juan Pablo Laporte. Esto significa, en la práctica, un mayor intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades estadounidenses, capacitación de fuerzas policiales y militares, interdicción marítima y control fronterizo.

A eso se suma un compromiso de sancionar a veinticuatro organizaciones calificadas como “narcoterroristas”, con acciones que van desde congelamiento de activos y restricciones de visado hasta responsabilidad penal para quien les preste apoyo material.

A pesar de las alarmas, el analista político Guillermo Holzmann, de la Universidad de Valparaíso, indica que, al existir compromisos vigentes con organismos e instituciones como Interpol o Ameripol, “la cooperación operativa en materias de seguridad no es un hecho inédito, sino la profundización de esquemas ya existentes”.

A juicio de Jorge Sanz, analista internacional, el Escudo de las Américas tiene una doble dimensión: por una parte, busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional y, por otra, forma parte de una estrategia estadounidense de disuasión frente a China. En el caso chileno, destaca que la participación permitiría ampliar la coordinación policial más allá de los mecanismos existentes, mediante el intercambio de información e inteligencia, la capacitación y la colaboración con los países vecinos. “Necesitamos la coordinación con los vecinos para seguir persiguiéndolos más allá de la frontera”, sostiene.

La segunda área que forma parte de la estrategia del Escudo de las Américas es la económica, que los analistas visualizan como una tarea a largo plazo. Si bien China no aparece mencionada, Juan Pablo Laporte indica que, en el vocabulario de Washington, expresiones como “mecanismos de revisión de inversiones”, “proteger cadenas de suministro de minerales críticos” con fuentes “diversificadas y confiables” y promover estándares de “proveedores de confianza” para la infraestructura digital, dan cuenta de una preocupación por incidir en infraestructura crítica para controlar la influencia del gigante asiático.

A pesar de eso, “aún no está claro qué nivel de involucramiento tendrá cada país”, dice Marcelo Pérez. En el caso de Chile, el mismo gobierno no ha entregado una declaración completa sobre qué partes del acuerdo se activarán ni cuándo. El profesor de la Universidad Andrés Bello advierte ciertas zonas grises respecto de cómo se realizarán las capacitaciones y cómo será la relación con los organismos de seguridad.

Su preocupación radica en la historia de las relaciones de Norteamérica con América Latina. Pérez toma el caso del dictador nicaragüense Manuel Antonio Noriega, quien fue una figura legítima para los EE.UU. “Cuando su calidad de narcotraficante fue descubierta, ellos invadieron el país... Pero los documentos desclasificados de la CIA demuestran que las agencias de inteligencia tenían conocimiento de las actividades de Noriega durante años”, afirma.

¿Por qué Estados Unidos impulsa esta iniciativa?

Los acontecimientos recientes y el cambio geopolítico que vive esta década hacen entrever cómo el Escudo forma parte de la política de seguridad nacional de EE.UU. y de su búsqueda de protagonismo en el hemisferio.

Así lo visualiza Juan Pablo Laporte al revisar la Estrategia de Seguridad Nacional que Washington publicó en diciembre de 2025. “Ese documento proclama un ‘corolario Trump’ a la doctrina Monroe y afirma la intención de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, señala al analizar el lenguaje oficial utilizado por la Casa Blanca.

“Es imposible no ver una movida para establecer un bloque ideológico cerrado frente a la influencia de China y Rusia en América”, hipotetiza el académico UNAB Marcelo Pérez.

Guillermo Holzmann plantea una lectura similar, aunque con un énfasis menos centrado en la confrontación. Para Chile, dice, el desafío está en mantener una estrategia que le permita “relacionarse con Estados Unidos sin abandonar sus vínculos con otras potencias y mercados”.

Esto implica preservar los marcos vigentes bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países y, en paralelo, mantener un esquema similar en las relaciones comerciales con China, además de resguardar su fiabilidad internacional como “un socio predecible y serio” frente a las nuevas exigencias de Washington.

¿Es el regreso de la “Doctrina Monroe”? ¿Qué puede venir ahora?

El Escudo de las Américas se suma a una serie de hechos que los analistas vinculan con la historia de la relación entre EE.UU. y América Latina. Juan Pablo Laporte considera que la comparación más precisa es con la Doctrina Monroe, formulada en 1823, y especialmente con el Corolario Roosevelt de 1904, que amplió la idea de Estados Unidos como potencia con un papel privilegiado en el hemisferio.

En ese sentido, el académico argentino habla de una continuidad estratégica, aunque con una forma distinta de ejercer influencia. “Diría incluso que la analogía más precisa es con el corolario Roosevelt: no se trata sólo de excluir a terceros, sino de autoasignarse un derecho de intervención frente a una amenaza. Antes eran las deudas impagas y hoy son los cárteles del narcotráfico”, propone.

Marcelo Pérez también considera que la comparación con las antiguas formas de intervención estadounidense debe hacerse con cuidado. A su juicio, existe un cambio desde las intervenciones directas hacia mecanismos de cooperación y coordinación, pero eso no significa que desaparezca la disputa por la influencia en la región.

La Operación Cóndor, que significó una alianza entre dictaduras latinoamericanas para perseguir opositores políticos, también ha sido señalada como referente. En este punto, eso sí, los entrevistados marcan diferencias: el Escudo es una iniciativa pública entre gobiernos elegidos y tiene como objetivo declarado combatir organizaciones criminales.

La discusión, sin embargo, abre otra interrogante: ¿quién define qué organizaciones o personas constituyen una amenaza y hasta dónde puede llegar esa calificación en los asuntos internos de cada país? Los acontecimientos recientes en Bolivia, como la detención del fiscal general Roger Mariaca tras ser acusado por el gobierno de su país y por Estados Unidos de estar involucrado en redes de narcotráfico, muestran por qué esa pregunta forma parte del debate.

La duda, entonces, no pasa solamente por si Chile está entregando o no soberanía. Guillermo Holzmann plantea que una cooperación de estas características no necesariamente constituye una amenaza y que puede transformarse en una herramienta para enfrentar problemas que ningún país puede resolver por sí solo. El punto central, sostiene, es que “es indispensable tener la capacidad de negociar firmemente con Estados Unidos cuando corresponda, pero también con actores clave “.

El académico argentino Juan Pablo Laporte, en tanto, pone el énfasis en otra zona de la discusión: aunque el acuerdo no implique formalmente una transferencia de soberanía, sí puede generar un mayor alineamiento político con Washington. La participación en declaraciones conjuntas, la coordinación internacional y la eventual utilización del TIAR podrían aumentar el costo político de que un país decida apartarse de las posiciones del resto.

Por ahora, una de las principales incógnitas está precisamente en cuánto de lo acordado se traducirá en acciones concretas. En el caso chileno, todavía resta conocer qué mecanismos de cooperación comenzarán a operar, qué instituciones participarán de las capacitaciones e intercambios de información y hasta dónde llegará la coordinación en materias económicas, tecnológicas y de seguridad.

El Escudo de las Américas, por lo tanto, todavía está en construcción, y durante las próximas semanas sabremos qué tan profunda será esa cooperación y cómo se integrará con los intereses nacionales.